Columna de Ignacio Briones: “Nudos previsionales: ¿Obligación de separar funciones o más competencia?”

Como está, la reforma previsional del gobierno tiene cero posibilidades de aprobarse. En otra columna me referí a los principales nudos que requieren destrabarse para un acuerdo. El primero es el de las cuentas nocionales, que se supera si se las entiende como un instrumento de financiamiento y no como un fin. Los objetivos redistributivos pueden lograrse con otros vehículos de financiamiento compatibles con cuentas individuales como las conocemos (lo que elimina, además, la necesidad de un monopolio estatal en el 6% de cotización). El segundo nudo es la separación de las funciones de administración de cuentas de las de inversión. Planteo que una reforma pro competencia, que amplíe licitaciones a antiguos filiados, permitiría desenredar ese nudo.

El gobierno busca un cambio estructural en la industria bajo la promesa del “fin de las AFP como las conocemos”. Bajo el supuesto de altas economía de escala en las funciones de administración de cuentas, obliga a separar estas de las de inversión, concentrándolas en una plataforma única (licitable). Esto ha generado reparos. Entre otros, inexistencia de tales economías de escala, judicialización ante el CIADI, el sin sentido de desmontar una industria establecida, la falta de gradualidad o el excesivo poder estatal. Aquí el nudo.

Pienso que hay una mejor y potente vía de cambio. Una que, de paso, subsana el nudo de la separación de funciones: competencia a la vena. ¿Cómo? Ampliando las licitaciones por menor comisión. Ya no solo para nuevos afiliados (como hoy); también para los antiguos. Una idea que ha promovido el economista Salvador Valdés. Se podría pensar en licitaciones automáticas y recurrentes sobre una parte aleatoria del stock de afiliados (por ejemplo, un 20% de cada AFP, además de quien quiera sumarse). Esta licitación debe hacerse con opción de retracto (libertad del afiliado de quedarse en su AFP), así como bajo criterios de rentabilidad respecto a un benchmark y límites a la concentración.

¿Por qué licitar? Porque los cotizantes, por diversas razones, tienden a ser insensibles a la comisión que se les cobra. Esto debilita la intensidad competitiva vía precios. A modo de ejemplo, una AFP que hace pocos años se adjudicó la cartera de nuevos afiliados, casi triplicó su comisión licitada luego de expirado el plazo que la obligaba a mantenerla, pero solo perdió una fracción menor de sus cotizantes.

Estas licitaciones incrementarían la competencia, bajarían significativamente las comisiones y diluirían rentas sobrenormales de los incumbentes. Por lo mismo, es esperable que estos se opongan. Amén de que lo que siempre debiera importar es defender mercados competitivos y no a incumbentes, esa oposición daría credibilidad de cara a la ciudadanía sobre la sustancialidad del cambio en la industria.

¿Qué tiene que ver esto con el nudo de la separación de funciones? Bastante.

Con la mayor competencia derivada de licitar a antiguos afiliados, la separación de las funciones de administración de las de inversión podría ser voluntaria en lugar de obligatoria. Bastaría que el Estado genere una plataforma licitada (en un horizonte largo) con dichas funciones de administración y que esta sea abierta a quien quiera montarse sobre ella (una suerte de facilidad esencial) pagando la tarifa competitiva licitada. Desde ya, abierta a una AFP estatal, todo nuevo entrante, pero también a los incumbentes.

Si hubiera grandes economías de escala, como plantea el gobierno, esta plataforma abierta facilitaría a nuevos entrantes competir agresivamente en las licitaciones por afiliados antiguos (en especial, si su ventaja está en el manejo de inversiones). So riesgo de perder afiliados, los incumbentes responderían bajando tarifas, manteniendo sus funciones integradas o bien migrando a la plataforma abierta si fuera más eficiente y, por ello, más barata. Bajo esta transición competitiva, uno esperaría que parte relevante de la industria converja al uso de la plataforma abierta licitada. Similar a lo que busca el gobierno, pero no por imposición, sino por competencia.

Si no hubiera grandes economías de escala, los incumbentes seguirían con sus distintas funciones integradas. La escala ya no sería una barrera relevante para los nuevos entrantes (podrían o no usar la plataforma abierta), mientras que las licitaciones de afiliados seguirían asegurando más competencia. ¿Y el costo de haber licitado la plataforma de administración o facilidad esencial? Es irrelevante: no solo sería más bajo, sino que pasa a ser una suerte de costo hundido ya que igual hubiera sido asumido por una AFP estatal o por un nuevo entrante.

Para el gobierno forzar la separación de las funciones de administración de las de inversión, busca señalizar que hubo un cambio estructural en la industria. Sin embargo, una mejor y más potente alternativa parece ser redoblar la competencia vía licitaciones y dejar que el mercado “decida” el alcance de dicha separación de funciones.