Un escenario poco alentador para la economia detalló el sexto Reporte de Insolvencia de Chile (RIC), trabajo conjunto de Fix Partners Advisors, Castañeda Abogados y la Escuela de Negocios de la UAI.

El estudio reveló que la deuda promedio reestructurada de empresas sometidas a un proceso de reorganización concursal subió 19% en el tercer trimestre de 2022, pasando de $21 mil millones en el segundo trimestre a $25 mil millones.

El informe verifica las principales tendencias que se venían observando; empresas medianas-grandes son las que más se reorganizan y compañías pequeñas no han podido beneficiarse de la Ley N 20.720. El mismo documento consignó que los casos están concentrados en dos sectores de la economía: construcción y agrícola, los cuales se han visto fuertemente afectados por la desaceleración.

Según Ernesto Solis, CEO de Fix Partners Advisors “la deuda reestructurada ha crecido un 1.600% (16 veces) entre el tercer trimestre de 2021 versus el tercer trimestre de 2022. En dicho periodo, para el 2021, el PIB había crecido un 17,2%, y estábamos frente a un exceso de liquidez (de nivel grotesco) que calentó la economía, generando una presión en los precios que hasta hoy se mantiene.

“Hoy la situación es diametralmente distinta. Con una inflación en que todavía no se sabe cuando y cómo empezará a disminuir, con una presión de costos (logísticos, mano de obra, costos financieros, etc) creciente, y con una demanda interna y externa ralentizada, es evidente que las empresas están viendo sus márgenes reducidos y afectando seriamente su liquidez y capacidad de servir sus deudas”, agregó.

Según el informe la mayor deuda reestructurada durante el tercer trimestre correspondió al sector de construcción e inmobiliario con $195 mil millones, luego vienen empresas del rubro agrícola con $63 mil millones y manufacturas con 54 mil millones. Se trata de un fuerte incremento del primer grupo si se considera que en el segundo trimestre de 2022 estaba en tercer lugar de los sectores de comercio ($153 mil millones) y agricultura ($49 mil millones).

Los principales casos de reestructuración para el tercer trimestre del 2022, corresponden a La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A. ($115,5 mil millones); Inmobiliaria Santander S.A. ($62,7 millones) e Industrias Campo Lindo S.A. ($39,9 mil millones).

Consultado Solís sobre cómo debiera evolucionar la insolvencia de las empresas durante lo que queda del año, respondió: “Es verdad que parte de lo que está pasando en Chile es por un contexto global complejo y de similares características con alta inflación, costos crecientes y caída de demanda, sin embargo, los fenómenos de insolvencia se pueden potenciar o mitigar en función de variables internas. Dichas variables internas pueden darse en una economía en particular, como también en una empresa en particular”.

Respecto de la economía en Chile, creo que hay varios elementos a considerar, ya que todavía no se promulga las indicaciones a la ley 20.720 en que básicamente se quiere reducir los costos de entrada a un proceso de reorganización concursal, lo que beneficiaría a muchas empresas pequeñas. Parece que nuestros políticos están preocupados de otras cosas.

Por otro lado, según Solís “se están impulsando reformas estructurales, tributaria y de pensiones, que más allá de las buenas intención y necesidad, generan incertidumbre en la inversión. El plan de atracción de inversión ha sido básicamente “postergar” alzas de impuestos”.

Al mismo tiempo “no está resuelto el mecanismo de modificación de la constitución. En cualquier caso, todo indica que el plebiscito de salida sería el 2024. Es evidente que esta incertidumbre afecta la economía. Mirada ideológica del proceso de salvataje de una empresa. Existe mucha evidencia que cuando una industria enfrenta un proceso de shock de liquidez, mientras más rápido y coordinado se actué, aumenta la probabilidad de rescatar empresas”.

Para el ejecutivo los fenómenos de insolvencia son graduales, lo anterior implica que es clave anticiparse de manera de generar planes de acción concretos. Significa tener las capacidades para ir monitoreando sectores de la economía. Por ejemplo; existen modelos sectoriales predictivos que se podrían utilizar para estimar la real situación de una empresa, y su probabilidad de entrar en estrés. El derecho concursal es sobre todo de carácter privado, quiere decir, que es un problema de acreedor y deudor, y que ellos debiesen resolver la situación de insolvencia.

Sin embargo, “cuando vemos (del informe) que los fenómenos se están concentrado en algún sector de la economía, se pierde esa condición y pasa a ser un problema de carácter público. Al parecer no era tan neutro el costo de quiebra de la reciente constructora Claro, Vicuña y Valenzuela. Es por lo mismo, que no hay que tener complejos en hablar de salvatajes de una empresa. No hay detrás una ayuda al empresario, si no que la búsqueda de mantener fuentes laborales, devengo de impuestos, activos que generen invocación o nuevas tecnologías, etc”, afirmó.