Cristina Torres: “La iniciativa de las exenciones tributarias no es algo que impacte directamente en el financiamiento de las medidas de hoy”

Lleva poco más de dos meses en el cargo. Cristina Torres asumió la Dirección de Presupuestos (Dipres) el 2 de abril y de allí en más ha tenido que ayudar a sacar adelante los planes de emergencia que el gobierno ha impulsado para paliar los efectos que la crisis sanitaria ha provocado en las familias y en las pymes. Esta semana se despachó la agenda de mínimos comunes del Congreso, que llevará al Ejecutivo a desembolsar US$ 11.131 millones extras. Con ello, este año se gastarán US$ 22.259 millones en ayudas por el Covid.

En su primera entrevista desde que llegó al cargo, la directora de la Dipres entrega luces de cómo queda la situación fiscal del país tras estos nuevos compromisos de gasto.

El gobierno cerró esta semana la agenda de mínimos comunes con el despacho a ley del proyecto de ayuda a las pymes. ¿Fue un buen acuerdo con la oposición?

Es un buen acuerdo, pero no solamente con la oposición, sino que es un buen acuerdo para el país. A mí no me compete, desde la Dirección de Presupuestos, calificar si es un buen o mal acuerdo desde el punto de vista político, pero sí es un buen acuerdo para la ciudadanía. Las cuarentenas anunciadas el jueves dejan una vez más en evidencia la necesidad de que los recursos del Estado estén a disposición para que las personas puedan cumplir con ellas, para que todos nos podamos cuidar. Y también para las pymes que no han podido trabajar.

En su Informe de Política Monetaria el Banco Central dijo que el cambio de escenario en crecimiento se debe, en parte, a que la política fiscal agregará un impulso superior al contemplado en marzo, pasando del 5% al 25% la expansión del gasto este año. ¿Será así?

Nuestras estimaciones las vamos a dar a conocer en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre que se publicará a principios de julio. Tenemos que calibrar ese gasto presupuestario con todo esto. El plan de mínimos comunes se cerró el viernes, pero nuestras estimaciones están en línea con las del Banco Central. Esto es comparado con el gasto efectivo de 2020.

Entonces, ¿el gasto público crecerá del orden del 25% este año?

Tenemos que calibrar no solo cuánto cuesta el plan completo, que está llegando a 5 puntos del PIB, sino que también el incremento tiene que medirse en cómo será la ejecución presupuestaria, la ejecución de las inversiones, una serie de otras variables. Lo que podemos decir es que el crecimiento del gasto fiscal estará en línea con la estimación del Banco Central.

En total, ¿cuánto es lo que ha gastado el gobierno en los distintos planes de emergencia?

En ayuda directa a personas y pymes, el monto llega a US$ 28.989 millones, que equivale al 7,4% del PIB. Esto se divide en US$ 6.731 millones en 2020 y US$ 22.259 millones en 2021.

En el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre se proyectaba que el déficit fiscal efectivo sería del 3,8% del PIB, y el estructural, del 6% del PIB. ¿Cuánto cambia eso ahora?

Sin duda se corregirán las cifras. Tenemos que incorporar los 5 puntos del PIB que implica el financiamiento de este paquete casi completos a esos déficits. Eso está en proceso de calibración. Tenemos que incorporar los menores ingresos de las medidas de alivio tributario para las pymes, pero también los mayores ingresos por crecimiento y cobre que podamos tener. Eso nos dará el déficit, pero claramente ambos se ampliarán, siendo mayor el déficit estructural que el efectivo.

¿Por qué será mayor el déficit estructural que el efectivo?

La diferencia se debe a que el aumento de los ingresos estructurales, producto del mayor precio del cobre, es menor que el incremento estimado para los ingresos efectivos. Por eso, el déficit efectivo, que considera los ingresos efectivos más altos, resulta menor que el estructural. Por otra parte, el mayor gasto que se está realizando este año se incorpora en los dos déficits en igual magnitud.

En el Informe de Finanzas Públicas de marzo se proyectó que la deuda pública cerraría este año en un 33% del PIB y en 2024 en un 39,5%, ¿ahora en qué nivel se situaría?

