Hace dos semanas, el jueves 23 de mayo, la empresa portuaria controlada por la familia Von Appen y la canadiense ATCO concretó una amenaza que tiene ya meses de antigüedad.

Neltume Ports, un operador con 20 unidades portuarias en cinco países, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Estados Unidos, y casi 8 mil empleados, registró en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencia con Arreglo a Inversiones), organismo dependiente del Banco Mundial, un arbitraje contra la República Oriental del Uruguay. La acción internacional fue activada en virtud del Tratado de Protección de Inversiones existente entre ambos países, de 2010, y acusa perjuicios contra Montecon, el principal operador del puerto de Montevideo, controlado por Neltume Ports.

“Las medidas adoptadas por el gobierno de Uruguay han afectado gravemente la situación de Montecon y de Neltume Ports a todo nivel: comercial, operacional y patrimonial. Afecta gravemente también la situación de los clientes y usuarios del puerto de Montevideo, navieros, exportadores e importadores, que ya no cuentan con un oferente que opere sus servicios, con una alternativa”, dice a Pulso Fernando Reveco, gerente de desarrollo de Neltume Ports.

Neltume Ports es controlada por Ultramar, de Chile (60%), y ATCO, de Canadá (40%), firma que también recurrió en contra del Estado uruguayo el 9 de mayo, ante el Ciadi, dos semanas antes que sus socios chilenos.

Neltume Ports reclama que el gobierno de ese país entregó condiciones más favorables a la empresa belga Katoen Natie, que también opera en ese puerto, luego que las autoridades le extendieran a esta última en 2021 la concesión del terminal de carga Cuenca del Plata (TCP) hasta 2081, dándole, además, prioridad para recibir barcos portacontenedores, relegando a Montecon a un rol inferior. En TCP también participa la estatal Administración Nacional de Puertos (ANP), con el 20%.

Precisamente el acuerdo 2021 de Uruguay con Katoen Natie logró evitar un arbitraje internacional por US$ 1.500 millones con que amenazaron los belgas, acusando favoritismo hacia Montecon, que en pocos años se transformó en el líder del negocio: transfería alrededor del 55% de los contenedores que se movilizan por el puerto de Montevideo, lo que a su vez representaba más del 80% de toda la carga que se operaba allí. “Montecon era un competidor activo de ese mercado. Luego de las medidas adoptadas por Uruguay, la movilización de contenedores por Montecon ha disminuido dramáticamente, representando no más de un 20% en la actualidad. Esta participación incluso seguirá decreciendo cuando las medidas dispuestas por Uruguay, que implican el desvío de todos los servicios que Montecon atiende, se apliquen íntegramente, asunto que hasta la fecha no ha ocurrido, sólo por falta de capacidad del otro operador”, advierte Reveco.

Controlada por la familia que encabeza Richard von Appen, hijo de Wolf von Appen, la canadiense ATCO ingresó a la propiedad de Neltume Ports en 2018, comprando el 40%. Ambas firmas venían haciendo negocios desde 2016. El directorio de Neltume Ports está formado por cinco personas, tres electos por los Von Appen y dos por ATCO. Los tres primeros son Richard von Appen, el expresidente de la Sofofa, el abogado Felipe Vial y Alejandra Mehech. Por ATCO, participan Robert Routs y Nancy Southern.

“La solicitud de arbitraje se funda en que el gobierno de Uruguay adoptó una serie de medidas, incluyendo decretos del Poder Ejecutivo, que impiden a Montecon transferir y almacenar contenedores al interior de las áreas habilitadas a estos efectos, lo que constituye un incumplimiento de una serie de compromisos asumidos por Uruguay en el Acuerdo de Promoción de Inversiones suscrito con Chile” sostiene Reveco. Tras agotarse todos los plazos y mecanismos previstos en ese tratado, el jueves 18 de enero Neltume Ports comunicó “el inicio efectivo en 90 días” del arbitraje. El estudio chileno Vial y Cía. registró la demanda en el Ciadi.

Hace dos semanas, cuando se presentó el arbitraje, el presidente de ese país, Luis Lacalle Pou, sostuvo que el caso “es un tema de los empresarios que ven supuestamente afectados sus intereses y va por ese carril”, según consignó la prensa uruguaya.

La Cancillería de ese país dijo a Pulso no encontrarse en condiciones de dar información sobre el proceso, pero se prevé que el Estado uruguayo enfrente las demandas en Washington con el mismo equipo de abogados que lo ha representado en los últimos laudos ante el Ciadi.

Ubicado en el Río de la Plata, Montevideo es la entrada natural a todos los mercados adyacentes a esa vía fluvial -Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina-, por lo que en los últimos años se ha beneficiado de la mayor actividad económica en una zona que es rica en exportación de alimentos y otros recursos naturales.

La cifra de US$600 millones que reclamará Montecon corresponde, según Reveco, a “una estimación seria de las pérdidas, daños y perjuicios causados a Neltume Ports y a Montecon por las medidas adoptadas por el gobierno de Uruguay que le impiden transferir y almacenar contenedores al interior de las áreas habilitadas para tal efecto”.

Según Montecon, también se vulneró el principio de libre competencia. “Al monopolizar la actividad en favor de otro operador del puerto de Montevideo, el gobierno de Uruguay desconoce flagrantemente el régimen de libre competencia aplicable a la actividad portuaria por expreso mandato constitucional, legal y reglamentario, con grave impacto para Neltume Ports, Montecon, sus trabajadores y clientes o usuarios del puerto de Montevideo”, resume Reveco. De hecho ya despidieron y relocalizaron al 40% del personal de la firma.

En suelo uruguayo, Montecon además ha iniciado acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. La administración de la firma está abocada hoy al caso, explica Reveco.