El presidente Gabriel Boric firmó el proyecto que fortalece al Sernac. En el teatro municipal de San Joaquín, realizó el anuncio, junto al ministro de Economía, Nicolás Grau y al director del Sernac, Andrés Herrera. El Mandatario destacó la presencia de Ricardo Mewes en la presentación de la iniciativa.

“Hay muchas empresas que se esfuerzan por hacer las cosas bien. Que el presidente de la CPC esté con nosotros en la presentación de este proyecto de ley, me habla de una buena disposición, de un buen diálogo y una posibilidad de encuentro. Esto no es contra alguien, es para mejorar todos”, dijo el Mandatario.

Y agregó que “con qué tipo de defensa cuenta la gran mayoría de los chilenos y chilenas que viven en la cotidianeidad distintos tipos de abusos. Seguramente a muchos de ustedes les afectó la colusión en el precio de medicamentos, en el papel higiénico, los pollos, las papas ahora. Lo ha dicho el ministro de Agricultura”.

El presidente indicó que se van a fiscalizar a las empresas con más atribuciones, y señaló que los servicios públicos también tienen que responder de mejor manera.

“Como representante del Estado les digo que cuando vemos las listas de espera, cuando vemos las dificultades en materia de energía, o la situación de los caminos, decimos que también tenemos responsabilidad”, sostuvo Boric.

Luego señaló que “me pongo como meta que en el transcurso de nuestro gobierno podamos recuperar las confianzas. Volver a confiar en las instituciones, y volver a confiar en las empresas. Chile tiene muchas oportunidades”.

El proyecto incluirá facultades sancionatorias a empresas que no solucionen de manera oportuna, según explicó el presidente. También incluye la obligación de postventa. La idea es que las soluciones sean lo más rápido posible.

“El actual proyecto es técnicamente sólido y se hace cargo de las observaciones que en su momento hizo el TC. En su diseño participaron expertos como José Roa, ex director del Sernac. Enrique Barros, el excontralor Ramiro Mendoza. El Sernac no va a ser juez y parte”, explicó Boric.

Asimismo, indicó que el proyecto ha sido impulsado por diversos sectores políticos, y espera que tenga una rápida tramitación en el Congreso. Además, hizo un llamado a llegar a acuerdos para sacar adelante la reforma de pensiones.

La iniciativa además incluye una serie de otras medidas legislativas específicas, de modo de promover el consumo justo. Estas medidas tienen por objeto mejorar y actualizar la Ley del Consumidor, cerrando algunas de las brechas detectadas y que se han originado con ocasión de la irrupción de las nuevas tecnologías y de ciertas prácticas abusivas realizadas por algunas empresas.

Dichas medidas buscan combatir el sobreendeudamiento, terminar con ciertas trampas en el consumo, mejorar las reparaciones a las y los consumidores afectados y avanzar en el trato digno en los mercados, entre otros ámbitos que abordan.

Edmundo Varas, director de KPMG Law en Chile, indicó que el proyecto busca lo mismo que en 2018, cuando fue rechazado por el Tribunal Constitucional.

“El proyecto se enfocaría en fortalecer el proceso y gestión de reclamos de los consumidores a través de establecer obligaciones para las empresas de responder a los mismos, contar con canales de atención adecuados para recibirlos, y mediante un procedimiento sancionatorio por parte del Servicio Nacional del Consumidor. Aunque las compañías podrían reclamar respecto de las multas impuestas por el SERNAC por vía administrativa o judicial, no es claro que tan independiente e imparcial será la entidad en dichos procedimientos. Esto considerando que su determinación podría afectar los resultados de procedimientos donde actúe como demandante en protección del interés difuso o colectivo de los consumidores, razón por la que el SERNAC no podría proceder como un tercero independiente”, sostuvo.

Y agregó que “este proyecto vuelve a ser un intento por otorgar facultades sancionatorias al SERNAC, lo cual no es posible en el día de hoy. Recordemos que una iniciativa similar (2018), ya fue rechazada por el Tribunal Constitucional debido al doble rol que implicaba: al mismo tiempo que debía proteger a los consumidores, también era el encargado de aplicar las multas a los proveedores, no siendo así un tercero independiente e imparcial, e incurriendo en una infracción al debido proceso”.