La disputa entre Corfo y la sociedad de garantía en default que le debe $781 mills.

EL 1 de junio del año pasado, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Confianza le informó a Corfo que los recursos se le acabarían en julio. La situación de las pequeñas empresas a las que atendía empeoraba, y para la SGR empezó la cuenta regresiva.

La firma hizo durar el dinero hasta septiembre, y en octubre Humphreys comunicó que Confianza había caído en default. "Nos deben una línea de liquidez (equivalente a unos $781,3 millones), pero hay deudas mucho mayores, llegan a los US$25 millones", asegura el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran.

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¿Por qué Confianza se quedó sin recursos? La SGR ligada a Marcelo Trivelli, quien fue intendente de Santiago durante el gobierno de Ricardo Lagos; Ernesto Tironi, economista y Ph.D en Economía del MIT (EEUU); Leonardo Giavio, ex gerente general de Banco del Desarrollo; y Hugo Trivelli Oyarzún, ex presidente de EFE, funcionaba distinto al resto de la industria: emitía fianzas a micro y pequeñas empresas, y el monto que les entregaban era, en promedio, menor a lo otorgado por el resto de las SGR, que optan emitir fianzas por mayores montos a menos firmas.

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De este modo, la sociedad tenía mayor exposición al riesgo, con una tasa de impagos de 5%. Con este telón de fondo, y una economía país que poco a poco se fue deteriorando, las micro y pequeñas empresas vieron un aumento en su siniestralidad, golpeando así a Confianza.

El 1 de junio de 2017, Confianza comunicó a Corfo que se quedarían sin recursos, y pidió una ampliación de línea de cobertura para poder seguir operando. Esa petición no era nueva, señalan cercanos a Confianza. La SGR habría solicitando lo mismo desde 2015, pero hasta ese momento nunca se había concretado el aumento, señalan fuentes cercanas a la sociedad, y cuentan que tras la petición, Corfo puso una exigencia para evaluar un incremento de la línea de cobertura: la firma tenía que fusionarse con Congarantía, una SGR que Confianza había comprado en 2016 a $0 debido a que estaba en una grave situación de solvencia y liquidez, y que operaban en paralelo. Eso sí, la compra tuvo el previo visto bueno de Corfo, advierten fuentes cercanas al proceso.

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Bitran argumenta que "una vez que compraron Congarantía, se acercaron a la Corfo, y nos plantearon que necesitaban una expansión de la línea de liquidez para poder desarrollar su negocio. Nosotros evaluamos la situación de Confianza y Congarantía y planteamos con mucha claridad que nosotros podríamos expandir no sólo la línea de liquidez, sino que también la de cobertura, si se generaban una serie de condiciones que nos dieran a nosotros una cierta seguridad -porque nunca hay garantías plenas- de que ellos podrían salir adelante como empresa fusionada y cumplir sus obligaciones con la Corfo".

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Bitran explica que Corfo estableció un conjunto de requisitos que tenía que cumplir Confianza para que la entidad les ampliara la línea. "No bastaba sólo con la fusión, había una serie de otros temas, por ejemplo, estados financieros auditados, y otras materias que finalmente no cumplieron", agrega el vicepresidente ejecutivo de Corfo.

Confianza no habría cumplido los requisitos, y la entidad gubernamental no le otorgó la línea de cobertura a la sociedad. Eso sí, cercanos a Confianza argumentan que los estados financieros estaban auditados, pues era un requisito legal para que ésta absorbiera a Congarantía, fusión que finalmente concretaron a mediados de 2017. "No nos parecía razonable que, habiendo comprado Congarantía, la dejaran caer y siguieran adelante con Confianza", afirma Bitran sobre el motivo por el cual pidieron la fusión. Pese a ello, no les dieron las garantías, argumentando que habían más requisitos, que según Corfo no cumplieron, aunque Confianza dice que sí.

En noviembre del año pasado, el organismo estatal decidió contratar a un equipo de abogados para que los asesorara en un posible proceso judicial contra la empresa. Pero, poco antes de que la entidad que lidera Bitran iniciara las acciones judiciales, ambas partes se volvieron a ver las caras. En la reunión, concretada el 3 de enero de este año, según consta en la Plataforma Ley del Lobby, el organismo estatal comunicó que les adelantaría el cobro de $781,3 millones de la línea de liquidez que vencía en abril. Al día siguiente, el 4 de enero, Corfo dio a conocer que había iniciado un proceso de cobranza judicial para recuperar el préstamo.

"Lo que nosotros estamos impulsando es la liquidación forzosa de la IGR, para evitarnos contingencias mayores a través de la línea IGR 4 de Corfo… vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos desde el punto de vista jurídico", apunta Bitran.

Sin embargo, la SGR solicitó la reorganización de la sociedad, proceso que fue aprobado el 20 de enero, lo que logró frenar el cobro judicial de la línea de liquidez por $781,3 millones. Es en ese proceso justamente donde se encuentra actualmente Confianza. De hecho, el 27 de febrero se reunirán los acreedores para votar el plan de reorganización, mientras Corfo pelea para que no se concrete.