El pasado 21 de noviembre, la Fiscalía Regional de Biobío recibió una denuncia por eventuales delitos de cohecho en la empresa Puerto Coronel de manos del gerente general de la compañía, Patricio Román, quien había llegado a ese cargo sólo 20 días antes.

Román apuntaba directamente como autor del delito al presidente del directorio y fundador de la empresa, Eduardo Hartwig Iturriaga, quien, según el documento, habría pagado supuestos sobornos al alcalde de Coronel, el socialista Boris Chamorro, a un concejal y a dirigentes sindicales del puerto mediante un complejo esquema que involucraba la emisión de facturas ideológicamente falsas.

El caso estuvo apagado por casi dos meses, pues la fiscal de Alta Complejidad del Biobío, María José Aguayo, declaró reservada la investigación. Hasta que el pasado 10 de enero tomó carácter nacional, cuando funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) allanaron en un mismo día el edificio de la Municipalidad de Coronel, la casa particular de su alcalde y la sede de la empresa de transporte Delsava, de propiedad de Hernán Romero, hermano del diputado Leonidas Romero (independiente, pero de la bancada de Renovación Nacional y exalcalde de la ciudad).

Aunque la onda expansiva de la bomba ha sido lenta, ha dejado en shock a muchos que no entienden ni el origen ni el motivo de estas posibles coimas que involucran directa e indirectamente a instituciones, personas e incluso grupos económicos.

Porque Puerto Coronel es la mayor empresa de la ciudad, el terminal marítimo más grande de la región y, junto a las pesqueras, el eje de su actividad económica. Y detrás de él, su propiedad se la comparten Arauco, controlada por el grupo Angelini a través de Empresas Copec, que tiene el 50%; Neltume Ports, del grupo Von Appen, a través de Ultramar, con un 25%; y la empresa constructora Belfi, con el restante 25%, de la familia Elgueta.

“Para el directorio fue un baldazo de agua fría”, comenta un ejecutivo de una de las empresas socias.

Es que Hartwig no era un desconocido en el empresariado. Sus vínculos iban más allá de sus relaciones societarias en las empresas donde había participado. De hecho, tenía una extensa vida gremial.

Es más, a fines de noviembre y tras la denuncia ante la fiscalía, Hartwig llegó a la sesión de la mesa directiva de Puerto Coronel a renunciar a su cargo de director y presidente, donde fue elegido con los votos de Arauco.

Pero luego fue dejando sus cargos de director de la Cámara Marítima Portuaria (Camport), a mediados de diciembre, a través de un correo electrónico “aduciendo razones personales”, dijo la entidad gremial, y por la misma vía, el 21 de diciembre, el de vicepresidente de la Corporación de la Madera (Corma), un cargo que ostentaba hace más de una década y por el cual muchas veces le tocó subrogar la presidencia.

Recién el 10 de enero, cuando ocurrían los allanamientos, Puerto Coronel sacó una declaración en la que informaba que su “recientemente nombrado gerente general, Patricio Román, y su actual directorio” habían presentado una denuncia a la fiscalía “por distintas irregularidades ocurridas con anterioridad al inicio de su gestión”. “El gerente general, en cuanto tomó conocimiento de estos hechos, los informó inmediatamente al directorio, instancia que dispuso el inicio de una investigación interna para determinar irregularidades y eventuales perjuicios a la compañía, como también la inmediata interposición de una denuncia ante el Ministerio Público”, agregó.

El directorio firmante lo integraban Felipe Vial, quien reemplazó a Hartwig como presidente y que representa a Neltume Ports junto a Fernando Reveco, Fernando Elgueta, de Belfi, y Álvaro Saavedra y Franco Bozalla de Arauco.

Patricio Román llegó a la gerencia general de Puerto Coronel el 2 de noviembre de 2023. El ingeniero civil industrial de la UDP venía de ser director gerente en Medlog, la unidad de logística de la naviera europea MSC, donde había trabajado casi 20 años. Román por fin venía a llenar un cargo que estaba vacante desde hace casi dos años, pues la gerenta de Finanzas, la estadounidense Michele Prater, había liderado la administración de manera interina desde el 2 de enero del 2022. Esto, tras la salida, que algunos tildan de intempestiva, del exgerente general Javier Anwandter luego de comandar la empresa por 11 años y que antes había trabajado para el grupo Ultramar, de la familia Von Appen.

Hay dos versiones, dependiendo del lado que vengan, para explicar cómo Román se enteró de las irregularidades que estaban ocurriendo dentro de la empresa: la primera, que fue su antecesora, la interina Prater, quien al presentar las vicisitudes de la compañía le contó de esta estructura de pagos ilegales; la segunda es que fue el propio Hartwig quien le comentó que debía abocarse a estos problemas para cerrarlos.

Cuatro personas que conocen la empresa y a su presidente coinciden en que en el periodo en que la empresa no tuvo un gerente general oficial, Hartwig había tomado el doble rol, de presidente y gerente, por lo que se involucró más de la cuenta en el día a día.

Román, con la información recibida a su llegada, inició una investigación interna que ratificó lo que ya sabía: una trama de pagos ilegales a políticos y dirigentes sindicales que venían de la propia empresa, y que se realizaban a través de facturas falsas con cargo a cuentas del puerto de supuestos proveedores como la empresa Delsava, de Hernán Romero, y de otra firma de propiedad de un tal Víctor Olivares, coincidentemente el mismo nombre del gerente de Servicios del puerto.

En la denuncia ante la fiscalía, Román sostiene que estos hechos se realizaron con el conocimiento e incluso la participación de los exgerentes Andwandter y Prater, además del gerente de Administración y Finanzas del puerto, Daniel Chamorro. E incluso se detectaron pagos ilegales mediante estas facturas a la jefa de prevención de riesgos de Puerto Coronel, Elena Villalobos.

