Noruega, Suecia y Portugal: líderes en inclusión

La Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo, más organizaciones como la OMS, han desarrollado informes y realizado acuerdos entre países en materia de discapacidad. En ese contexto se creó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad (CNUDPD), sumado al proyecto de Estrategia Europea, quienes definieron los principios de accesibilidad, igualdad, empleo, educación y formación como los lineamientos centrales para mejorar la situación de estos grupos excluidos en el mercado laboral.

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Respecto a países referentes en inclusión, Noruega posee un enfoque diferente a otras naciones. Los noruegos, considerando el principio de igualdad ante la ley y la generación de una cultura de respeto hacia grupos minoritarios, establecen condiciones para la realizar acuerdos entre asociaciones que velen por los derechos de Personas en Situación de Discapacidad (PeSD) como fundaciones y el sector privado, con el fin de converger en convenios tripartitos, que apuntan a la inclusión laboral de los menos favorecidos.

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El Estado noruego posee sistemas de apoyo de financiamiento a las empresas que incorporen PeSD. Similitud con otros países nórdicos que desarrollan políticas de inclusión, desde una perspectiva de los derechos de los individuos en base a la igualdad ante la ley, desarrollando iniciativas, como las realizadas por Finlandia quienes elaboraron el programa Hilma, destinado a inmigrantes con deficiencias físicas o mentales.

En la línea de los escandinavos, en 1994 Suecia ya contaba con leyes contra la discriminación de discapacitados en el trabajo, sumado a ello, en 2008 fue parte de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de la ONU, en 2008. Cuatro años más tarde desarrolló un programa que involucra a espacios públicos, infraestructura en empresas y establecimientos educacionales, las cuales velan por la integración de individuos que tienen deficiencias físicas o mentales.

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En cambio, con el método de sistema de cuotas, Portugal exige al menos un 2% de empleados con discapacidad en el sector privado y un 5% en la administración pública. Iniciativas que aportan a la mejora de la calidad de vida de los 17,4% de los portugueses con esa misma condición, según cifras de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. En ese contexto, el Estado portugués realiza capacitaciones profesionales y planes que otorgan incentivos a los trabajadores y empleadores en la incorporación de personas con capacidades diferentes.

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Los lusitanos también integran en sus políticas públicas aspectos como la dotación de información sobre puestos de trabajo, orientación vocacional para incorporar de forma eficiente a los discapacitados y también subsidios compensatorios destinados a empresas.

España es referente en inclusión laboral en Hispanoamérica, ya que además de estar suscrita a tratados internacionales en esta materia, el 29 de noviembre de 2013 el gobierno de Mariano Rajoy promulgó la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Agregando en ella, una ley de cuotas para las empresas con más de 50 personas, las cuales deben tener al menos un 2% de sus trabajadores en aquella condición.

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido también poseen políticas de no discriminación hacia los discapacitados. En el caso estadounidense se generan condiciones de incentivos a las empresas mediante premios a las compañías que incorporen de manera integral a los excluidos del mercado laboral. Política norteamericana que se complementa con la ley "Estadounidenses con Discapacidades", que tiene como objetivo la protección legal ante cualquier tipo de discriminación, en conjunto a una suma de condiciones que permitan la participación y, con ello, el aumento del empleo de discapacitados.

Sin embargo, a pesar de que hay países líderes en inclusión laboral, la tasa de empleo de los discapacitados según datos de la OCDE, sigue siendo baja, ya que el 44% de los individuos es parte de la población ocupada, cifra que marca una diferencia de un 31% con personas que no cumplen esta condición.

Según cifras de la OMS, un 53% de los hombres discapacitados posee empleo y un 20% en el caso de las mujeres, lo cual se traduce en una brecha de 12 y 10 puntos frente al promedio del mercado laboral.