Las 4 aristas que hacen de la Cascada de SQM un hervidero

Finalmente, el pasado viernes, Norte Grande y Oro Blanco -sociedades que conforman la parte alta de la cascada sobre SQM, la estructura piramidal con la que Julio Ponce posee el 30% de dicha compañía- tuvieron luz verde para avanzar hacia la meta de capitalizarse con US$92 millones y US$120 millones. Sin embargo, el camino es pedregoso.

A pesar de que Ponce, con la férrea oposición de Moneda y las AFP, entre otros accionistas minoritarios, logró aprobar ambos procesos -cuyo objetivo es prepagar un bono de US$100 mills. emitido por Oro Blanco en EEUU, mientras que en Norte Grande el no diluir su 76,34%-, este asunto es sólo una pieza de un puzzle mayor.  Un verdadero rompecabezas.

Es que a pesar  que los accionistas de la cascada sobre SQM llevan casi dos años en pugna, el Caso Cascada está todavía lejos de terminar. Le quedan por lo menos seis meses de investigación, según expuso el titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma; algo difícil, pues suma y suma ribetes.

PRIMERA VALLA SUPERADA, SE VIENEN LOS DESCARGOS

Superado el primer desafío, Julio Ponce y Aldo Motta, gerente general de Norte Grande y Calichera, ya no piensan, al menos por ahora, en la capitalización de la cascada, sino en la próxima semana, cuando caduque la prórroga que les otorgó la SVS para que presenten su defensa a las formulaciones de cargos hechas por el regulador, entidad que luego de una investigación que tardó más de un año presume la existencia de distintas infracciones a las leyes de Valores y de Sociedad Anónima.

Los abogados del empresario han hecho varias gestiones de cara a este proceso. Lo primero fue presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, tras considerar el actuar de la SVS como "discriminatorio". Esto, dado que el regulador comunicó la formulación en un proceso investigativo que aún no termina. El recurso no prosperó ni la reposición respectiva.

El tema molesta en el entorno de la cascada. Esto porque al presentar sus descargos, de haber más partes formuladas y/o interesadas en el proceso, podrían ser estudiados por otros actores y, eventualmente, ser utilizados en contra de los ejecutivos de las matrices de SQM.

Por lo mismo, también impugnaron la formulación de la SVS tras conocerse la filtración del oficio reservado en el que la SVS hizo su formulación. Esto, porque lo anterior vulneraría la presunción de inocencia de las partes y además constituiría una infracción al reglamento interno del regulador, el cual está obligado a mantener la reserva del documento.

Ni una de ambas diligencias ha prosperado. Por tanto, los descargos resultan inminentes. El escenario que hoy se baraja, según distintos conocedores del proceso, es que la defensa insistiría en la legalidad de las operaciones que la SVS objeta, y mostraría evidencias de que tanto en los remates como en otras transacciones que ha cuestionado el regulador también participaron otros inversionistas, como Moneda y las AFP.

EL CAMPO DE ACCIÓN DE LAS AFP

Son varios los temas en los que las AFP están trabajando con respecto al caso. Uno de estos tiene que ver específicamente con la formulación de cargos hecha por la SVS.

AFP Capital ha sido la última administradora en hacerse parte de la investigación del regulador, sumándose a Moneda y Habitat. Otras compañías han hecho los trámites para ello, manteniéndose aún a la espera de la respuesta de Coloma.

Con ello, eventualmente, las AFP podrían ejercer acciones legales en contra de la cascada, algo que, sin embargo, será materia de un sesudo análisis. Sin embargo, está claro que de ser así, no se sumarán a las querellas vigentes.

El otro aspecto tiene que ver precisamente con el aumento de capital recientemente aprobado en Norte Grande y Oro Blanco. Si bien aún restan varios trámites de rigor, como la inscripción de las acciones en la SVS, las administradoras de pensiones, pese a su férreo rechazo a estos procesos, aún no tienen una postura clara sobre si conviene suscribirse o diluirse. Materias que aún deben conversarse en las áreas de inversiones de las AFP.

Diluirse tiene un costo, el mismo escenario al que se enfrenta Moneda. Estos accionistas poseen más del 11% y el 16% en Norte Grande y Oro Blanco, pero si reducen su participación captarán una porción menor de los dividendos que genere el activo subyacente de toda esta cadena: SQM.

Por tanto, más allá del rechazo a estas capitalizaciones y la desconfianza que existe con el controlador, desde la industria señalan que lo más importante terminará siendo el precio de suscripción para estos aumentos de capital, así como el valor de las acciones que se coloquen en una segunda vuelta.

EL AUMENTO DE CAPITAL

Queda tiempo para que los aumentos de capital se materialicen. Más allá del prepago del bono, el objeto es que al saldar esta deuda se liberarían "acciones otorgadas en garantía, las que quedarían disponibles para garantizar los otros créditos de la sociedad, si la acción de SQM continúa bajando de valor", esto último en relación a los efectos que produjo en el papel el quiebre del cartel potásico BPC, según explicó la cascada a la SVS la semana pasada.

Los cálculos de estas empresas es que además de liberar títulos para tenerlos como un "colchón financiero", se ahorrarían el interés de 8,5% anual que considera esta deuda, con vencimiento para agosto de 2014.

Sin embargo, de evolucionar la investigación del regulador, el argumento de las AFP y Moneda, con respecto a que con lo descubierto por la SVS se desconoce la real situación patrimonial de la cascada, cobraría aún más fuerza e incluso podría ser parte de las consideraciones del regulador en el proceso de inscripción de los títulos.

Asimismo, de este proceso también surge una pregunta: ¿quiénes serán los colocadores? ¿LarrainVial? Entidad que recientemente se vio involucrada en la formulación de cargos hecha por la SVS a Ponce y compañía, al igual que las sociedades de su presidente, Leonidas Vial.

LA CORTE, EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA SVS

El presidente de la Corte de Apelaciones, Carlos Cerda, fijó para hoy una audiencia para discutir el porqué la SVS no le dio acceso al expediente investigativo al Ministerio Público.

El asunto se resolverá en la Segunda Sala del tribunal de alzada capitalino. La razón que expuso el regulador es que la Fiscalía no garantizó la reserva del documento en los términos que le fueron propuestos, un asunto que tiene incómodo al fiscalizador de valores tras la filtración de la formulación de cargos.

En su respuesta a la Corte, la SVS enfatizó en que ha cumplido con la reserva que le compete. Sin embargo, "el hecho que la formulación de cargos respectiva haya sido difundida por terceros distintos a funcionarios de este Servicio, a través de medios especializados o internet, sólo ocurrió una vez que las partes interesadas tuvieron acceso a ellas (…) El deber de reserva que obliga a este organismo ha sido observado a cabalidad y fielmente por sus funcionarios", sostuvo.