El próximo 8 de octubre, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) celebrará su vigésimo primer aniversario. La agrupación gremial, la de mayor tradición en el mundo renovable, y que fue fundada el 11 de julio de 2003, sostendrá su encuentro anual en el Metropolitan Santiago (ex Casa Piedra). Pese al tono festivo de la ocasión, el evento se realizará en medio de un marcado quiebre interno. Uno que incluso amenaza con separar aguas, y donde no se descarta tampoco la salida de algunos socios.

La crisis estalló el pasado 31 de julio, y estuvo protagonizada por el propio presidente de la agrupación, el ex subsecretario de Energía del primer gobierno de Sebastián Piñera y ex gerente general de Guacolda, Sergio del Campo. Ese día, el también presidente de Sonnedix - firma controlada por JPMorgan Asset Management- suscribió, en forma inconsulta con el consejo de Acera, una carta enviada a la Comisión de Minería y Energía del Senado. La misiva planteaba una clara oposición a la fórmula del gobierno que busca ampliar el subsidio eléctrico con parte de las rentas de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), un segmento de empresas renovables.

La carta fue firmada también por líderes de otros dos gremios de empresas de energías renovables, aunque no por sus presidentes: Darío Morales lo hizo en su calidad de director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), y Matías Cox, como director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM). Por esos días, Ana Lía Rojas, la directora ejecutiva de Acera, se encontraba de viaje acompañando al Presidente de la República, Gabriel Boric, en su gira por Emiratos Árabes Unidos. Tanto Rojas como los 15 miembros que conforman el consejo de la agrupación se enteraron por la prensa -e incluso a través de una publicación del perfil en LinkedIn del gremio- de la existencia de la misiva.

La carta de tres carillas emplazaba al Ejecutivo a “reconsiderar” la propuesta, a la que acusan de alterar “significativamente el esquema de remuneración” para las empresas del segmento, “quitando, mediante un mecanismo arbitrario, ingresos a proyectos con inversiones ya realizadas”.

Lo anterior, ante la idea de que una parte del precio estabilizado de los PMGD -un tipo de remuneración específica para este tipo de generadoras - sea destinado para recaudar US$150 millones que permitan elevar el monto del subsidio eléctrico.

“Instamos a las autoridades a ampliar el espectro de soluciones viables que no pongan en riesgo la estabilidad de la industria de energías renovables y como consecuencia buscar preservar la creciente competitividad en el sector para beneficio de la familia chilena”, concluían en dicha carta las tres entidades, mostrando un frente común que en realidad no es tal.

La quiebre interno quedó plasmado en otras tres cartas de asociados a Acera, enviadas a los líderes del gremio, durante los siete días siguientes al episodio protagonizado por Sergio del Campo.

La primera provino de RWE. Alfredo Zañartu, country manager de la firma alemana, envió el 1 de agosto una carta, dirigida a Ana Lía Rojas, expresando la preocupación de la compañía “por la manera en la que Acera, en nombre de sus asociados, está públicamente tomando posturas respecto a temas claves para la industria, que no es necesariamente compartida entre quienes somos parte de este gremio”. Zañartu calificó como “preocupante y grave que, en nuestro nombre, así como en el de otros, se asuma una posición pública de la cual nos enteramos a través de las redes sociales y del diario, la cual no hemos tenido oportunidad de estudiar para contar con una visión responsable y con sustento”.

La segunda fue suscrita por Miguel Arrarás, director general de Acciona Energía Chile, filial del grupo español Acciona. El 5 de agosto, Arrarás se dirigió directamente a Sergio del Campo, para manifestar su desacuerdo con la carta que publicó en conjunto con Acesol y GPM.

“Como bien sabes, el problema generado por la asignación de un precio estabilizado para los PMGD, aplicado a un volumen muy importante de instalaciones que suponen un coste extraordinario para el Sistema Eléctrico - parte del cual es soportado por otros generadores - no concita un posición unitaria y consensuada en el consejo y directorio de Acera AG. Se ha tratado este tema en distintas reuniones de consejo y ante la falta de una posición unitaria, se acordó que Acera AG no tomaría una postura oficial respecto de este tema hasta que se debata y se acuerde una postura mayoritaria de los socios de nuestro gremio”, enrostró Arrarás.

