Columna de Jeannette von Wolfersdorff: “La mente del agente hambriento”
"La falta de posibles explicaciones y de mayor transparencia a la hora de presentar las cifras fiscales podrá, sin duda, ser usado para aliviar la presión fiscal a corto plazo. Más preocupante que ello es el hecho de que nuestro país siga a la espera de que el espectro político consensúe un acuerdo fiscal amplio".
El hambre es una sensación incómoda, que suele generar más molestia que satisfacción. Aunque pueda realzar el placer de comer, cuando se basa en una necesidad insatisfecha, resulta en sufrimiento y una frustración creciente con el tiempo, indican dos investigadores suizos en una interesante reflexión sobre la “Mente del agente hambriento” (The mind of the hungry agent; 2020).
Contemplar la situación fiscal evoca una imagen similar: la de encontrarse con el deseo de crecimiento, y una sensación de hambre cósmico por no contar con recursos adicionales. Chile se encuentra actualmente ante el desafío de incrementar sus ingresos fiscales para satisfacer las crecientes demandas sociales, principalmente en salud y pensiones. Simultáneamente, debe mantener su equilibrio fiscal y elevar el crecimiento tendencial para estimular la economía. Considerando las tensiones que esta situación impone, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha destacado la importancia de alcanzar acuerdos políticos que permitan considerar todas las fuentes que podrán proveer ingresos adicionales: i) mayor crecimiento tendencial, ii) incremento de ingresos tributarios, iii) reducción de la evasión, iv) reasignación de recursos, y v) mayor eficiencia del gasto, incluyendo el recorte de gastos excesivos a fines de año (“fiebre de diciembre”).
Sin la formulación de un acuerdo político que permita consensuar la composición de estas nuevas fuentes de ingresos, no habrá espacio para incurrir en gastos adicionales. De hecho, según las metas proyectadas por el gobierno respecto al déficit estructural, el gasto público sólo podrá crecer con un promedio anual de 0,9% (2025-28), en contraste con un promedio histórico de 4,9% (2010-19). Los márgenes de maniobra serán limitados. A esto se añade que el gobierno prevé que el mayor esfuerzo de consolidación fiscal comenzará recién en 2026, bajo una nueva administración. Ante esta situación, se vislumbran dos posibles escenarios para el futuro: i) que Chile logre llegar a un amplio acuerdo para financiar nuevos gastos con ingresos estructurales; o ii) que Chile establezca un consenso para reducir el ritmo de crecimiento del gasto y estabilizar el nivel de deuda. Sin uno de estos acuerdos, es probable que la presión fiscal aumente con el tiempo. En este contexto, y a consecuencia de la falta de acuerdos, se podría leer la decisión de S&P Global -publicada este 19 de octubre- de revisar la perspectiva de rating de largo plazo de Chile de “estable” a “negativa”.
Ya se percibe una mayor presión de las finanzas públicas, como evidencia el uso del 100% de los ingresos fiscales provenientes del litio como gasto fiscal durante 2023, a pesar de que una parte de estos ingresos es transitoria y debería haberse destinado a pago de deuda o al aumento de activos financieros. Sin embargo, el Ejecutivo decidió implementar una regla fiscal específica para litio sólo a partir de 2024, cumpliendo así con las reglas fiscales vigentes en 2023, pero no así con su espíritu de prudencia.
Un caso parecido se presenta acerca de la deuda bruta, cuyo techo prudencial del 45% del PIB forma parte de la regla fiscal desde 2022. En 2023, se mantendría en torno al 38% del PIB, mientras que la deuda neta aumentaría desde el 32% en 2022 hasta el 34% del PIB en 2023. Esto indica que nuestra ancla de deuda bruta parece estable, pero a expensas de la venta de activos. En consecuencia, es esencial contextualizar la deuda bruta en relación con los activos financieros del Gobierno Central, así como con otros pasivos que no se consideran dentro de la “deuda bruta”, como la deuda con proveedores o de empresas estatales. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha tomado la decisión de avanzar en esta contextualización, que es necesaria para transparentar mejor nuestra posición financiera.
Por último, es posible que la presión fiscal también haya influido en la decisión del Ejecutivo de recaudar un dividendo de US$400 millones de Enap en 2023, a pesar de que se proyecta reinvertir US$300 millones de este dividendo en la misma empresa estatal en 2024, como capitalización. En esta transacción, las normas parecen cumplirse, pero no así el espíritu detrás de ellas. Se aumentan artificialmente los ingresos efectivos y estructurales del Fisco en 2023, vía un mecanismo que puede entenderse como una medida fiscal transitoria de reversión automática. Para 2024, el aporte de capital de Enap quedaría registrado como una adquisición de activos financieros, aun cuando no aumenta los activos del país, sino tendrá como efecto un deterioro de la deuda neta.
La falta de posibles explicaciones y de mayor transparencia a la hora de presentar las cifras fiscales podrá, sin duda, ser usado para aliviar la presión fiscal a corto plazo. Más preocupante que ello es el hecho de que nuestro país siga a la espera de que el espectro político consensúe un acuerdo fiscal amplio, que ojalá nos permita proyectarnos mejor hacia el futuro.
