Columna de Joaquín Vial: “Incendios de bosques, de amenaza a tragedia”
"Si esta tendencia no se rompe, y no se pone atajo a esta acción deliberada de destrucción de capital forestal, estas pérdidas seguirán aumentando en el futuro, poniendo en riesgo más vidas humanas, más puestos de trabajo y también la capacidad del país para cumplir las metas de absorción de CO2 a las que se ha comprometido".
Hace un mes tuvimos en Clapes UC un seminario sobre los incendios forestales en Chile y su impacto económico.
Las exposiciones de Eduardo Vial, exdirector de Conaf; Juan José Ugarte, presidente de Corma, e Isidora Lara, investigadora de Clapes UC, fueron enriquecidas por aportes de autoridades de las organizaciones públicas y privadas involucradas, empresarios y académicos. A continuación, van algunas de mis conclusiones al respecto.
En primer lugar, me asombró el fuerte aumento de eventos catastróficos -a pesar de que el número total de incendios de bosques se ha mantenido en torno a unos 5 mil al año- y los tremendos avances en coordinación, equipamiento y despliegue de nuevas tecnologías de monitoreo y control, especialmente después de los grandes incendios de 2017.
Si bien factores como olas de calor y escasez de precipitaciones han jugado un rol muy importante en la amplificación de los impactos de los incendios, se destacó el aumento de aquellos que han sido intencionales. Se estima que el número de incendios asociados a conflictos territoriales y actos terroristas ha pasado de menos de una o dos decenas al año hace un par décadas, a números cercanos a 500 en las últimas temporadas. Además, se caracterizan por su planificación y coordinación para causar el máximo daño posible, aprovechando la topografía y las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, en el incendio de Santa Ana en febrero pasado, se quemaron más de 70 mil hectáreas y 3 mil casas, causando 19 muertes directas. Es así como una amenaza se convirtió en tragedia.
Se mencionó también que esto ocurre a pesar de que diferentes gobiernos han destinado cada vez más recursos a la prevención y control de incendios; que hay una planificación y trabajo anticipado que permite contar con los equipos más modernos; y que involucra a diversas entidades públicas como Conaf, Senapred, Carabineros, Fuerzas Armadas, así como a gobiernos regionales, empresas forestales, bomberos y las propias comunidades aledañas.
Contra el clima, la sequía y las olas de calor se puede hacer poco y habrá que concentrarse en mejorar la eficacia, incorporando técnicas que ya se usan en otras partes del mundo, como el combate nocturno de los siniestros, así como el uso del fuego, para evitar la propagación de incendios que, de otra forma, pueden quedar fuera de control. También se mencionó en el seminario la necesidad de reforzar el personal permanente de Conaf, amenazado por la escasez de reemplazos disponibles para tomar la posta de profesionales y técnicos que se van retirando.
Donde la sociedad chilena tiene hoy las mayores deficiencias es en el control de los incendios intencionales y no se puede obviar el creciente costo material y en vidas humanas que ellos están causando.
El seminario también permitió conocer algunos de los costos económicos y ambientales de estos eventos, a partir de cálculos, todavía parciales, de las pérdidas de capital causada por los que ocurrieron en la temporada 2017.
En esa oportunidad se quemaron 570 mil hectáreas de bosques, que liberaron 68 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, equivalentes a casi 8 veces las emisiones de todo el parque automotriz ese año. Esas emisiones de carbono, valoradas a un precio de US$44 la tonelada de carbono, se estimaron en US$3.000 millones. Pero, además, hay que considerar que esos bosques (plantaciones y nativos) que se quemaron ya no van a absorber CO2 en el futuro, por lo que la pérdida de estos servicios futuros tiene un valor presente del orden de los US$18.000 millones.
Si esta tendencia no se rompe, y no se pone atajo a esta acción deliberada de destrucción de capital forestal, estas pérdidas seguirán aumentando en el futuro, poniendo en riesgo más vidas humanas, más puestos de trabajo y también la capacidad del país para cumplir las metas de absorción de CO2 a las que se ha comprometido en el marco de los acuerdos internacionales para contener los efectos del cambio climático.
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