La Corte Suprema de Justicia de Perú puso fin a la prisión preventiva del exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, quien se encuentra detenido en el recinto penitenciario de Pucallpa, ciudad ubicada al noreste de Lima, a raíz de que el ejecutivo se ausentara de su audiencia de formalización en Chile el día 3 de abril. Diez días después de esa instancia, fue detenido por la Policía Nacional del Perú, tras una orden de detención internacional dictada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Sin embargo, eso cambió este miércoles, cuando el máximo tribunal peruano dictó sentencia en favor de Coeymans, quien se encuentra imputado por los presuntos delitos de estafa, lavado de activos y espionaje informático, entre otros. En el laudo, al que tuvo acceso Pulso La Tercera y que cuenta con ocho páginas, se detalla que el ejecutivo “tenía la condición de prófugo” de la justicia chilena y que debido a las diligencias en Perú fue puesto a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de Turno de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Su defensa cuestionó esa detención, pero el recurso fue declarado infundado por el Tribunal Superior el pasado 16 de abril. Posteriormente, el 20 de mayo, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público peruano comunicó que la orden de detención en contra de Coeymans ya no se encontraba vigente.

Lo que sí, el fallo de la Corte Suprema de Perú determinó que sigue vigente “la extradición pasiva simplificada”.

“En ese marco, y mientras continúe el proceso de extradición, el Tribunal Supremo estima necesario dictar de modo conjunto el impedimento de salida del país por el plazo de cinco meses -que será computado a partir de la fecha de la presente resolución- y la comparecencia restringida, en atención a que se cumplen los presupuestos que prevé el numeral 4 del artículo 523 del Código Procesal Penal: la doble incriminación y la gravedad de pena”, estableció la sentencia.

Según ella, Francisco Coeymans tendrá la obligación de comparecer el primer día hábil de cada mes ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, y no ausentarse de su domicilio real fijado en la audiencia, ubicado en el distrito de Barranco, provincia y departamento de Lima, sin autorización de dicho juzgado. Asimismo, el ejecutivo deberá concurrir ante las autoridades vinculadas al procedimiento de extradición, cuando sea citado.

Además, debe proporcionar, en el plazo máximo de 24 horas de notificado con la presente resolución, un número celular y un correo electrónico al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, para las coordinaciones y ejecución de la medida. El tribunal también solicitó a Coeymans sus pasaportes, mientras esté vigente el procedimiento o se decida definitivamente la extradición.

“Es patente que feneció uno de los presupuestos en que reposó inicialmente el mandato de detención preventiva: el requerimiento de captura internacional comunicado a través de la notificación roja de Interpol fue dejado sin efecto por razones jurídicas propias del ordenamiento legal chileno”, consignó la sentencia. Efectivamente, el 9 de mayo la Corte Suprema chilena acogió un recurso de amparo que interpuso el exgerente general de Primus y anuló la orden de detención en su contra. Dicho fallo concluyó que acreditada su ausencia de la formalización, procedía que se solicitara la aplicación del procedimiento de extradición pasiva, pero la jueza del 4° Juzgado de Garantía Mariana Leyton se limitó a despachar una orden de detención.

La libertad del ejecutivo en Perú, se hará efectiva desde las 8.30 am de este viernes.

En paralelo, la mañana de este jueves concluyó la audiencia de formalización en ausencia de Francisco Coeymans y el 4º Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público de iniciar un proceso de extradición en su contra.

En su resolución, la magistrada Estefanía Asenjo concluyó que existen antecedentes suficientes para decretar la prisión preventiva del imputado, declarando la procedencia de pedirla en Perú.

“Dada la gravedad de las imputaciones; las penas asignadas a los delitos imputados; el carácter de los mismos (teniendo en cuenta que se utilizó a ciudadanos extranjeros en su comisión), el monto asociado a la defraudación, que si bien es estimado, supera con creces los valores máximos señalados por la ley para delitos patrimoniales; que los ilícitos habrían sido cometidos en grupo o pandilla; como también, que habrían habido intentos del imputado de eliminar evidencia e incluso amenazar a ejecutivas que trabajaron para él en la empresa, considera este tribunal que existe un evidente peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias investigativas”, señaló la resolución del tribunal.

Añadió que “las conductas previas del imputado, desde que tomó conocimiento que sería formalizado por estos hechos, además de existir audios que darían cuenta de su intención de arrancar del país en caso de ser formalizado por estos delitos, su incomparecencia a la audiencia de formalización y no regreso a Chile, una vez que pudo hacerlo, situación por la cual incluso se está solicitando incluso un procedimiento de extradición, este tribunal ve un latente peligro de fuga”.