Fiscalía cuestiona duramente a TDLC y FNE en caso Tissue

La inédita lucha de competencia entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Ministerio Público no da tregua. El jefe de la Fiscalía Sur, Raúl Guzmán, y otrora aspirante a la Fiscalía Nacional entregó nuevos antecedentes ante el Tribunal Constitucional (TC) para hacer valer la posición de la entidad frente al órgano antimonopolio en medio de la disputa por la apertura de la arista penal del cartel del confort.

A través de un oficio el Ministerio Público solicitó hacerse parte del proceso que lleva adelante el TDLC para negarle la entrega del expediente y las versiones confidenciales de la investigación del caso tissue, que denunciara la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Esto último, pues -a juicio del TDLC- significaría un quiebre en el sistema de libre competencia.

Sin embargo, la Fiscalía advirtió al Tribunal Constitucional que “ni el TDLC ni la FNE cuestionaron de manera alguna la competencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel para conocer y resolver la controversia sometida a su conocimiento”.

Esto último, luego que el tribunal de alzada ordenara a dichas instituciones responder, argumentando a través de informes, por qué la carpeta investigativa del caso Tissue no debía caer en manos del Ministerio Público.

La contienda surgió luego que el Fiscal Jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, a raíz de una denuncia presentada por los diputados Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber por adulteración fraudulenta de precios, oficiara al TDLC solicitando los antecedentes aportados por la FNE en la colusión de derivados del papel y que involucra a las empresas CMPC y SCA Chile.

En medio de la pugna por competencias, en su escrito el Jefe de la Fiscalía Sur, Raúl Guzmán defendió la potestad de la Corte de Apelaciones de San Miguel frente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

“Es el tribunal superior el que posee la competencia para resolver de acuerdo a la ley sobre el retardo o negación de antecedentes solicitados por el Ministerio Público a cualquier autoridad u órgano del Estado, aún si se esgrime como pretexto su carácter secreto o reservado”, sostiene el escrito presentado al TC.

Según el Ministerio Público esto se ve corroborado por la petición expresa que realizara el TDLC de suspender el procedimiento en la Corte de Apelaciones de San Miguel, pues “efectivamente la entrega o no de información y antecedentes requeridos están en manos de dicha Corte”.

En otras palabras, según la Fiscalía para el TDLC “es la resolución que adopte dicho Tribunal Superior y no alguna actividad del Ministerio Público , la que provocaría consecuencias”. De igual forma sostuvo que más allá de que citase los artículos 22 y 39 del DL 211, el TDLC no aclaró ante la Corte la causal precisa por la cual la reserva o confidencialidad del proceso.