Columna de Joaquín Vial: “¿Y ahora, qué hacemos?”
“Al problema de la salud se agregan los temas de seguridad, la debacle de la educación pública y la cercanía del próximo ciclo electoral, los que no dejan espacios para más dilación”.
El Presidente Boric comenzó su gobierno con una ambiciosa -y muy cara- agenda de transformaciones sociales y económicas, que se sustentaba en dos premisas: un cambio constitucional que, al cambiar el régimen político, abriría espacios legislativos para aprobar esas reformas, y una reforma tributaria que diera los recursos que pudieran financiarlas.
La primera premisa se hundió con el fracaso del primer intento constitucional. El rechazo a la propuesta de la Convención mantuvo vigente la Constitución existente, que según se afirmaba en esa época, era un impedimento insalvable para reformas políticas de fondo.
Independiente de que gane la opción del “A favor” o la del “En contra”, el segundo proceso constitucional, no va a cambiar ese hecho. Incluso, si llega a ganar la opción “En contra”, apoyada por los partidos de gobierno, no va a alterar ese cuadro, ya que no va a cambiar la composición del Congreso ni va a satisfacer ninguna de las demandas insatisfechas de la gente. Sólo dejará la herencia de tener que explicar cada vez que sufran un traspié legislativo por qué apoyaron esa opción.
La segunda premisa (subir los ingresos fiscales) tuvo un fuerte tropiezo legislativo, lo que obligó a postergar la reforma y abrir un espacio de diálogo con la oposición para construir un pacto fiscal que dé sustento financiero a algunos componentes de la agenda inicial.
Aprovechando el respiro legislativo, se encargó un estudio a una comisión de expertos liderada por el economista Manuel Marfán, que determinara los impactos fiscales del crecimiento económico y de las principales medidas que están en la mesa de negociación.
La semana pasada la “Comisión Marfán” dio a conocer los principales resultados en un informe cuyos resultados son elocuentes:
1.- Con la economía creciendo al 2% anual y los salarios de los empleados públicos al 1% real anual, no hay holguras fiscales en los próximos 10 años. En otras palabras, no hay dinero fresco para nuevos programas de gastos.
2.- Si bien se hace un ejercicio para evaluar el efecto de una rebaja del impuesto a las utilidades a las empresas sobre el crecimiento, mi impresión es que la conclusión de ese ejercicio y del análisis de los efectos del aumento de dicho impuesto hace una década es que tampoco hay espacios por este lado: la mayor recaudación por un alza de ese impuesto se ve anulada por sus efectos adversos sobre el crecimiento económico.
3.- Las únicas vías para obtener recursos adicionales son una aceleración de las inversiones (con recursos privados) en litio y minería en general, así como una rebaja significativa en el número de trámites y su velocidad de resolución. No es mucho, no llegan a tiempo para financiar gastos durante lo que queda de este gobierno, pero deja un poco de espacio para después.
Luego, el gobierno debe enfrentar la pregunta: ¿Qué hacemos ahora? La sensación que uno tiene es que en el Ejecutivo se está asentando la resignación de que lo mejor es gestionar la escasez, y prolongar las negociaciones sin ceder mucho para no perder apoyo entre sus bases, incluso a riesgo de no poder avanzar en temas tan críticos como las pensiones o la educación.
Desgraciadamente, los tiempos que vienen no lo van a permitir: estamos a las puertas de una crisis mayor en el sistema de salud, que partirá por las isapres, pero rápidamente arrastrará, al menos, a algunas clínicas y centros de salud, para desembocar en un colapso de la salud pública. Es difícil calcular el impacto social y político de dejar a cerca de tres millones de personas en la incertidumbre respecto a sus coberturas de salud. Pero, además, esto va a absorber cuantiosos recursos fiscales, e incluso, es posible que al final del día resulte más barato dar un salvavidas financiero a las isapres que dejarlas quebrar.
Desgraciadamente este no es el único obstáculo para la estrategia de seguir gestionando la cotidianeidad, postergando las definiciones estratégicas que se requieren para enfrentar el derrumbe de los dos pilares que daban sustento a la agenda inicial. Al problema de la salud se agregan los temas de seguridad, la debacle de la educación pública y la cercanía del próximo ciclo electoral, los que no dejan espacios para más dilación.
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