Diputados aprueban proyecto de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal que incluye impuestos a altos patrimonios

Con críticas al financiamiento y con alusiones directas para que el gobierno busque nuevas fórmulas para allegar recursos, la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el proyecto de exenciones tributarias que busca aportar 0,35 puntos del PIB, unos US$1.000 millones de los US$3.000 millones que cuesta el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y lo despachó al Senado.

Pero esta aprobación no fue fácil y el camino que queda para su despacho total del Congreso se anticipa complejo. Así por 130 votos a favor la iniciativa se aprobó en general y en particular.

Este proyecto incluyó la indicación que propone un impuesto a los llamados “súper ricos”. Se trata de una que introduce un impuesto al patrimonio con tasas diferenciadas según monto del patrimonio. Entre US$5 millones y US$22 millones se pagará una tasa de 1,5%, mientras que el patrimonio por sobre US$22 millones pagará una tasa de 2,5%. Hacienda de inmediato alertó que era una propuesta inconstitucional.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, realizó reserva de constitucionalidad. El trámite sigue ahora en el Senado.  Y al término de la sesión, el titular de las finanzas públicas reiteró que se “seguirá dialogando” para buscar un acuerdo.

“El proyecto avanzó con la unanimidad de la sala y eso quiere decir que tenemos un muy buen proyecto. Hay discusiones políticas como siempre, pero los hechos hablan por sí solo. Quedan cosas por ponernos de acuerdo y espero que todos, como clase política, demos soluciones a los chilenos”, dijo Cerda

Durante la sesión, los parlamentarios argumentaron en su mayoría en la necesidad de contar con nuevos recursos, no obstante, todos se alinearon con la idea del acelerar la tramitación y por ello, ahora la negociación se trasladará al Senado. Ahí se espera que el gobierno entregue alguna nueva propuesta de financiamiento.

El diputado DC, Matías Walker sostuvo que “hay mayor espacio para fin de exenciones en mayor valor de acciones y de Fondos de Inversión Privado”. Asimismo, dijo que el IVA a la construcción no debe aplicarse a viviendas sociales”. Y valoró que se pueda aplicar el impuesto al patrimonio debe ser por única vez y de iniciativa del ejecutivo.

Mientras que Manuel Monsalve (PS) añadió que “de los US$3 mil millones que cuesta, la propuesta solo financia US$1.000 millones, por ello, se requieren recursos adicionales. Nosotros como oposición estamos entregando una solución al gobierno hemos aprobado, un impuesto a los súper ricos y hemos planteado la alternativa de revisar una mayor cantidad de exenciones tributarias”.

A su turno, Tucapel Jiménez (PPD) comentó que “lo que no puede ocurrir es que se rechace este proyecto, porque no se puede jugar con las pensiones de la gente. Tenemos un deber ético de aprobar y la responsabilidad de buscar financiamiento en 100% tiene que ser del gobierno”.