Fernando Coloma se blinda con ex defensora nacional ante querella por Caso Cascada

Dicho y hecho, PULSO publicó que los funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) estaban sondeando varios estudios de abogados luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía admitiera las querellas por prevaricación y abusos contra particulares. Búsqueda que parece haber terminado.

Es que el titular de la SVS ya se blindó con la ex defensora nacional Paula Vial, abogada de la Universidad Católica y con amplia trayectoria profesional, además de tener una estrecha relación con los medios de comunicación, como panelista del programa Ciudadanos de CNN Chile.

Socia del estudio VialAsociados y quien asumiera como defensora nacional durante el último período de Michelle Bachelet y el primer año y medio de la administración de Sebastián Piñera, se desempeñaría junto a Mario Vargas en la defensa de Coloma.

Esta semana, este medio publicó que la SVS salió a la caza de estudios jurídicos para armar su defensa, luego de la querella que interpusieron los abogados de Julio Ponce en contra de Coloma, además del intendente de Valores, Hernán López y el jefe del área de Cumplimiento de Mercado, Hugo Caneo. Acusaciones que por primera vez en Chile fueron admitidas por la justicia y que derivaron en el fiscal José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, para su investigación.

La SVS cuenta con su propio equipo compuesto por María Luz Schachtebeck, Carlos Isensee Rimassa, Stephanie Márquez y Ximena Contreras.

ASESORÍA INMINENTE
En el mercado local era inminente la contratación de asesores externos por parte de Coloma, considerando las eventuales implicancias a las que se expone como sujeto de acusación por delitos de prevaricación. Es que conocedores de este proceso explican que los funcionarios de la SVS pueden estar expuestos a demandas por indemnización de perjuicios, en caso de que la querella termine siendo favorable para Ponce.

De ser así, el perjuicio económico superaría las 11UTM y 15 UTM (entre $400 mil y $600 mil) que consideran las sanciones por prevaricación, además de la suspensión temporal de sus empleos como funcionarios públicos.

¿QUIÉN CORRE CON LOS GASTOS?
Los gastos de la defensa corren por cuenta de la SVS. "En caso de ejercerse acciones judiciales en contra del Superintendente por actos u omisiones en el ejercicio de su cargo, la Superintendencia deberá proporcionarle defensa (...) incluso después de haber cesado en el cargo", dice la Ley Orgánica de la SVS.

Para los demás funcionarios de la SVS les rige la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el cual en su artículo 90 sostiene que "los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma".