CFA vuelve a la carga y pide al gobierno un nuevo ajuste en el gasto público para que cumpla sus metas fiscales
Si bien el Consejo Fiscal Autónomo valora que la Dipres haya ajustado sus proyecciones de gasto público para 2024, reduciéndolo en un 0,5% del PIB, advierte que esto es insuficiente para que cumpla su meta de déficit estructural de 1,9% del PIB que Hacienda fijó en el decreto de balance estructural y que ahora la proyección es de 2,2% para el cierre de este año. Por lo mismo, el CFA aconsejó que el gasto público no crezca a tasas mayores de alrededor de 1,6% en promedio entre 2025 y 2028.
Una nueva alerta levantó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Esta vez arremetió contra el manejo fiscal del gobierno y advirtió que si el Ejecutivo no realiza un nuevo ajuste fiscal se incumplirán las metas fiscales autoimpuestas.
En su informe trimestral sobre Balance Estructural (BE) y nivel prudente de deuda, el organismo que lidera el economista Jorge Rodríguez sostiene que, si bien valora que la Dirección de Presupuestos haya ajustado sus proyecciones de gasto público para 2024, reduciéndolo en un 0,5% del PIB, advierte que esto es insuficiente para que cumpla su meta de déficit estructural de 1,9% del PIB que Hacienda fijó en el decreto de balance estructural y que ahora la proyección es de 2,2% para el cierre de este año.
Por lo mismo, el Consejo alerta que existen riesgos de que el gobierno incumpla su meta de déficit estructural si es que no se logran sus proyecciones de ingresos fiscales o si no se reduce más el gasto público. “Cumplir con la meta de BE es crucial para la estabilidad de la deuda pública y la credibilidad de la regla fiscal”, enfatiza el CFA en su documento, por lo que insta al Ministerio de Hacienda a seguir haciendo esfuerzos en esta dirección.
Asimismo, el Consejo detalla que el riesgo de incumplimiento de la meta estructural del gobierno radica principalmente en que no se alcancen sus proyecciones de ingresos tributarios no mineros. Esto, ya que al cierre del primer semestre el avance de esta fuente de recursos alcanzó un 48% de lo estimado para el año. Por lo tanto, para el CFA lograr el total esperado, en el segundo semestre estos ingresos deberán ser -según las cifras implícitas en las proyecciones de la Dipres- 8,3% mayores que lo recaudado en el primer semestre, y 20,3% mayores respecto al segundo semestre del año anterior.
En esa línea, el CFA estima que “si en el segundo semestre se registrase un nivel de recaudación similar al primero, los ingresos fiscales al cierre del año podrían resultar en 0,7 puntos porcentuales del PIB más bajos que lo estimado por la Dipres, e incluso 1,5 puntos del PIB más bajos si la recaudación fuese similar a la del segundo semestre de 2023″.
Otro reparo que ponen sobre la mesa es que si bien las proyecciones de la Dipres indican que la deuda bruta no superará el nivel prudente de 45% del PIB en el período 2024-2028, se requiere alcanzar un balance de 0% del PIB a contar de 2027 para estabilizar la deuda bruta a mediano plazo. Esto, sobre todo considerando que la deuda pública está cercana a su nivel prudente. Sin embargo, a diferencia de lo planteado por el CFA, las proyecciones de la Dipres muestran que la estabilización de la deuda se lograría con un déficit estructural de 0,5% del PIB a mediano plazo.
La discrepancia se explicaría por la falta de convergencia en los supuestos de la Dipres entre el precio efectivo del cobre y su valor de largo plazo, originado porque los precios efectivos del cobre están estimados en términos nominales, mientras que el precio de referencia se expresa en términos reales.
Al respecto, el Consejo reitera su llamado a que “el ministerio de Hacienda revise esta situación y, de ser necesario, modifique el reglamento de balance estructural para asegurar la consistencia de los supuestos utilizados sobre el precio del cobre”.
Y como si eso fuera poco, el CFA volvió a advertir a Hacienda de la necesidad de que el gobierno haga un esfuerzo adicional para reconstruir gradualmente el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) para fortalecer los colchones fiscales, en vista de la tendencia de desacumulación observada en años recientes.
Según el CFA, “este fondo representa sólo un 1,3% del PIB, lo que limita la capacidad del gobierno para responder con sus propios recursos a futuras crisis, pudiendo forzar al país a depender de financiamientos más costosos”. Por ello, indican que “para revertir esta tendencia, resulta imperativo que el gobierno diseñe e implemente una estrategia explícita para recomponer gradualmente los activos del FEES y asegurar su mantención en un nivel entre 5% y 7% del PIB, como ha recomendado el Fondo Monetario Internacional. Esta estrategia debe incluir la generación de balances fiscales positivos, así como la posible venta de activos menos líquidos”, dice el Consejo.
Mediano plazo y gasto acotado
Sobre el mediano plazo, el Consejo reitera en su informe que las proyecciones de la Dipres muestran que el estrés de las finanzas públicas se prolongará entre 2025 y 2028, con pequeñas holguras para nuevos gastos. Por holguras fiscales se entiende la diferencia entre el gasto compatible con las metas del BE que se fijó el gobierno y los gastos ya comprometidos por el mismo. Así, el CFA dice que contar con pocas holguras “reduce la posibilidad de implementar nuevas políticas públicas que impliquen gastos permanentes, salvo que vayan acompañados de fuentes de financiamiento también permanentes”.
Además, agrega que este escenario podría mejorar levemente en caso de observarse un cambio relevante al alza en la presentación que se debería realizar mañana de los parámetros estructurales estimados por los comités de expertos, específicamente del precio de referencia del cobre y del PIB no minero tendencial.
Por lo mismo, el CFA subraya que para que se logre cumplir con las metas de BE y se estabilice la deuda pública, es crucial que el gobierno y el Congreso adopten las siguientes medidas: que hagan un esfuerzo para que en las próximas leyes de Presupuestos el gasto público no crezca a tasas mayores a alrededor de 1,6% en promedio entre 2025 y 2028; y que el financiamiento de activos mediante deuda se mantenga acotado en ese período.
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