Aunque el lado político de esta historia se ha focalizado en el alcalde, la investigación tiene puestos sus ojos principalmente sobre Eduardo Hartwig (75).

Hijo de uno de los precursores de la Ingeniería Forestal en Chile, el profesor Ricardo Fernando Hartwig Carte, el ahora expresidente de Puerto Coronel es conocido como un hombre “con esa típica formación alemana del rigor”, dice un ejecutivo que ha compartido directorios con él. “Por eso que muchos se preguntaban qué le pudo pasar para terminar en esto”, añade.

El sello familiar llevó a Eduardo junto a su hermano Fernando a estudiar lo mismo que su padre. Luego, se asociaron para emprender. Ambos levantaron en la década del 70 una empresa exportadora de madera aserrada. Pero la crisis de los 80 los golpeó y cerraron. Al tiempo, volvieron a la carga, ahora en la venta al exterior de astillas de eucalipto, asociados a otro ingeniero forestal, Jaime Vial, y al inglés Robert Owens. La necesidad de sacar su producto los llevó a levantar el primer muelle mecanizado de la Región del Biobío, lo que después se convirtió en el Puerto de Coronel, cuyas obras partieron en 1995 y fue inaugurado un año después. Los socios originales de Puerto Coronel eran los Hartwig, junto con Arauco, Ultramar, Belfi, CMB Prime y el banco de Maryland. Los Hartwig separaron aguas a inicios de la década del 2000. Eduardo se quedó en el puerto y en 2003, le vendió su parte a Arauco.

Pero se quedó como presidente… hasta el mes pasado.

“Durante 25 años fue el presidente del directorio y siempre fue ratificado de manera unánime”, resalta su abogado Alejandro Espinoza, penalista con historia en la defensa de personajes reconocidos. De hecho, representó al exministro UDI Pablo Longueira y al exsenador PS Fulvio Rossi en los casos de financiamiento irregular de la política, y al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba por las acusaciones de incremento ilegal de su patrimonio.

Hoy Hartwig, quien quedó viudo en 2018, sólo es socio, junto a Jaime Vial, de Forestal Río Calle-Calle, una empresa que produce unas 250 mil toneladas de astillas de madera para exportación que saca a través del Puerto de Corral, otro terminal que también fue de su propiedad y que vendió al grupo Claro a inicios de los 2000.

¿Qué podría haber llevado a Hartwig a realizar estos pagos a un alcalde y un concejal?

-A nuestro entender, y después de haber revisado todos los antecedentes disponibles, no hemos encontrado ningún permiso, resolución o actuación de la autoridad, que podría haber favorecido al puerto o a Hartwig- responde el abogado Espinoza.

La defensa de Hartwig, que no niega los pagos a las autoridades ni a los dirigentes sindicales, dice que están llanos a cooperar con la investigación.

Pero hay más acusaciones. En radio Bio-Bio señalaron que la investigación había descubierto supuestos pagos sin justificación a Inversiones y Servicios Codegua Ltda., la sociedad que Hartwig tenía con su esposa, pero que tras fallecer quedó como socio de sus cinco hijos a contar de junio del año pasado.

Su abogado dice que no hay pagos ilegales: “Las facturas emitidas por Codegua a Puerto Coronel corresponden a dieta de directorio, gastos y servicios que son acreditables, respaldados por un contrato”, afirmó Espinoza.

Como ocurre normalmente en estos casos, los denunciados como receptores de los eventuales sobornos niegan las acusaciones.

Según trascendió, los pagos cuestionados mediante facturas falsas al alcalde Chamorro, llegarían a una cifra del orden de los $4 millones y al concejal Eduardo Araya, también socialista, de unos $2,5 millones. Esto, fuera de los aportes que recurrentemente hacía la empresa portuaria a la municipalidad en forma de donaciones o ayudas sociales.

“Es de público conocimiento mi nula vinculación con Puerto de Coronel, con la empresa Delsava y con la familia del diputado Leonidas Romero. Por lo tanto, entregaremos todos los antecedentes a la Policía de Investigaciones y al Ministerio Público”, dijo el edil Chamorro en un video tras el allanamiento el pasado 10 de enero.

Según tres fuentes cercanas al caso, Hartwig habría admitido los pagos al alcalde y a los sindicatos, e incluso estaría consciente de que pueden constituir un delito.

Ahora, los pagos irregulares más altos habrían ido a los dirigentes sindicales, pues se calculan entre $10 millones y $12 millones mensuales.

Los dirigentes acusados, cuyas identidades no ha dado a conocer el Ministerio Público, pero entre los cuales se encontraría el presidente del Sindicato Marítimo Portuario N°1 de Coronel, Guillermo Jaque, no han respondido consultas a la prensa.

Sólo la Unión Portuaria Comunal Coronel, a la cual está agremiado el sindicato 1, emitió una declaración que levantó en su página de Facebook. Allí culpan al gerente denunciante, Patricio Román, de “atroces prácticas antisindicales”. Y ante las acusaciones de “prebendas ilegales” destacan que la “última negociación colectiva fue una de las más exitosas, obteniéndose la gran mayoría de las peticiones solicitadas”, por lo tanto, reclaman, “bajo ningún concepto es posible haber recibido coimas o beneficios que sean ilegales”.

Casi un mes antes, el 16 de diciembre, los trabajadores del puerto habían lanzado su primera medida de presión en contra de la nueva administración, al paralizar en demanda de un supuesto desconocimiento de la empresa de acuerdos para el uso de seguros de vida tras la muerte de un trabajador. Una manifestación que ocurría a sólo dos semanas de la renuncia de Hartwig al directorio.