Esto va en línea con el mayor déficit fiscal. Es un número que estamos revisando, pero esperamos que la deuda se siga estabilizando en torno al 40% del PIB al 2024. Pero eso depende también de cómo esté la actividad económica y el compromiso de la responsabilidad fiscal de ir retirando este mayor estímulo fiscal que siempre fue pensado como transitorio y, por tanto, hay que ir revisándolo.

¿Se tiene definida la estrategia para financiar estos mayores recursos?

Cuando uno define una estrategia de financiamiento, tiene que calibrarla de la mejor forma, dependiendo de las condiciones de mercado. Si las condiciones son favorables a la deuda se toma ese camino, si no, se busca cómo se puede utilizar un mix entre deuda, uso de activos (fondos soberanos) y espacios de reasignaciones. En la Ley de Presupuestos 2021 nosotros tenemos una autorización de endeudamiento de US$ 20 mil millones, pero no olvidemos que el Fondo Covid del año pasado nos autorizó a un endeudamiento por US$ 8.000 millones y eso no se ha utilizado. Hay un espacio de endeudamiento, tenemos nuestros activos del Tesoro Público, y nuestros espacios de reasignaciones. Ese es el mejor mix que queremos utilizar.

El gobierno ha anunciado varias veces que ingresará un proyecto de exenciones, pero aún no se concreta. ¿En qué etapa está? ¿Cuándo se presentará?

Las exenciones tributarias es una discusión que nos entregará recursos a mediano plazo. El Presidente de la República lo anunció en la Cuenta Pública y el ministro de Hacienda también lo ha dicho, y por eso, es un tema que está sobre la mesa. Tenemos que trabajar en esa iniciativa, pero no es algo que impacte directamente en el financiamiento de las medidas de hoy. A políticas transitorias, necesidades de financiamiento transitorias. Las exenciones entregan de forma permanente mayores ingresos, entonces no es una materia que esté inmediatamente en esta discusión.

De acuerdo a los últimos cálculos de Hacienda, los mayores recursos por cobre fluctuaban entre US$ 8.000 y US$ 10.000 millones. ¿Ahora tienen una nueva estimación?

n el último Informe de Finanzas Públicas los mayores ingresos por cobre fueron estimados en torno a los US$ 8.000 millones, con un precio de US$ 3,99 la libra. Estamos revisando al alza dichos ingresos, considerando un precio promedio cercano a lo que ha señalado el Banco Central, lo que deberá sumarse a otros ingresos, producto de la actividad económica, para definir la estrategia de financiamiento de este nuevo paquete.

En su análisis el Banco Central asume que no se va a mantener este impulso fiscal masivo y que se irá retirando para focalizarse en 2022 y 2023 solo en los más rezagados. ¿Lo comparten?

Hay que distinguir entre gasto regular y el impulso inyectado producto de la pandemia. Y en ese sentido, la senda de ir retirando dicho impulso quedó definida el año pasado en el propio diseño del Fondo Covid. Dicho eso, el objetivo, en la medida que la pandemia lo permita, es efectivamente retirarlo y enfocarse en los sectores que sigan más afectados.

Es decir, ¿el gasto público debiera estar creciendo muy poco el próximo año?

Si distinguimos entre lo que es gasto regular y el gasto Covid, el primero debe seguir su propia senda y el gasto Covid, retirarse, porque siempre fue concebido como transitorio. Nuestro país ha definido una senda de responsabilidad fiscal que la pandemia no puede cambiar.

¿Con este mayor gasto se cierra la llave fiscal o hay espacio para nuevas medidas?

No podemos decir si se cierra o no la llave, porque tenemos que estar a disposición de la pandemia. No obstante, tenemos el compromiso de la responsabilidad fiscal, pero también de la responsabilidad con la ciudadanía. Aquí se tomaron medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios. Y nadie puede pensar que este impulso fiscal llegó para quedarse. Este impulso fiscal es excepcional. A mí no me gusta decir que vamos a volver a la responsabilidad fiscal, porque siempre la hemos tenido. Solo que esa responsabilidad fiscal debe alinearse con la responsabilidad que tenemos con los ciudadanos. Este impulso es transitorio, se diseñó de esa forma, y la senda de convergencia la hemos tenido siempre. No es responsabilidad de un gobierno, es una política de Estado.