Colusión del Tissue: SCA Chile se jugó todas las cartas ante la Corte Suprema para evitar multa

Fue necesario agregar varias bancas y sillas para acomodar a los equipos legales, público y prensa que llegó ayer hasta la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Allí, y en una audiencia que se extendió por cerca de tres horas, se realizaron los alegatos del recurso de reclamación que la empresa SCA Chile interpuso en contra de la sentencia del TDLC, que la condenó al pago de una multa de US$18,3 millones por la colusión con CMPC.

El juez Sergio Muñoz, presidente de la Tercera Sala, guió los alegatos, que se iniciaron con la presentación de SCA Chile, a cargo del abogado José Joaquín Ugarte (Ugarte Ried Correa), quien insistió en que CMPC ejerció una fuerte coacción en contra de SCA para coludirse, donde incluso la compañía fue amenazada con hacerla quebrar.

Por ello, el profesional insistió en que se debe despojar a CMPC de todos los beneficios que obtuvo al haber sido la primera empresa en delatarse, y traspasarlos a SCA.

Ugarte fundamentó esa línea argumental con dos estudios en derecho, uno de los cuales fue elaborado por el ex presidente del TDLC Tomás Menchaca, material que el abogado de CMPC, Cristóbal Eyzaguirre (Claro & Cía) desestimó, recordando que Menchaca se inhabilitó de la causa del TDLC por haber prestado servicios a una empresa del rubro papelero y porque además su hermano, Fernando Menchaca, ocupó cargos gerenciales en la ex Pisa, cuando Gabriel Ruiz-Tagle estaba en la compañía.

Al round entre las empresas se sumaron los alegatos de Víctor Santelices, jefe de la división de Litigios de la FNE, quien insistió en confirmar la sentencia del TDLC, señalando que no hay evidencia de la supuesta coacción; además del abogado representante de Conadecus Mario Bravo, quien tuvo un duro intercambio con el juez Muñoz respecto de la forma en que se presentó el alegato.

Ahora las partes deberán esperar unos cuantos meses -entre 3 y 6, según estimaciones de conocedores de la materia, para que la Corte Suprema decida si acoger o rechazar la solicitud de SCA.

Tras la audiencia, el abogado Mario Bravo, que representa a Conadecus, se mostró optimista en cuanto a que la Corte resuelva confirmar la sanción a SCA.

"Para hacer uso de cualquier beneficio que conlleve el mecanismo de delación compensada, la parte que lo solicita debe actuar de buena fe, demostrando genuino arrepentimiento.

En el caso de SCA, en el curso del proceso quedó claro que ella actuó de forma oportunista", dijo el abogado.

Por ello, espera que además se le revoque el beneficio de multa reducida al que accede la segunda empresa en delatarse, "y que por cierto se rechace el recurso que presentó ante la excelentísima Corte Suprema", manifestó.

En su intervención, el jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, enfatizó que la fecha del inicio de la colusión fue el año 2000 y no el 2006, como dice SCA, citando como prueba las reuniones efectuadas entre los máximos gerentes de ambas compañías en Las Brisas de Chicureo, donde se habló de precios y participaciones de mercado.

Incluso, fue el propio Gabriel Ruiz-Tagle quien en dicha reunión habría pedido subir los precios.

Santelices también argumentó que no hay evidencia de la coacción por parte de CMPC en contra de SCA y que esta última tuvo todos los elementos a la mano para denunciarse, pero que "hubo que ir a allanarla".

Los alegatos de CMPC tuvieron como objetivo desestimar una a una las acusaciones de SCA.

Respecto de la coacción, el abogado Cristóbal Eyzaguirre señaló que esta imputación es una falsedad, dado que, por un lado, SCA no es una empresa menor, sino que pertenece a una multinacional relevante en el mercado, lo que le da una importante posición en el mismo.

Además, agregó que los máximos ejecutivos estaban al tanto de la colusión y que la empresa habría estado involucrada en un episodio de colusión en Colombia, y que su requeremiento en la Corte Suprema sería un "copy-paste" de la causa presentada en Colombia para obtener algún beneficio.

En cuanto a los beneficios recibidos por CMPC al haberse acogido a la delación compensada, el abogado señaló que "no hay discusión en el mundo sobre que la mejor forma de evitar un cartel es la delación compensada" y que lo único que busca SCA con el recurso es "evadir su responsabilidad y evitar encarar la responsabilidad ante los consumidores".

Enfático fue el abogado José Joaquín Ugarte a la hora de acusar de coacción a CMPC, citando numerosas declaraciones de testigos, en el caso ante el TDLC, donde se habla, por parte de representantes de CMPC, de perjudicar a SCA con la quiebra, lo que a juicio del profesional representa una "amenaza de muerte" en contra de la compañía que representa.

Una de las declaraciones que citó fue la de un ex gerente de CMPC, quien habría manifestado sobre la entonces Pisa que "de esta va a salir con pijama de palo".

El abogado enfatizó que CMPC tiene un largo historíal de conductas anticompetitivas, que han implicado la salida del mercado de al menos cinco actores. Por ello, dijo Ugarte, SCA se habría sentido lo suficientemente amenazada para no rechazar ser parte de la colusión.

Lo que busca SCA con el recurso ante la C. Suprema es que se ponga fin a la impunidad de CMPC, sostuvo. "Todo lo que se necesita para demostrar que hubo coacción está establecido en la sentencia (del TDLC)".