Columna de Jeannette von Wolfersdorff: ¡The same procedure as every year!

“¡The same procedure as every year!” (el mismo procedimiento que todos los años) es una expresión de un cortometraje inglés que muchos alemanes saben citar, incluso cuando no hablan inglés. Proviene de la comedia “Dinner for One” (cena para uno) que suele ser vista por millones de personas en Alemania las noches del 31 de diciembre, ya desde su estreno en 1963. La trama: una señora de 90 años ha invitado para su cumpleaños a cuatro amigos, pero hay un problema: ya no viven. James, el mayordomo, salva la situación y asume el rol de cada invitado. Antes de servir un nuevo plato, siempre pregunta “¿el mismo procedimiento que el año pasado?”. Y la anciana responde: “¡El mismo procedimiento que todos los años, James!” Luego, el mayordomo brinda en nombre de cada invitado, con sherry, vino y oporto.

Así, la frase “the same procedure as every year” ha entrado en el lenguaje común de Alemania y es precisamente la expresión que más se podrá citar ahora en Chile, después del rechazo de la reforma tributaria que implicó congelar también la creación de un Registro de Beneficiarios Finales de empresas. Es simple de explicar: desde que se empezó a promover en Chile esta herramienta clave contra los delitos financieros, algún procedimiento ocurre todos los años y provoca atrasos. Así, y tal como ocurrió con la compostura del mayordomo James, las expectativas de crear el Registro de Beneficiarios Finales van hundiéndose, como si fuesen una sopaipilla pasada.

Unos breves recuerdos de la historia para materializar dicho registro en Chile: en 2017 se empezó a trabajar desde la sociedad civil, siguiendo las recomendaciones de la OCDE. Ya en 2018 representantes del empresariado comunicaron en una reunión oficial no tener interés en dicho registro. En 2019 el presidente de un gremio afirmó que “no es relevante”, porque la información ya existiría (lo que solo es correcto cuando existe un pacto controlador en caso de empresas listadas). En 2021, el presidente de otro gremio nacional reafirmó erróneamente lo mismo.

Desde la banca tampoco hubo apoyo. Ya en 2018 la gerencia comunicaciones del Banco Santander transmitió no estar interesada en este mecanismo en Chile. En paralelo, la presidencia del Banco de Chile también consideró innecesaria la iniciativa, dado que ya se detectarían internamente los flujos ilícitos de dinero y se comunicarían a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Aun así, ya habían quedado en evidencia los reportes tardíos de varios bancos en el caso del fraude en Carabineros. Y todavía siguen abiertas las investigaciones por el rol de varios bancos, por ejemplo en el caso del excomandante Fuente-Alba o del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por múltiples depósitos en efectivo hacia cuentas corrientes personales. No muy distinto pareciera ser el caso del ex alcalde Raúl Torrealba con depósitos en efectivo que deberían haber gatillado alertas de operación sospechosa en el sistema bancario.

¿Cómo ha sido la reacción desde la política? En 2020, senadores de la entonces oposición propusieron una indicación para crear un Registro de Beneficiarios Finales, pero dicha propuesta fue suprimida desde el Ejecutivo pese a existir ya un anteproyecto elaborado entre Servicio Impuestos Internos, UAF y sociedad civil. En 2022, el Ejecutivo finalmente presentó un proyecto de ley para crear el registro. Ello fue un gran avance aun cuando el proyecto desconocía los trabajos previos, y la evidencia de Europa para asegurar calidad de la información, y adecuadas sanciones y accesos. Por último, ahora en 2023, el registro fue rechazado junto con la reforma tributaria, sin todavía estar claro su destino.

Para Chile, la creación de este registro es imprescindible no solo por razones tributarias, sino también para combatir el lavado de activos. Cuán importante y necesario es avanzar en ello se confirma al leer el informe anual 2022 del Observatorio del Narcotráfico, que es lapidario. Chile vive una etapa “de expansión del crimen organizado”, que opera bajo un modelo empresarial flexible y moderno. Se estima que las utilidades de negocios ilícitos se incrementaron durante el estallido social (2019), y aún más en pandemia (2020-2021) mientras continúan los esfuerzos de distintas organizaciones criminales “de gran envergadura” por instalarse en el país.

En este contexto, seguir obstaculizando como todos los años el Registro de Beneficiarios Finales es, en el mejor de los casos, como apagar la luz en una panadería para comerse una medialuna - sin mirar que a la vez ingresan desconocidos para robar toda la caja en la oscuridad. Habrá mil razones para que el empresariado no quiera un Registro de Beneficiarios Finales, pero quienes más las disfrutarán serán los narcos.