Gobierno cancela concurso para el Fondo de Educación Previsional y abre nuevo proceso

Más de $15.900 millones se destinaron entre 2009 y 2018 al Fondo para la Educación Previsional (FEP), creado al alero de la reforma previsional de 2008 para apoyar financieramente a proyectos, programas y actividades de promoción y educación del sistema de pensiones.

Dicha suma incorpora unos $1.567 millones aprobados por el Congreso en el Presupuesto del año en curso, los que por ahora están a la espera de su destino definitivo. Esto, luego que el gobierno decidiera cancelar el IX Concurso público para postular a los recursos del fondo-abierto a organizaciones y personas naturales- que debían adjudicarse el 26 de marzo. Así consta en la resolución N° 63, del 19 de ese mes, firmada por la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar.

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El documento señala que "tomando en consideración la actual situación de los pensionados, la relevancia de la educación previsional y el diagnóstico del funcionamiento del sistema de pensiones, esta Subsecretaría ha definido la necesidad de reorientar el foco del concurso, con una nueva estrategia que permita entregar a los afiliados al sistema de pensiones elementos que les permitan tomar mejores decisiones, respecto del impacto que tiene el ahorro previsional en el monto de sus pensiones".

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El criterio para la entrega de recursos del FEP ha sido objeto de cuestionamientos desde algunos sectores. En 2012 un informe de Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) de Dipres calificó el programa con "desempeño insuficiente", señalando que carecía de una estrategia "que defina cuáles son las apuestas más sustantivas de éste, el tipo de población sobre la cual desea focalizar y metas asociadas".

El año pasado, la polémica se instaló luego que se revelara que instituciones contrarias al modelo de capitalización individual recibían recursos. Entre ellos, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical). En el caso de Cenda, que formó parte de las propuestas de la coordinadora No+AFP, ha recibido $335 millones desde 2009. Respecto del Ical, que en la comisión Bravo recomendó pasar a un sistema de reparto, se adjudicó en 2017 por primera vez $60 millones.

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Desde la Subsecretaría de Previsión Social -dependiente del Ministerio del Trabajo- señalaron a PULSO que la cancelación del concurso apunta a la eficiencia en el uso de los recursos, "los que por ley están destinados exclusivamente al financiamiento de proyectos que fomenten la educación previsional en relación al sistema de pensiones chileno. Este consta de tres pilares: el contributivo obligatorio, que por ley gestionan únicamente las AFP; uno solidario con aporte estatal, y el pilar voluntario, en que participan otros actores, además de las AFP, entre ellas administradoras de fondos mutuos y aseguradoras".

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En ese plano, dijeron que "tras una revisión de los proyectos de la última versión del concurso, se pudo comprobar la existencia de iniciativas que no cumplían a cabalidad con las exigencias antes expuestas, por lo que se procedió a la cancelación del proceso y la convocatoria a un nuevo concurso".

Justamente ayer por la tarde, la entidad publicó las bases para un nuevo concurso que estará abierto a postulaciones hasta el 30 de abril. Desde la entidad indicaron que "considerando el tiempo que hay para la ejecución presupuestaria del FEP, las características de este nuevo concurso están focalizadas en financiar proyectos de difusión del sistema pensiones, en apego a la norma". La adjudicación de proyectos será a mediados de junio.