La Constitución de Bachelet garantiza derecho a la vivienda, al trabajo, gratuidad en la educación, a huelga e igualdad salarial

La presidenta Michelle Bachelet firmará mañana martes el envío al Congreso del proyecto que establece una nueva Constitución.

Esta noche, a través de una cadena nacional, la Mandataria adelantó algunos detalles de la iniciativa que "honra un compromiso" que asumió frente a la ciudadanía.

"Hoy tenemos un texto inconstitucional ilegitimo en su origen", comenzó diciendo Bachelet y recordó que el proyecto es fruto de un proceso participativo "inédito en Chile".

El texto, según la Mandataria, modifica sustancialmente la constitución vigente pero mantiene las reformas de 1989 hacia adelante y muchas de las cuales provienen del texto de 1925.

"Esta nueva Constitución establece que Chile es un Estado de derecho democrático y social. En consecuencia, establece nuevos derechos y amplía, aclara, perfecciona y garantiza los derechos y garantías ya establecidos", comentó y agregó que el proyecto establece la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto y protección de los derechos humanos.

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La Mandataria enumeró una serie derechos que protegerá la nueva Carta Magna, destacando la desprotección "en que vive la enorme mayoría de los chilenos"

"Establece los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes; el derecho a la personalidad, a la participación, a la información, a la vivienda, al trabajo, o a la gratuidad en la educación. Amplía el derecho al debido proceso, el derecho a huelga, al ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la libertad individual y a la seguridad personal, derecho a la protección de los datos privados o a la calidad en la salud pública y a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, especialmente en materia salarial. Perfecciona el derecho a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social, a la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada", declaró.

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Por otro lado, la Mandataria afirmó que la iniciativa "se hace cargo de una deuda histórica: el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios, con sus derechos, su identidad y su cultura y su legítima aspiración de tener una representación en el Congreso Nacional".

Bachelet informó que la nueva Constitución enfrenta los severos defectos y carencias de la definición del rol de los órganos y las instituciones del Estado y las relaciones entre ellos.

"Establece un equilibrio entre los poderes del Estado, en especial entre el Gobierno y el Congreso, para permitir el verdadero juego democrático. Se eliminan los quorum supramayoritarios en las leyes, y se elimina el control preventivo voluntario del Tribunal Constitucional".

Por último, la Mandataria aseguró que el proyecto profundiza la democracia y fortalece la soberanía popular "a través de mecanismos de innovación como lo es la Iniciativa Ciudadana de Ley, que podrá ser puesta en marcha por el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio".

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Los plazos

Si bien sólo faltan cinco días para que finalice su gobierno ya en diferentes ocasiones la Presidenta había insistido en que cumpliría con su última gran promesa de campaña, proponer una nueva Carta Magna. En el programa de Gobierno, la reforma constitucional sí estaba dentro de los tres pilares, junto a la educacional y tributaria.

"Nunca se dijo que se iba a tramitar, porque siempre dijimos y desde el primer discurso de la Presidenta, que era para que fuera tramitado en el nuevo Congreso elegido, a través del nuevo sistema electoral", dijo a PULSO hace un mes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente.

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De todas formas, la duda que queda es que si el proceso constituyente y sus resultados tendrán continuidad tanto en el nuevo Congreso como en la nueva administración de Piñera y si eso significa, que se avanzará sobre la iniciativa de Bachelet o se propondrá un proyecto desde cero. Sea como sea, esta última gran reforma de Bachelet, será uno de los primeros temas que Sebastián Piñera y su futuro ministro Gonzalo Blumel deberán manejar en Congreso, poniendo además a prueba su relación con la oposición.

El proyecto que reforma el capítulo XV de la Constitución, que fue firmado en abril por la Mandataria y en el cual se establecen los procedimientos necesarios para un cambio constitucional -a través de una convención constituyente- está paralizada en el Congreso y  pasará al próximo gobierno sin las indicaciones que el Ejecutivo le comprometió a mediados de enero al oficialismo.

Si bien el proyecto ya había sido aprobado en general, en diciembre aparecieron problemas con lo que se ha denominado como "el corazón de la reforma". Dicha parte radica en el mecanismo definido por el Gobierno para redactar la nueva Constitución y que consiste en una convención constitucional que debe ser aprobada por dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio.

El proyecto, tal como estaba, dejaba en manos de una futura ley orgánica constitucional (LOC) la definición de quiénes van a conformar la convención, es decir, desde qué sectores surgirán sus integrantes.

Justamente esa parte fue la que, gracias a la abstención de los DC Ricardo Rincón y Fuad Chahín, se rechazó por cinco votos a favor y cinco en contra.