Hay una ”mayoritaria desconfianza en el Estado como administrador y percepción de riesgo de mal uso de los fondos con fines políticos”. Esa es una de las conclusiones de un reciente estudio sobre el sistema de pensiones realizado por Criteria -cuyo trabajo de campo tuvo lugar la segunda quincena de agosto-, por encargo de la Asociación de AFP.

Lo anterior, considerando que el 43% de los encuestados responde que está “en desacuerdo o muy en desacuerdo” con la afirmación “me da más seguridad que el Estado administre mi cuenta a que lo hagan los privados”, mientras que un 30% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y que solo un 27% está de acuerdo o muy de acuerdo.

Asimismo, el 48% está de acuerdo o muy de acuerdo con la frase “desconfío en el Estado como administrador de mi fondo de pensiones”, a la vez que un 24% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 28% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Pero la mayoría más amplia se la lleva el 59% que está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: ”Si mi fondo de pensiones es administrado por el Estado, será mal utilizado por los políticos”. Por su parte, un 23% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 18% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Al respecto, el director de Criteria, Cristián Valdivieso, plantea que se observa una evaluación “que se relaciona también con el imaginario general que se está viendo sobre el Estado y sobre el gasto de las platas públicas, y por lo tanto, el contexto hoy día no favorece la mirada o posición de la ciudadania para entregar dinero al Estado, porque estamos inmersos en casos de corrupción, más allá de si son del gobierno o gobernaciones. En general, la mirada es que el Estado ha sido poco diligente con el dinero público”.

Valdivieso agrega que, por eso, “por mucho que de pronto haya gente que diga que un fondo colectivo puede favorecerla, la sensación es de que ese fondo colectivo se puede romper de un día para otro y ser mal usado”.

El sondeo de Criteria concluye que “se dividen las opiniones en torno a si privados o el Estado generan más confianza como administrador. Sin embargo, se juzga significativamente mejor la gestión y la calidad de atención del sector privado”.

Esto último, teniendo en cuenta que el 54% está de acuerdo o muy de acuerdo en que “si la administración del servicio fuera entregada solo por una entidad estatal, habría más burocracia y lentitud en la atención”. El 31% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 15% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

En esa misma línea, un 51% está de acuerdo o muy de acuerdo con que “el Estado solo debería dedicarse a regular y controlar y no a administrar y gestionar los ahorros previsionales”. El 26% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 23% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

En tanto, un 39% está de acuerdo o muy de acuerdo con que “los privados son capaces de gestionar las inversiones mejor de lo que podría una entidad estatal”. El 35% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 26% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Por último, un 33% está de acuerdo o muy de acuerdo con que “una administración estatal da más confianza que un administrador privado”. El 33% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 34% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

En todo caso, hay un “alto nivel de acuerdo entre la población con introducir competencia estatal a la gestión del ahorro previsional”, señala Criteria, ya que un 55% está de acuerdo con ello.

Por otro lado, hay un “mayoritario desacuerdo con una propuesta de reforma que imponga a los usuarios el ser atendidos solo por el Estado”, ya que un 53% no apoya el atenderse en “un organismo estatal único sin posibilidad de elección”.

En paralelo, un 42% prefiere ser atendido por un organismo estatal para todas las atenciones en materia de pensiones, y un 58% prefiere ser atendido por su AFP.

La encuesta también revela que hay una alta adhesión a que los empleadores aporten un 6% extra de cotizaciones, donde un 51% está de acuerdo, el 24% se manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 25% está en desacuerdo.

Pero cuando se consulta por el destino del 6% extra, el 69% quiere que todo vaya a su cuenta individual, mientras que un 31% prefiere que vaya un 2% a cuenta individual y 4% a un fondo común para financiar pensiones actuales y futuras.

Entre la amplia mayoría que quiere que todo vaya a la cuenta propia, destacan las mujeres (73%) antes que los hombres (63%). Asimismo, sobresalen las edades que van entre los 18 a 44 años (70%) y quienes están entre los 45 a 59 años (69%), antes que los mayores de 60 años (61%). En cambio, no hay una diferencia significativa entre los segmentos socioeconómicos alto-medio alto (65%) y bajo-medio bajo (70%).

Finalmente se presentan cuatro afirmaciones sobre el 6% extra, y la gran mayoría responde estar de acuerdo o muy de acuerdo con todas ellas: que “debería ser heredable en su totalidad” (84%), que “debería ir a tu cuenta individual” (75%), que “el aumento de las pensiones actuales debe financiarse con impuestos generales, no con la cotización adicional de quienes están trabajando” (67%), y que “usar tu parte de la cotización adicional del 6% para un fondo común es injusto para quienes se han esforzado para ahorrar más” (65%).