El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) no vio con buenos ojos la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric para la meta de balance estructural fijada para el 2026. La instancia recriminó que el decreto del Ejecutivo respecto a esta materia tras lo que planteó respecto a este tema al comienzo de su mandato.

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“En el nuevo decreto el gobierno fijó una meta de balance estructural de -0,5% del PIB para 2026, lo que constituye un déficit mayor al -0,3% del PIB que el Ejecutivo había establecido al inicio de su periodo”, dijo la CFA por medio de un comunicado y tras publicar un nuevo informe sobre las finanzas públicas.

Según explicó el CFA, al inicio de la administración de Boric, se había establecido una meta de balance estructural de ‐3,3% del PIB para 2022 y de ‐ 0,3 del PIB para 2026, sin establecer metas de balance estructural para los años intermedios (2023, 2024 y 2025). Ahora, en cambio, el nuevo decreto considera metas anuales, pero con una modificación para el último año en que le corresponderá elaborar el Presupuesto: -1,9% del PIB en 2024, -1,1% del PIB en 2025 y -0,5% del PIB en 2026, agregó el CFA.

“El Consejo remarca en su informe que recomendó al Ministerio de Hacienda en variadas ocasiones -la primera vez en junio de 2022- que estableciera metas de balance estructural para cada año, y no sólo para el inicio y fin de su periodo. Esto, con el objetivo de reducir la incertidumbre, fortalecer la regla fiscal y facilitar el análisis y rendición de cuentas de la política fiscal”, agregó la instancia.

En esa línea, el CFA reiteró su arremetida contra el balance estructural proyectado para 2026: “El gobierno cambió su meta de balance estructural para 2026 de -0,3% del PIB en el decreto anterior a -0,5% del PIB en el nuevo decreto, el Consejo alerta que, si esta nueva cifra de déficit se mantiene en los años siguientes, no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas, y podría generar que la deuda pública sobrepase su nivel prudente en la próxima década”.

Desde el CFA explicaron que este escenario conspira con el objetivo de estabilizar la deuda bruta por debajo de su nivel prudente, el cual fue fijado en 45% del PIB por Hacienda.

El CFA también explica su preocupación sobre las nuevas estimaciones de balance estructural en base a las “mayores tasas de interés reales y menores perspectivas de crecimiento económico”. Aspectos que el CFA ve con inquietud de cara al desafío de estabilizar la deuda pública.

Ante este contexto, el CFA resaltó que no existe espacio para que se avance con nuevos gastos permanentes si no se garantizan los recursos para financiar iniciativas de este tipo. La instancia planteó, a modo de ejemplo, que los nuevos ingresos deberían venir de iniciativas como “un mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, menor evasión o elusión tributaria, reasignaciones o mayor eficiencia del gasto.

En su informe, el CFA también comentó que en la ley sobre responsabilidad fiscal se debe considerar que el gobierno fije un nivel prudente de deuda neta, en vez de deuda bruta, “por ser un indicador más completo para medir la sostenibilidad de las finanzas públicas”. Además, la instancia agregó que, “establecer metas anuales de balance estructural debidamente fundamentadas en el contexto macro fiscal, debería quedar establecida en el proyecto de ley sobre responsabilidad fiscal en trámite”.

Sin embargo, el CFA también matizó sobre los efectos que puede lograr la ley de responsabilidad fiscal sobre el aporte de fortalecer la regla fiscal: “por sí sola no será suficiente para garantizar la sostenibilidad (...) el CFA plantea que se requiere construir un amplio consenso político sobre la relevancia de la sostenibilidad fiscal para la ciudadanía. “Este consenso debe traducirse en fijarse metas exigentes y cumplirlas en la práctica, tanto para el BE como para el nivel prudente de deuda”.