“Desaprobamos el que hayas suscrito unilateralmente la carta indicada anteriormente, de la que nos enteramos por la prensa, sin que ésta haya sido consultada ni consensuada”, subrayó el ejecutivo, enfatizando además que “no existía urgencia en asumir una posición sobre este tema, ya que el mismo recién ha comenzado a ser debatido por las autoridades regulatorias”.

El ejecutivo español cerró resumiendo la tensión interna de las dos almas que conviven dentro de Acera, una conformada por los PMGD y otra por los utility scale, ya que los primeros desarrollan plantas con capacidad instalada para genera hasta 9 MW y los otros superan largamente dicho límite.

“Compartimos contigo que es crucial no comprometer la confianza de los inversionistas y de sus entidades financieras garantizando un marco regulatorio estable y predecible que fomente la inversión y el desarrollo sostenible del sector energético en Chile. Para ello, consideramos imprescindible que se garantice que todas las inversiones en energías renovables en nuestro país puedan alcanzar una rentabilidad justa y razonable, y que no sean unas las que asuman todos los costos y desafíos en beneficio de las otras”, dijo Arrarás.

La tercera carta llegó dos días después. Suscrita por José Ignacio Barrales, director de gestión de Energía de Cerro Dominador -firma que opera la única planta de concentración solar de potencia de Chile-, y dirigida a los quince integrantes del consejo, la misiva señaló que el documento suscrito por Sergio del Campo “no representa todas las visiones internas, y además no se informó previamente que Acera respaldaría ideas como las expresadas en dicha carta”.

“El conflicto asociado al precio estabilizado al que acceden los PMGD es un tema que no genera consenso dentro de nuestra asociación. En consecuencia, no debería ser representado ni favorable ni desfavorablemente hasta que se tome una decisión por parte del consejo”, subrayó Barrales, agregando que “la protección y certeza regulatoria sobre las inversiones realizadas por generadores renovables que no son PMGD y que suministran a clientes regulados, no han sido representados con la misma fuerza y ecuanimidad”.

También puntualizó en que la carta fuera suscrita junto a otros gremios “que no necesariamente comparten los mismos intereses que Acera”, y reprochó que no se otorgara “la oportunidad de expresar oportunamente nuestras preocupaciones e intereses”. Ante esto, el ejecutivo solicitó aclarar tanto la decisión de adherir a la carta, como la forma en cómo el gremio toma decisiones, además de conocer “qué medidas tomará el consejo para evitar situaciones como las descritas”.

El quiebre interno, en los días siguientes al ir y venir de cartas, no ha hecho más que crecer. Conocedores de la interna cuentan que “hay muchos socios buscando salirse y otros buscando que se saque a socios”. De hecho, el consejo de la agrupación calendarizado para el 8 de agosto no se realizó, y aún no se acuerda una nueva fecha para que los integrantes de Acera discutan esta fractura.

En el intertanto, Sergio del Campo ha persistido en su conducta. El miércoles 14 de agosto participó de una sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado. En los breves minutos que tuvo disponible, afirmó que la propuesta del Ejecutivo “en las condiciones que está planteada significa la quiebra de todos los PMGD”, mostrando en su presentación cinco proyectos reales, de los cuales tres quebrarían, según él, en forma inmediata a la publicación de la ley.

Y al igual que la carta que no mostró a nadie antes de firmar, tampoco lo hizo con esa presentación.

“Además de ser una presentación con datos incorrectos, afecta incluso a algunos asociados. Hoy día hay un quiebre, porque la asociación ya no representa los intereses de todos los asociados”, lamentan desde una empresa que forma parte del gremio.

“Estamos en una crisis, hay empresas que terminamos financiando a los PMGD y no se ha llegado a un acuerdo en este tema dentro de la asociación”, refuerzan otros.

Consultada, la directora ejecutiva, Ana Lía Rojas, declinó referirse al tema. Pulso también contactó a Sergio del Campo para este reportaje y negó que existiera algún conflicto interno. “No hay ninguna división”, afirmó escuetamente.