Fuerte polémica desata admisibilidad a proyecto que busca anular la ley de Pesca

Una decisión con consecuencias imprevistas, y que causó un enardecido debate ayer en el Congreso, fue la adoptada por la presidencia de la Cámara de Diputados de declarar admisible el proyecto de ley que busca anular la Ley de Pesca, y que fue presentado por los diputados del PC, más un PPD y un radical, todos miembros de la Nueva Mayoría (NM).

El presidente de la instancia parlamentaria, diputado Marco Antonio Núñez (PPD) determinó que el proyecto era admisible en la forma -porque cumplía con los requisitos para ser formulada y no era de exclusividad del Ejecutivo-, y lo envió a la Comisión de Constitución para que se pronunciara sobre el fondo.

Bastó esta distinción para que ardiera polémica en la sala. Los diputados de la NM, René Saffirio (DC), Osvaldo Andrade (PS), Fidel Espinoza (PS), Pepe Auth (PPD) criticaron esta fórmula por considerarla lesiva para el marco institucional ya que abre la puerta a que cualquier parlamentario presente un proyecto para anular una Ley existente, de derecho público.

“Esto es un escándalo, el camino abierto por la vía de anular debilita definitivamente la institucionalidad chilena. No hay leyes más corruptas, hechas entre 4 paredes como la reservada del cobre y los senadores designados, y nosotros siempre nos fuimos por el camino institucional de esperar a tener las mayorías para cambiarlas”, indicó Auth lamentando la decisión de su correligionario.

Por su parte, uno de los autores del proyecto, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) defendió el texto al recordar que antes ya se había presentado una moción para dejar sin efecto una norma de derecho público como fue una iniciativa del entonces diputado, Juan Bustos, para anular la Ley de Amnistía. “Este proyecto no es original porque esa moción del diputado Bustos fue tramitada, está en el Senado y el Ejecutivo le ha puesto varias urgencias. No es un camino inédito”, señaló.

El diputado Ernesto Silva (UDI), replicó que la diferencia es que si se anulaba la Ley de Amnistía existía todo un cuerpo legal para seguir administrando la justicia, en cambio si se anulara la Ley de Pesca no hay una regulación paralela. “Es como anular la ley de Tránsito, o la ley Tributaria y no tenemos recaudación de impuestos”.

En ese sentido, el parlamentario exigió un pronunciamiento de la autoridad: “Exijo que el  Gobierno opine, que tome partido, que no se esconda. Le hace mal al país que las autoridades no tengan carácter. Y usted (presidente) está dejando pasar esto por medio a la opinión pública, a la división de la Nueva Mayoría, es grave que las autoridades renuncien a ejercer sus facultades”, señaló.

Del mismo modo, el diputado  Nicolás Monckeberg (RN) también sumó sus descargos. “Creo que el presidente de la Cámara ha actuado en forma irresponsable y hay que pensar que lo que él ha decidido hoy día no tiene sólo un efecto para la ley de Pesca sino que puede tener un pésimo efecto a cualquier ley que en el futuro se quiera anular y dejar a los chilenos mirando cómo se pierden beneficios que estaban plenamente vigentes. Creo que hay que ser responsables y el populismo por muy cerca que esté el parlamentario de tomar vacaciones en febrero, debe ser eliminado de estas discusiones. Me parece absurda la decisión que ha tomado y espero que recapacite por el bien del país”.

Tras la fuerte polémica, se convocó a reunión de comités parlamentarios que finalmente decidieron, no por mayoría, mantener la admisibilidad y que el fondo sea analizado por las comisiones de Constitución y Pesca en forma consecutiva.

Productores

Por su parte los representantes de la industria pesquera también hicieron públicos sus descargos frente a la decisión.

El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) -gremio que reúne a los productores industriales- señaló que de aprobarse la admisibilidad de la iniciativa que presentara el PC sería un acto “insanablemente nulo por ser contrario a la Constitución y a las leyes vigentes y se daría la señal de que en Chile se terminó el Estado de Derecho, lo que confiamos será evitado por la mayoría de los diputados considerando que el Congreso es institución fundamental de la República”.

Luis Felipe Moncada, representante de la Asociación de Industriales Pesqueros AG (Asipes), calificó de “lamentable” la decisión tomada ayer, indicando que “abre una discusión institucional de difícil y delicado pronóstico, sobre el marco jurídico en el cual se desarrollan las actividades económicas en nuestro país”.

El líder gremial hizo un llamado al Gobierno para que “haga todos los esfuerzos necesarios para que impere el Estado de Derecho y se evite una escalada mayor que signifique la destrucción de un sector económico que brinda empleo y desarrollo a más de 36 mil personas”.