Julio Ponce se querella contra titular de la SVS mientras AFP Habitat evalúa acciones legales

Una nueva -y contundente- ofensiva lanzó el controlador de la cascada sobre SQM, Julio Ponce. Esta vez, con una querella en contra del superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, por el delito de prevaricación.

El recurso se presentó el 25 de noviembre ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el cual fue ayer considerado admisible. Este también es extensivo al intendente de Valores, Hernán López, y al jefe del Área de Cumplimiento de Mercado de la SVS, Hugo Caneo.

Ponce, a través de sus abogados, ha venido lanzando dardos contra el titular de la SVS por la supuesta "parcialidad" que estaría mostrando en su proceso investigativo. Esto, según su defensa debido a que éste no ha investigado ciertas operaciones bursátiles como las que habría efectuado el presidente de la República, Sebastián Piñera, en 2009, entre otras diligencias requeridas.

De esta manera, en esta ocasión el abogado penalista Jorge Bofill presentó el recurso el cual debiera ser remitido a la Fiscalía Centro Norte, la cual ya está a cargo de las querellas que el mismo Ponce presentó contra la administradora de fondos Moneda y la que un accionista minoritario efectuó en contra del controlador de la cascada.

LA PREVARICACIÓN

El delito del cual se acusa al titular de la SVS se aplica para quienes a sabiendas dictan una resolución injusta. En este caso, la querella se presentó en base al artículo 228 del Código Penal, el cual se aplica para funcionarios públicos.

Las penas van desde la suspensión del empleo en su grado medio, es decir entre un año y un día y dos años, y una multa equivalente de once a quince Unidades Tributarias Mensuales (entre $460 mil y $610 mil). Sin embargo, otros artículos del mismo delito establecen la prohibición perpetua para desempeñarse en un cargo público.

Este es una nuevo argumento legal de los abogados de Ponce para contrarrestar la investigación de la SVS. Anteriormente, los abogados Raimundo Labarca y Alejandro Parodi ya habían pedido a la SVS la inhabilitación de Fernando Coloma y anteriormente presentaron un recurso de protección en contra del regulador ante la Corte de Apelaciones. Recientemente recurrieron a la Contraloría.

AFP HABITAT AMENAZA

La jugada de Ponce se da en medio de las cartas que baraja AFP Habitat en contra del empresario.

Es que la AFP no sólo pidió a la SVS suspender los aumentos de capital de la cascada, como lo anticipó esta semana el presidente de la compañía, José Antonio Guzmán, sino que además afirmó al regulador que de llevarse a cabo estas operaciones, se vería obligada a ejercer acciones legales.

Así se desprende de la presentación que hizo la AFP a la SVS el 19 de noviembre, documento que se mantenía en reserva hasta ayer. A través de una carta de cuatro páginas, la administradora solicitó formalmente que el regulador no le dé curso a las capitalizaciones. "AFP Habitat, en su calidad de mandataria, se encuentra no sólo habilitada sino obligada a ejercer acciones legales respecto de todos aquellos que le causen perjuicios a cualquiera de los fondos administrados (...) En ese contexto, de consumarse los mencionados aumentos de capital de las sociedades Oro Blanco y Norte Grande y posteriormente colocarse dichas acciones en el mercado, se produciría un perjuicio en los fondos en los cuales AFP Habitat ha invertido las cotizaciones previsionales de sus afiliados", que alcanzan los dos millones de personas, afirmó la compañía al regulador.

Entre las razones que esgrimió la AFP, afirmó que la cascada no ha informado de qué manera las capitalizaciones en cuestión contribuyen al interés social. Pues el propósito es prepagar un bono de US$100 millones de Oro Blanco, lo cual hoy no es una exigencia ni tampoco se sabe de "la posibilidad de obtener financiamientos alternativos y más ventajosos".

Por esa razón, la AFP emplazó al regulador a no inscribiera estos aumentos de capital considerando, además, la investigación en curso sobre estas compañías. De hacerlo, "podríamos concluir que no existiría reproche alguno a eventuales suscripciones y pago de acciones en el proceso de colocación de las mismas. Lo anterior resultaría del todo contradictorio con el proceder que esta Superintendencia ha llevado a cabo, por cuanto se encuentra actualmente investigando eventuales infracciones".

"Ha sido el propio Estado, a través de la SVS, quien ha formulado cargos. Por ello, resultaría incomprensible que sea la propia Superintendencia quien se constituya como coadyuvante en los hechos que actualmente se investigan", aseveró la AFP.