Desde la crisis de las isapres al “caso convenios”: los riesgos que advirtió el CFA ante el Congreso

Una serie de riesgos para las finanzas públicas, como la caída de los ingresos de Codelco o el gasto en la PGU, expuso este martes el presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, en el marco de la presentación de su informe semestral ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso.

En su presentación, Rodríguez dijo que en 2023 se han materializado riesgos que el CFA había advertido, como una menor actividad minera, la caída de precios del cobre y el litio, una reactivación económica débil y mayores presiones de gasto. Además, comentó que el déficit fiscal estructural como el efectivo para 2023 han experimentado revisiones al alza (a 2,1% y 1,9% del PIB, respectivamente),” y podrían tener nuevas revisiones en esa dirección”.

En esa línea, indicó que el déficit proyectado para 2023 se debe principalmente a la reducción de los ingresos efectivos, que se espera muestren una disminución significativa de 10,9% en comparación a 2022, lo que “se debe tanto a la caída de los ingresos mineros (minería privada y el cobre bruto de Codelco), donde destaca el efecto de los mayores costos de producción, y los ingresos no mineros, por un desempeño más bajo a lo esperado de la Operación Renta”.

Adicionalmente, dijo que “por el lado de los gastos, han existido presiones al alza debido a los paquetes de medidas de emergencia por fenómenos climáticos y por un mayor gasto en salud”, donde “en los últimos meses se observa un aumento en el gasto de prestaciones previsionales, explicado por un mayor número de beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU)”.

Además, respecto del caso de la reciente rectificación de la ejecución presupuestaria del mes de junio, el CFA dijo que “sería una contribución que se informen las razones de la misma y las medidas tomadas para evitar que se repitan situaciones de esta naturaleza”.

En el informe, se detalló que “es necesario contar con más información pública sobre los costos y fuentes de financiamiento de la PGU para reducir incertidumbre, así como del reciente anuncio de menores ingresos fiscales por US$2.500 millones y el consiguiente ajuste de gastos”.

Respecto de la deuda pública bruta, insistió que ésta alcanzará en 2023 un nivel prácticamente igual al registrado al cierre de 2022 (38% del PIB), aunque “si bien esto está por debajo del nivel prudente establecido por la actual administración, del 45% del PIB”, insistió en que debe lograrse que la deuda se estabilice por debajo de dicho nivel, pues por contrapartida la deuda neta “pasaría desde 31,9% del PIB en 2022 a 33,3% del PIB en 2023″, lo que se debe principalmente a “la caída de los activos del Tesoro Público”.

Por esto, el CFA llamó al Ministerio de Hacienda para retomar la consolidación de las finanzas públicas. El CFA agregó que los riesgos que había alertado el CFA pueden repetirse en 2024, por lo que el deterioro fiscal podría extenderse en los próximos años. En ese sentido, sostuvo que si bien la deuda bruta en 2023 tendrá un crecimiento leve, preocupa su proyección al alza hasta 2025. Ante esto, el CFA hizo un llamado a que los poderes Ejecutivo y Legislativo refuercen el compromiso con la sostenibilidad fiscal.

En el peor de los escenario graficados por la institución, con gastos permanentes del pacto fiscal, pero sin financiamiento, la deuda podría subir a cerca de 80% del PIB en 2068.

En materia de riesgos a monitorear, el presidente del CFA sostuvo que “es responsabilidad del Ejecutivo monitorear los múltiples factores de riesgo que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo”, como son por ejemplos los riesgos financieros a nivel internacional o la incertidumbre global.

Pero en el plano local, Rodríguez apuntó que es necesario monitorear los potenciales efectos fiscales de una crisis financiera de las isapres. Respondiendo a los parlamentarios, Rodríguez dijo que en el marco de los análisis que se están haciendo en la comisión técnica que está a cargo de ley corta de isapres, es necesario incorporar la sostenibilidad fiscal, pues si hay “un traspaso importante de usuarios de isapres a Fonasa, si esa fuera la solución final, eso implicará ingresos y gastos, pero el punto es que esos usuarios de isapres realizan cotizaciones adicionales voluntarias para pagar su plan de salud, si vienen al sector público pudiera que paguen sólo su 7%, ese es el tipo de análisis que hay que hacer”.

También, señaló Rodríguez, se deben monitorear las definiciones en materia de institucionalidad fiscal en el proceso constituyente y su impacto en la sostenibilidad fiscal, donde se deben incorporar, a su juicio, principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, fortalecer la iniciativa presidencial exclusiva en materia de gasto, así como controlar las presiones de gasto que pudieran surgir desde los Tribunales de Justicia.

Además, enfatizó sobre la caída en la producción de Codelco y la incertidumbre que ello genera respecto de su aporte a las arcas fiscales en el mediano y largo plazo. En esa línea, sostuvo que “los retrasos en proyectos y la disminución en las leyes del mineral son factores relevantes para la capacidad de la minera estatal de generar aportes al Fisco. El Consejo advierte sobre la posibilidad de que estos aportes disminuyan si esta tendencia persiste, lo cual haría necesario ajustar el gasto o buscar fuentes de financiamiento alternativas que permitan cumplir con la convergencia del balance estructural”.

Consultado por los parlamentarios sobre el cobre, el presidente de CFA indicó que “nuestro primer llamado es encender la luz amarilla de alerta para construir un diagnóstico sobre la materia”, pues si de aquí a 2030 los ingresos seguirán cayendo, “entonces el sector público tiene que tomar una decisión para reemplazar esos ingresos con otra cosa que, eventualmente, pudieran ser los del litio, pero sólo en su parte permanente”.

Justamente sobre el valor del litio, también mostró sus discrepancias con la metodología de la Dipres para proyectar el precio del litio, pues el CFA planteó la necesidad de considerar el valor del mineral en los últimos 10 años para elaborar una base estadística para fijar un valor promedio futuro, y no los cinco que propone la dirección.

Por último, también insistió Rodríguez en un décimo riesgo, relacionado con la disminución de confianza sobre el buen uso de los recursos públicos. Según el informe, “cuando los ciudadanos pierden confianza en la correcta gestión de los recursos públicos, esta moral se erosiona, y podría implicar una menor disposición de la ciudadanía y de distintos sectores políticos para avanzar en un pacto fiscal. Por ello es importante prevenir que ocurran hechos como el llamado “caso convenios”, sancionarlos cuando sucedan y tomar medidas correctivas para que no se repitan”, por lo que “es necesario aumentar los estándares en materia de evaluación, control de gestión y transparencia del gasto público”.