Equipo de Piñera ve riesgo de concentración de mercado con propuesta del Gobierno

Cerca de 364 mil nuevos afiliados se incorporan al sistema previsional cada año. Con ese antecedente en mente, el Gobierno decidió ingresar cambios al proceso de licitación de afiliados en el marco de la reforma previsional que hoy se discute en el Congreso. Las modificaciones se encuentran en el texto de cambio normativo, el único que no ha sido discutido por los parlamentarios.

El futuro de la propuesta es incierto, porque su discusión dependerá del gobierno de Sebastián Piñera, quien en su proyecto previsional no se pronuncia respecto a la licitación de afiliados, pero sí deja la puerta abierta a cambios regulatorios a las AFP.

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Cercanos al equipo del Presidente electo comentan que la razón de no haber hecho un anuncio explícito respecto del proyecto del actual Gobierno tiene que ver con que el equipo técnico en materia previsional no logró un consenso sobre cuán efectiva podía ser la propuesta.

En concreto, el proyecto que tuvo entre sus ideólogos al actual superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, plantea aumentar de 2 a 3 años el período de adjudicación de los nuevos afiliados, además de proponer que se pueda extender por hasta tres años adicionales en caso de que la AFP tenga una rentabilidad promedio superior a la del sistema.

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Según comentan fuentes, este es uno de los aspectos que generó dudas, ya que el mayor período de adjudicación no necesariamente hace que el proceso sea más atractivo. "Una AFP puede hacer un esfuerzo financiero importante al bajar sus comisiones por dos años, y ya es difícil que lo hagan, entonces el esfuerzo puede tener que ser mucho mayor para mantener el precio por otro año más, aunque eso implique más afiliados", comenta un conocedor de las conversaciones del equipo técnico en temas previsionales del comando de Sebastián Piñera.

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Lo anterior, considerando que el período de permanencia mínima para los afiliados seguirá siendo de dos años.

Otra puerta que se abre para las AFP en el proyecto es que permitiría ofertar comisiones diferidas. Es decir, los nuevos afiliados tendrían una comisión y los antiguos podrían tener una mayor.

El principal objetivo de este cambio es que la licitación sea más atractiva para las AFP que ya están en el sistema, pero ese es precisamente el punto que no generó consenso en el comando presidencial. ¿La razón? una posible concentración de mercado. "Si una AFP que ya tiene una participación importante se adjudicara la licitación gracias a esto, entonces su tamaño en el mercado podría ser por sobre lo deseado", comentan.

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Además de estas dos modificaciones, el proyecto del gobierno establece que los estándares de servicio mínimos que se exigen a los oferentes se deberán mantener durante todo el periodo licitado. Esto, viene a evitar conflictos como el que enfrentó a la Superintendencia con Planvital durante 2017, cuando la AFP quería cerrar una serie de sucursales a lo largo del país. El conflicto, escaló hasta Tribunales y finalmente la administradora se abstuvo de su plan.

Con todo, otro aspecto del texto legal es que la licitación dependerá de los ministerios de Hacienda y trabajo y estos podrán dejar fuera de la licitación a una AFP que presente una oferta con una comisión que no asegure solvencia.