A un año de la Inmobiliaria Popular de Recoleta, proyecto aún no inicia obras y estaría listo en 2020
Si inicialmente Daniel Jadue proyectaba que en marzo de 2019 estaría lista la construcción del proyecto de dos edificios para arriendo, hoy sus estimaciones apuntan a 2020. Culpa a la demora por parte del Serviu en aprobar el contrato que firmaron con la Constructora Oval, que se adjudicó las obras en julio de 2018.
Arriendo a precio justo. Esa fue la promesa del alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, cuando el 30 de enero de 2018 lanzó una iniciativa inédita en el país: la primera Inmobiliaria Popular. Acompañado de autoridades de gobierno y dirigentes sociales de la comuna , señalaba -optimista- que el primer proyecto, diseñado por el arquitecto Juan Sabbagh y que se ubicará entre las calles Justicia Social e Inocencia, estaría listo en marzo de 2019.
De eso ya ha pasado casi un año. Y los pronósticos no han salido como se esperaba. Si inicialmente se fijaba el primer trimestre, luego que la construcción finalizaría a mediados de 2019, lo cierto es que las obras de los edificios todavía no parten. Hoy, las estimaciones de Jadue apuntan a marzo de 2020. Pero, con mayor precaución, agrega: "Independiente que habitualmente los procesos de construcción tienen una demora entre el 10% y el 15%, podría ser en abril la entrega también perfectamente".
El 15 de marzo de 2018, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la comuna aprobó el anteproyecto ingresado por la alcaldía para levantar un proyecto residencial de media altura.
El 23 de agosto de ese mismo año, el organismo también visó el permiso de edificación que daba luz verde a la construcción de dos edificios de cinco pisos cada uno, en una superficie de 2.392 metros cuadrados, que contempla un total de 38 departamentos a los que podrán optar familias vulnerables de la comuna, cuya inversión es de $1.339 millones. También se proyecta una sede social, 13 estacionamientos para vehículos y 19 para bicicletas.
Entremedio, en julio de 2018, tras un proceso de licitación, en el que participaron cuatro oferentes, el Concejo Municipal de Recoleta aprobó adjudicar su construcción a Oval.
La empresa será la encargada tanto de demoler las bodegas que aún existen en el terreno, como de la edificación. Para ello el contrato establece un plazo de 380 días una vez suscrita el acta de la entrega del terreno.
Jadue cuenta que hoy la iniciativa está en una etapa de preparación para iniciar la construcción. Esto consiste en las obras de demolición. "Ya está firmado el contrato, se ejecutó la entrega de terreno, por lo tanto, ya estamos empezando en una o dos semanas más con la cuenta regresiva de los 380 días que dura el contrato", explica.
Respecto al porqué los plazos estimados originalmente no se han cumplido, el municipio apunta la demora por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Metropolitano en la aprobación del contrato que firmaron con Oval y en las condiciones de éste. Esto, porque el proyecto es por medio de subsidios.
"Las aprobaciones del nivel central se demoraron significativamente, más de lo esperado, las visaciones del Serviu para el contrato y para todo lo otro", señala el alcalde Recoleta.
En cuanto a las familias de la comuna que arrendarán los inmuebles, todavía no hay claridad del diseño de postulación. "A mitad de año empieza a funcionar el diseño y la implementación del concurso para ver quienes van a finalmente poder quedarse viviendo en los departamentos", comenta Jadue, pero asegura que "será con los mismos estándares que tiene la municipalidad que nos han mantenido durante todos los años de nuestra gestión dentro de las diez municipalidades más transparentes del país".
Otros proyectos. En marzo del año pasado, se aprobó el contrato de compraventa que el municipio firmó con Aguas Andinas para adquirir tres inmuebles por un total de 47.376 UF para proyectos sociales.
Entre ellos, figuraba la propiedad de Justicia Social, a 31.042 UF. Los otros dos están ubicados en Zapadores 1105 (13.621 UF) y Santa Bárbara 3985 (2.711 UF). Los tres paños la municipalidad buscaba comprarlos desde el 2013.
Jadue dice que hoy cuentan con cinco terrenos disponibles, pero que solo en algunos se replicarían proyectos similares al de Justicia Social, al alero de la Inmobiliaria Popular. "No en todos, pero en algunos sí. Nosotros estamos comprometidos a continuar desarrollando este modelo", indica.
Eso sí, hace hincapié en que "lamentablemente no hay mayores convocatorias para que organizaciones como la nuestra postulen a nuevos subsidios para arriendo. Y dice que eso depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por ello, en la alcaldía aún no hay claridad de cuándo la Inmobiliaria Popular podría poner en marcha un segundo proyecto.
No obstante, agrega que en el 2020 terminan de pagar una deuda que les dejó la administración anterior que los compromete con una cuota anual de cerca de $1.000 millones.
Eso significa, señala, que a partir del segundo semestre de ese año "vamos a tener $1.000 millones que distribuir en distintos proyectos, y una parte importante iría a fortalecer este proyecto (Inmobiliaria Popular)".
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