Cepal propone avanzar hacia un ingreso básico para ayudar a los más vulnerables a superar los efectos del coronavirus

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso que para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis producida por la enfermedad del coronavirus (Covid-19) los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas con el objeto de satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida.

En un informe titulado El desafío social en tiempos del Covid-19, dado a conocer este martes por la secretario ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, el organismo señala además que en el largo plazo, el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia.

La Cepal propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional).

Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.

El informe realiza un balance de los efectos sociales que traería la pandemia del Covid-19.  Provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico.

Ante la caída de 5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por la Cepal en el Informe Especial Covid-19 N° 2 (ver comunicado de prensa del 21 de abril pasado), en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.

El estudio explica que a partir del 13 de marzo los gobiernos de la región comenzaron a anunciar medidas de protección social como reacción ante la caída abrupta de los ingresos de los trabajadores y de los hogares. Estas han incluido transferencias monetarias, transferencias de especies (como alimentos, mascarillas y medicamentos), suspensión o exoneración en el pago de los suministros de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, internet, etc.), medidas de protección social para trabajadores formales, y otros apoyos directos a personas y familias (como alivios tributarios y control de precios, entre otros).

A la fecha, en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de hogares, es decir, alrededor del 58% de la población regional.