Economía y nueva constitución: cambios y resultados de cinco países que reescribieron su Carta Magna en las últimas décadas

Situaciones sociales y políticas han sido el motor principal de las más recientes reescrituras de constituciones en el mundo. En el vecindario, fue Colombia la primera que optó por esta vía para abrir un nuevo capítulo en su historia, pactando la paz con el Movimiento 19 de Abril y dejando atrás años de guerra civil.

En los casos que le siguieron, fueron los cambios de régimen político los que impulsaron el proceso: la llegada al poder del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Alianza País de Ecuador y del Movimiento al Socialismo de Evo Morales en Bolivia. Este último, que además se distinguía como el primer gobierno indígena del país.

Las nuevas visiones quedaron plasmadas en las definiciones económicas que se establecieron en las respectivas cartas magnas. Y aunque en todos los casos crece el rol del Estado, las magnitudes son distintas en cada país y también los resultados de la economía. Ad portas de iniciar el proceso constituyente en Chile, revisamos estas experiencias.

La Carta Magna ecuatoriana de 2008, con la firma de Rafael Correa, pretende pasar la economía de una organización capitalista a una mixta. “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”, reza el texto.

Para trazar la ruta de la consecución de esa meta general, la Constitución ecuatoriana enumera nueve objetivos específicos para la actividad económica, partiendo por “asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional”.

En este marco, el país pasó de tener un gasto público del 25% del PIB en 2007, a uno del 44% del PIB en 2015, al tiempo que los ingresos producto del mayor precio del petróleo aumentaban.

Para ese año, el déficit fiscal superaba el 7% y la actividad se aguó con un crecimiento casi nulo de 0,1%, al que le siguió una contracción del 1,2% en 2016. Con un repunte en 2017, la actividad continuó con una tendencia a la baja los años siguientes, de la mano de la caída de los commodities.

En 2019, Ecuador se vio obligado a requerir un préstamo de US$ 4.200 millones al FMI, el cual con exigencias de ajuste complica la situación política interna del país, que vivió su propio estallido social semanas antes del que tuvo lugar en Chile.

Un año y dos meses duró todo el proceso constitucional en Colombia, desde que en las elecciones presidenciales de mayo de 1990 el gobierno agregó la consulta por una asamblea constitucional, elegida democráticamente para la reforma, hasta julio de 1991, cuando se promulgó la nueva Constitución.

Guillermo Perry, fallecido exministro de Energía y Hacienda de Colombia y uno de los más activos participantes en la asamblea constituyente, detalló en un artículo que hubo una preocupación por superar el “supuesto erróneo” sobre el antagonismo entre Estado y mercado en la nueva Constitución de 1991. “Nos guiamos por el principio de ‘tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario’”, de manera que quedara consignado que “el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”, sostuvo en dicha publicación. Pero la Constitución de ese país va más allá y se declara neutra respecto del modelo económico, afirmando que cómo se configura la economía es materia de ley.

Con todo, la nueva Carta Magna llegó en momentos en que temas como la inflación eran un problema relevante. Así, se decide otorgar la autonomía al Banco Central para “regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito” y consignando, en todo caso, que estas funciones “se ejercerán en coordinación con la política económica general”.

Durante los cinco años posteriores tras la aprobación de la nueva Carta Magna, la inflación se mantuvo en los mismos niveles que los cinco años previos (en torno al 25% anual). Recién 10 años después del hito en cuestión las variaciones anuales de los precios cayeron de los dos dígitos y desde entonces la inflación no ha sido un problema relevante en la economía colombiana. Lo mismo pasó con el crecimiento económico, que en promedio se mantuvo en un 4,6% en el lustro posterior, la misma media que los cinco años antes. Pero el auge de los commodities a nivel global y la menor violencia hicieron que ya durante la década pasada el crecimiento tomara fuerza.

La inversión extranjera directa en Colombia también subió tras la nueva Constitución, en línea con la apertura económica, la que incluyó cambios en la legislación laboral, tributaria y cambiaria, facilitando la llegada de más capital. Esto se aceleró a mediados de la década del 90 y luego de una baja volvió a tomar velocidad a partir de los primeros años del 2000, coincidiendo con el mayor precio del petróleo, teniendo como principal origen del capital extranjero a Estados Unidos.

“Que los cambios constitucionales afecten o no la economía y el clima de negocios en un país depende de la dinámica política de los mismos. Los reemplazos constitucionales generan mayor incertidumbre que una reforma parcial o una enmienda, pues pueden afectar distintas partes de la Constitución. Sin embargo, si el proceso transcurre conforme a canales legales preestablecidos, tiene características pluralistas, el nivel de polarización entre las distintas fuerzas políticas en cuanto a aspectos fundamentales del sistema económico y político es bajo, y los cambios tienen amplia aceptación social, no hay razón por la cual un reemplazo constitucional resulte económicamente disruptivo. Así fue, por ejemplo, el caso de Colombia, en donde la nueva Constitución mejoró el clima económico en el país”, señala Gabriel Negretto, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica.

