CFA valora avance en consolidación fiscal, pero llama a monitorear posibles escenarios de riesgo

El presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, presentó ante la Comisión Mixta de Presupuesto el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre en el que valoraron el avance en consolidación fiscal concretado en el 2022 con una disminución del 23% real del gasto público.

Sin embargo, y aunque admiten que el superávit fue clave en la reducción del gasto público, señalaron que también estuvo influido por un aumento de ingresos estructurales extraordinarios que puede que no se mantengan en el 2023. Se trata del tratamiento de la brecha del PIB y un aumento de los ingresos fiscales provenientes del litio.

Respecto a este último, CFA en su momento realizó un llamado al Ministerio de Hacienda a corregir la metodología. Esto fue acogido por la autoridad avanzando en una propuesta que será publicada en el siguiente Informe de Finanzas Públicas, que contemplaría un ajuste prudencial de los ingresos asociados a la explotación del litio, que, además, son potencialmente transitorios.

Por otro lado, presentaron el escenario base, en el cual la deuda bruta se estabilizaría en un nivel menor al 40% del PIB en un plazo de cinco años, y los escenarios alternativos contemplados por al entidad:

1) Que la trayectoria del Balance Estructural tenga déficits persistentes y elevados, incumpliendo el decreto de política fiscal.

2) Comprometer gastos permanentes acordes a la recaudación de la reforma tributaria rechazada sin financiamiento por mayores ingresos permanentes.

3) Que las presiones de gasto en pensiones por un reajuste real de los beneficios en el tiempo sean mayores a las esperadas.

4) Que se comprometan gastos permanentes por ingresos transitorios por litio.

5) La ralentización del crecimiento tendencial de la economía.

6) Que se active una cláusula de escape ante a una situación exógena y transitoria de gran envergadura, sin que exista un adecuado mecanismo de corrección y de convergencia fiscal.

Por otro lado, con el escenario base mencionado anteriormente, presentaron también siete riesgos fiscales emergentes a monitorear entre los cuales se encuentran:

1) El calce en cantidad y temporalidad del conjunto de compromisos de gastos permanentes de la reforma de pensiones y los ingresos permanentes para financiarlos.

2) La incertidumbre sobre cuán permanentes son los ingresos fiscales derivados del litio y el riesgo de comprometer gastos permanentes con cargo a ellos.

3) La posibilidad de nuevos retiros de los fondos de pensiones, los cuales podrían generar mayores presiones a la demanda agregada y acentuar los desequilibrios macroeconómicos existentes (inflación y déficit en cuenta corriente), dificultando el rol estabilizador de la política fiscal.

4) Los potenciales efectos fiscales que podrían resultar de una crisis financiera de las Isapres.

5) La necesidad de financiamiento permanente para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

6) La necesidad de que el avance en materia de descentralización fiscal cuente con reglas fiscales explícitas y efectivas que velen por la sostenibilidad fiscal subnacional.

7) Las definiciones en materia de institucionalidad fiscal en el proceso constituyente y las que pudieran incidir sobre la sostenibilidad fiscal.

En base a esto, CFA hizo un llamado a publicar un nuevo Decreto de Política Fiscal con metas anuales de Balance Estructural, a no comprometer un desembolso de dinero permanente sin contar con los recursos para financiarlo, y a reconstruir los ahorros fiscales en caso de una eventual crisis.

Además, recomendó estudiar en mayor profundidad las opciones para generar mayores ingresos (a través de recaudación de impuestos, incluyendo medidas para mititgar la evasión y elusión, y de reasginación o mayor eficiencia del gasto público) y continuar fotaleciendo la institucionalidad fiscal.