Caso La Polar: Fiscalía alinea a querellantes para evitar juicio oral

A mediados de junio, el Ministerio Público inició conversaciones con las defensas de Julián Moreno, María Isabel Farah, Santiago Grage y Pablo Alcalde a fin de lograr un proceso más expedito en lo penal en el marco del caso La Polar.

El resultado de ese trabajo es que hoy, a las 09:30 horas, el fiscal José Morales debiera confirmar al tribunal la existencia de un acuerdo con las defensas de los imputados a fin de lograr un juicio abreviado, pero destacando una serie de exigencias.

Tras escuchar el relato del fiscal, el tribunal solicitará conocer si existe oposición a la propuesta de la fiscalía de parte de los querellantes. Fuentes ligadas al proceso detallaron que los querellantes están alineados para no manifestar oposición al plan del Ministerio Público.

Sin embargo, en la Fiscalía existe inquietud frente a un eventual reparo. Para ello se han preparado bien. De hecho, fuentes ligadas al caso, afirman que han sostenido reuniones con el propio fiscal a fin de alinear una postura común.

A fin de respaldar su posición la fiscalía estima que con los bienes y dinero en efectivo incautado a los ejecutivos implicados en el caso La Polar se verá retribuido el costo que significó al fisco la investigación.

El fiscal José Morales dijo a PULSO que la cifra de bienes incautados puede alcanzar los $3.000 millones, dependiendo de la tasación. “Al menos un 60% de esos dineros se podrían obtener para comiso fiscal, y el resto debería quedar a disposición de los querellantes”, detalló el persecutor.

Otro de los argumentos que usará la fiscalía es la amplitud de penas que impone nuestro sistema penal. De hecho, en la Fiscalía estiman que el desgaste es alto, si se considera que  los imputados serían condenados a la misma pena que se obtendría en un abreviado.

Un ejemplo claro de cómo se ha desvirtuado el sistema penal es que otro de los imputados fue condenado a cinco años con el beneficio de libertad vigilada, pero una eventual negociación con la fiscalía le habría permitido una pena de 541 días.

“Nuestro sistema de penas es demasiado amplio. Los jueces tienen una amplitud de pena gigante, y eso es lo que quieren modificar en el Código Penal”, explica una fuente ligada al proceso.