Un caso emblemático de fracaso en sus políticas económicas y sociales es Venezuela, país que tuvo una nueva Constitución a partir de 1999.

La Constitución bolivariana se muestra en línea con lo que definieron otros países de la región, al establecer que “el Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía”. No obstante, en este caso, el Estado consigue varias atribuciones particulares. “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela”, es una de ellas, asegurando la mantención de la nacionalización realizada en la década de los 70.

Pedro Palma, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela y académico del Instituto IESA de Caracas, afirma que “la Constitución que resultó fue bastante buena, mucho mejor de lo que la gente esperaba. Lo que sucedió es que (Hugo) Chávez se fue radicalizando, dando demostraciones fehacientes de autoritarismo, de imposición de su voluntad, como la toma de control total de PDVSA. Entonces, lo que hay es una violación tras otra, flagrante, de la Constitución, lo que continuó con Maduro”. Gabriel Negretto, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, puntualiza que “los casos de Venezuela y Ecuador fueron disruptivos, porque fueron controlados por un único grupo político que excluyó toda oposición”.

Con todo, Palma agrega que “se podrá tener la mejor Constitución del mundo, pero eso no tiene ninguna relevancia, porque las constituciones se pueden violar en circunstancias como la de Venezuela”. Es más, se señala que la oposición defiende la Constitución y acusa permanentemente al chavismo de violarla.

De hecho, tras la aprobación de la Carta Marga, el PIB subió en promedio un 1,8% en los cinco años siguientes, el doble de lo hecho el lustro previo.

Lo que vino después fue una montaña rusa. Entre 2004 y 2009 el crecimiento del PIB venezolano fue, en promedio, del 10,5% anual, impulsado casi únicamente por el precio del petróleo, que llegó a superar los US$ 100 el barril. Cuando se acabó el boom de los commodities, todo se derrumbó. Así, desde 2014 que el país no sabe de expansión de su economía, mientras su sector petrolero se encuentra por el suelo, golpeado principalmente por una mala gestión -que lo ha obligado incluso a importar combustible- y sanciones de Estados Unidos, de manera que se espera que sus exportaciones se limiten a US$ 2.300 millones, frente a los US$ 90.000 millones que logró en sus mejores años. Lo anterior, acompañado de una inflación descomunal de casi 20.000% en 2019, de acuerdo al FMI.

Este escenario de desmoronamiento de la economía de Venezuela hizo que pasara de ser el país con el mayor PIB per cápita de la región a inicios de la década de 1980, a estar entre los peores. De hecho, desde 2018 el FMI ya no mide esa variable para ese país, por la falta de datos fidedignos, aunque en ese momento solo superaba a Bolivia y estaba al mismo nivel que tenía a inicios de la década del 2000.

Además, según datos de la ONU, durante la década que termina, Venezuela fue uno de los países que perdió más inversión extranjera directa, reduciéndola en cerca del 33% en relación a inicios del 2010.

Tras el apartheid, en Sudáfrica refrendaron una nueva Constitución -en 1997- que ha tenido consecuencias en el área económica y, por lo cual, se incluye en este recuento. Por ejemplo, decidieron darle rango constitucional a su Banco Central". Con esto, de una inflación promedio anual del 12,2% en la década previa, se pasó a una del 5,6% en los 10 años posteriores, mientras que en 2019 cerró en un 3,3%.

Aunque la Carta Magna se distingue por ser una de las primeras en garantizar derechos socio-económicos, no implicó diferencias significativas en el crecimiento de la economía. Previo a la Constitución, el PIB promediaba un alza cercana al 3%, y durante los cinco años posteriores llegó al 2,7%, aunque en la actual década tiene una media de solo 1,7%.

El desempleo en los últimos años ha aumentado, y se mantiene una fuerte desigualdad entre las personas blancas, mixtas y negras. La pobreza en este último grupo se calcula sobre el 60%, mientras que entre los blancos está en torno al 1%.

En el caso de Bolivia, su Carta Magna promulgada en 2009 instala conceptos menos afines al mercado.

Apegada al carácter plurinacional de Bolivia que se consagra en ese proceso, el modelo económico también se caracterizó como “plural”, lo que implica que “articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia”, según establece el texto que lleva la firma de Evo Morales.

Adicionalmente, si bien el documento reconoce el “derecho a la propiedad privada individual o colectiva”, se garantiza siempre que el “uso” que se haga de ese derecho “no sea perjudicial al interés colectivo”. De no ser así, queda estipulada la opción de “expropiación”, con una “previa indemnización justa”.

De esta manera, el Estado juega un rol mucho más preponderante en la economía, con control completo de los recursos naturales, en medio además de un superciclo de los commodities.

Impulsado esencialmente por dicho comportamiento de los productos básicos en el mundo, se consolidó un buen ritmo de crecimiento del PIB. Así, mientras en la década que antecedió al hito constitucional Bolivia se expandía al 3,4% promedio anual, tras él esa cifra pasó al 4,5% (5,3% en los cinco años siguientes a la aprobación), de las mayores en la región. Además, el desempleo pasó de un promedio de 6,6% antes de la nueva Carta Magna, al 3,9%.