Gobierno endurece la lucha contra el robo de agua e incorpora drones

El robo de agua en zonas de escasez hídrica cada vez genera más preocupación entre las autoridades, más aún si se considera la extensa sequía que afecta la zona norte del país, la que se ha visto agravada por la falta de precipitaciones por el efecto del Niño.

Por lo mismo, la Dirección General de Aguas tiene entre sus objetivos centrales aprovechar la cada vez mayor conciencia sobre el tema e impulsar una batería de medidas que incluye incluso la fiscalización a través de drones y elevar de manera considerable las multas a quienes cambien el cause de ríos de manera ilegal.

Así, en el marco de este proceso, la DGA adquirirá 3 drones o Sistemas de Aeronaves Pilotadas a distancia (RPAS), que permitirán fortalecer las labores de fiscalización de denuncias en cauces naturales, así como apoyar las labores de inspección, construcción y aprobación de obras hidráulicas (obras mayores).

Se trata de tres equipos diferenciados, uno de ellos más avanzado, para levantamiento de topografía digital aérea, 3D y dos para registro de videos y fotos georreferenciados para verificación de obras y fiscalizaciones.

Según cifras de la DGA, el avión de tecnología más avanzada -que incluye equipamiento asociado y software-, tiene un costo aproximado de $24 millones.

El director general de aguas, Carlos Estévez explicó que el dron será una herramienta fundamental para inspecciones en terreno relacionadas a denuncias y fiscalizaciones iniciadas por el Servicio, en especial aquellas que tengan relación con extracciones de agua y obras no autorizadas en cauces.

En los próximos días, la DGA presentará indicaciones al proyecto de ley que endurece las sanciones al robo de agua que se tramita en el Senado. Entre los lineamientos centrales de la iniciativa está el fortaleciendo el ámbito de información con el control de extracciones. A ello se suman obligaciones para el usuario que es grande, organizado y constituido de instalar sistema de medición e informar sus reportes.

Además la autoridad establecerá como obligación a todos aquellos tienen sistema de extracción de agua subterránea en áreas donde no se pueden obtener nuevos derechos.

Sanciones altas

Hoy en términos generales el Código de Aguas establece que las sanciones tienen un costo máximo de 20 UTM. El proyecto establecerá que aquellos que realicen modificaciones al cause la multa pueda ser de hasta 1.000 UTA.

“En el nuevo sistema que se debe votar se establece un rango con grados. El grado va cambiando de acuerdo a la situación. Si estás extrayendo agua en forma irregular en una zona de aridez o en una zona donde hay agua. En promedio variarán entre 100 UTM y 2.500 UTM, como promedio, salvo que te conviertas en un infractor reiterativo lo que provocaría que se duplique la multa”, advirtió el director general de aguas, Carlos Estévez.

Otra de las disposiciones que tendrá el proyecto es que los grandes usuarios de agua estarán obligados a establecer el sistema que monitoreará constantemente el uso del agua, transmitiendo dicha información a la DGA.