Académico UC por plan de ayuda a informales: “La pregunta aquí es si es posible ir activando la entrega de bonos por zonas geográficas”

Afines de marzo, Francisco Gallego recibió un llamado del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para que elaborara propuestas enfocadas en los sectores informales del mercado laboral. Luego de ese llamado, Gallego convocó a un grupo transversal de cerca de 15 personas entre profesores y profesionales de la Universidad Católica, incluyendo gente del Instituto de Economía, la Escuela de Administración, la Escuela de Gobierno, el Centro de Políticas Públicas UC y J-PAL. Si bien señala que no se le entregará una propuesta propiamente tal, sí se le hará llegar “un conjunto de insumos” a Hacienda.

En cuanto a lo anunciado por el gobierno, se creará un fondo de US$2.000 millones para ayudar a los trabajadores informales. Sin embargo, no hubo mayores detalles. A su juicio, ¿cuál debería ser el mecanismo de apoyo?

-Los detalles son esenciales ahora. Sabemos cuál es el presupuesto que tenemos disponible. En nuestro trabajo hemos identificado cuatro parámetros clave: el monto que se quiere asegurar por familia (relacionado a la línea de pobreza o indigencia, considerando que hay costos fijos en cada familia, postergación del pago de cuentas y quizás algunos gastos que no son necesarios en esta época, como por ejemplo transporte), cómo se identifica la transferencia efectiva a cada familia cuando existen personas que reciben ingresos formales y otros subsidios, si tiene sentido ir priorizando la ayuda en términos geográficos o más bien vale la pena pensar en términos universales y, si se hace una priorización geográfica, cómo se hace, y cómo se implementa la entrega efectiva del apoyo, de modo de evitar aglomeraciones y lograr que la ayuda llegue de la forma más expedita posible. En cada línea hemos planteado alternativas y opciones.

¿Cuáles son esas propuestas?

-Algunas de ellas son decisiones políticas, que corresponden al gobierno. Por ejemplo, a qué monto anclar, es una decisión de política económica. En otros casos, hay cuestiones más técnicas, por ejemplo, nosotros hemos sugerido usar transferencias monetarias, centrándose en transferencias en especies -como entrega de canastas de alimentos-, solo para grupos que requieren apoyo específico. Tenemos la suerte de que en Chile contamos ya con un sistema de cuenta RUT con más de 10 millones operando, Cajas Vecinas, entre otros.

¿Cómo se puede llegar a determinar quiénes son realmente los trabajadores informales?

-Esto es un gran desafío. Aquí también tenemos la suerte de que contamos con el Registro Social de Hogares y creemos que podemos vincular eso con datos administrativos, para obtener información clave en una situación de crisis como esta. Entonces, una opción interesante es hacer esto al revés, o sea no plantearlo como apoyo a informales, sino que decir: tratemos de asegurar un nivel de vida a las familias más vulnerables de Chile en esta coyuntura, de modo que puedan estar tranquilas en sus casas. Para eso, miremos a la gente que no ha perdido sus ingresos, a quienes ya están recibiendo apoyos a través de otros planes como el Plan de Protección del Empleo, e identifiquemos a la gente que nos falta por diferencia. Además, se puede dejar una opción de “ventanilla express” para la gente que nos falta identificar usando el Registro Social de Hogares y los datos administrativos, pero que sea rápida, simple, eficiente y, sobre todo, digna para las personas. Por ejemplo, usando municipalidades y un proceso de verificación y monitoreo rápido y simple desde los territorios.

Tampoco se especificó el monto ni la cantidad de meses. De acuerdo con el trabajo que ustedes han realizado, ¿cuánto deberían ser el monto y los meses?

-Nosotros no vamos a dar un número exacto, sino que alternativas en función de las necesidades de los hogares. Sobre el período, nuestra opción es amarrar los meses a definiciones objetivas. Una de ellas podría ser sobre la base de medidas de actividad económica. Pero hay otra dimensión súper relevante, que nosotros tocamos en nuestra discusión, que es la geográfica y la temporal. Por ejemplo, hoy la emergencia no está siendo igual en todo Chile, hay personas que ya están sufriendo apreturas económicas y otras no. Además, esto va a ir variando en el tiempo, o sea quizás hoy hay zonas con menos problemas, pero lo más probable es que esas zonas que no tienen problemas hoy, los tengan en el futuro. Luego, si hay rebrotes, podrían volver los efectos a ciertas zonas.

¿Una buena focalización sería ir por zonas, a medida que sean afectadas por la crisis?

-La pregunta aquí es si es posible ir activando la entrega de bonos por zonas geográficas, a medida que se identifiquen apreturas económicas. Por ejemplo, por provincias, usando indicadores de actividad económica que pueden hacerse disponibles casi en tiempo real, vía el SII y la Dirección del Trabajo. Esto ayudaría mucho a llegar pronto a las familias cuando más lo necesitan. Pero la pregunta es si es posible esto o, por su complejidad, sería mejor hacer algo universal. El problema es que cuando se hace universal, probablemente va a implicar transferencias más bajas y/o por menos tiempo a todo el mundo.

Algunos han señalado que debe ser igual a la línea de la pobreza y otros a un salario mínimo, ¿es factible?

-Eso es una decisión de políticas que al final corresponde al gobierno y al sistema político. Hay que definirlo, pero también hay que ver cómo cuadra todo en términos de número de personas, número de meses. Con eso, si lo hacemos de modo eficiente, yo soy optimista que se puede llegar a una transferencia que permita asegurar cubrir necesidades básicas. Y ojo, no nos olvidemos de que más adelante viene una salida de esto. Y, en ese momento, van a aparecer otras herramientas que se pueden usar: programas de empleo, capacitación dual, subsidios al empleo. Cada una de estas cosas hay que evaluarlas y pensarlas bien, a ver si valen la pena, cómo hacerlas, dónde, cuándo. Es un desafío, pero que a su vez puede ser una tremenda oportunidad para formalizar a las personas, reconvertir y mejorar sus ingresos y calidad de vida.

¿ Cómo partió el trabajo del grupo de expertos de la universidad?

-El 24 de marzo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, nos invitó a pensar en soluciones de apoyo, frente a la emergencia en que estamos, a personas que operan en el sector informal en la economía. Ahí armamos un grupo transversal de cerca de 15 personas entre profesores y profesionales de la UC, incluyendo gente del Instituto de Economía, la Escuela de Administración, la Escuela de Gobierno, Centro de Políticas Públicas UC y J-PAL. Armamos dos grupos, uno de ellos pensando en políticas y programas “durante” la emergencia y otro en políticas y programas para “la salida” de la emergencia. Luego nos reunimos el 31 de marzo con el ministro. En el intertanto, hemos generado propuestas para pensar en los detalles de implementación de los programas, en una conversación bastante fluida con el ministro.

¿El objetivo es entregarle una propuesta formal al gobierno?

-Más que una propuesta es un conjunto de insumos que se le entregan al ministro de Hacienda. Básicamente, la idea es descomponer los desafíos de implementación en pedacitos y tomar la mejor evidencia disponible, los datos para Chile y sugerir líneas de acción.

¿La implementación de esta medida es lo más complejo?

-Hay que tener en cuenta que en esto el “diablo está en los detalles”, por dos cosas: por un lado, porque estamos hablando del mundo informal y, por otro, por la situación de emergencia extrema en que estamos. Es por eso que es un desafío no menor que requiere creatividad, flexibilidad y ojalá la menor trinchera posible. Esto ha sido bien dinámico, básicamente dividimos los tópicos, nos comunicamos con el ministro y vamos agregando detalles a cada línea.