A mediados del año pasado, después de reunirse con el fiscal nacional Jorge Abbott, ejecutivos de ChileTelcos -exAtelmo- quedaron con la tarea de realizar un detallado análisis del impacto que estaba generando el alza en el número de atentados a su infraestructura de telecomunicaciones.

A lo largo de estos meses, el gremio que reúne a VTR, Movistar, Claro, Entel, GTD y Mundo se ha dedicado a aunar criterios y actuar de manera unida frente a los ataques que se ven impulsados desde el 18-O y en línea con el aumento en el precio del cobre, pues quienes se dedican al robo de cables posteriormente buscan su maquila en chatarrerías.

Para las empresas, los cortes en sus redes de fibra óptica no sólo implican un desprestigio creciente en redes sociales, sino que también millonarios costos en reposición del servicio que significa el despliegue de personal durante el día y la noche. Hoy no sólo se encargan de la reparación, también cumplen funciones de vigilancia, por lo que las compañías pasaron a la ofensiva.

Según cifras de ChileTelco, las acciones judiciales producto de ataques a las infraestructura presentadas entre octubre de 2020 y marzo de 2021 pasaron de 350 a 1.115, siendo la Región Metropolitana la más afectada en este periodo. A su vez, entre enero de 2021 y marzo de 2022 las querellas y denuncias por actos de vandalismo suman 1.981.

Para el presidente ejecutivo del gremio, Alfie Ulloa, “el robo de cables y otros elementos, y el vandalismo con intención de generar desconexión están causando cada vez más trastornos: interrumpen servicios de internet, telefonía fija y móvil, y TV por cable, pero también afecta a empresas de otros servicios básicos, y obligan a suspender las atenciones de salud, educación, de los bancos, etc. Hoy todo es digital, y esa tendencia solo irá en aumento, por lo que cada vez las alteraciones generan mayor daño a empresas y usuarios”, explica.

“Es evidente que existen mafias en acción y, por ende, se requiere de una logística y capacidades importantes. Por eso el Ministerio Público designó a un fiscal de foco investigativo para la Región Metropolitana. Un ejemplo: en febrero las autoridades retuvieron un container con 12 mil kilos de cable telefónico de cobre en San Antonio. Antes se había interceptado uno con 8 mil kilos en Antofagasta. Juntos esto arroja unos 250 kilómetros de redes lineales de cables robados, suficiente para ir y volver entre San Antonio y Santiago”, denuncia.

“Para llegar a esa cantidad fue necesario acumular cables robados en muchas acciones y durante meses, chipearlos (término que alude a la maquila), contratar el container, llenar los manifiestos de exportación, preparar el embarque, negociar con la fundición en el Asia hacia donde se dirigía, etc. Es claro que hay una organización delictual”, agrega.

Movistar sostuvo que “los robos y daños a los cables de cobre y fibra óptica están aumentando exponencialmente, y son parte de un crimen organizado que ataca servicios de todo el país, principalmente de empresas de telecomunicaciones, pero también a otros servicios vitales para las personas, empresas e instituciones como electricidad y transporte”.

“Este problema se ha convertido en una verdadera emergencia nacional, pues afecta bienes públicos de primera necesidad, por ello, hay que tratarlo no sólo como un hecho delictivo, sino como un atentado a las personas, a las que se les afecta en sus servicios y derechos”, acotó.

Por su parte, VTR explicó que “en lo que va de este año, registramos 350 cortes intencionales de fibra en la Región Metropolitana”. “Hemos trabajado colaborativamente tanto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) como con el Ministerio Público para enfrentar esta situación. Este aumento exponencial que han registrado los cortes vandálicos, sin lugar a dudas, exige no sólo al Estado, sino que a la industria de telecomunicaciones y otras empresas afectadas, el realizar los mayores esfuerzos para frenar de raíz esta amenaza a la libertad de emprendimiento, pero también a la posibilidad de que las personas puedan conectarse y realizar labores cotidianas”, destacó.

A su vez, Claro añadió que “el incremento en actos vandálicos en contra de nuestra infraestructura cada vez es más grave. Sólo en lo que va de este año hemos tenido 30 atentados, afectando los servicios de un importante número de clientes. Esta situación ha generado un importante aumento en los costos de mantención de nuestras redes, ya que hemos tenido que aumentar en un 100% nuestras cuadrillas”.

Pero los ataques a la infraestructura de telecomunicaciones no sólo está impactando a las compañías que proveen el servicio de internet, sino que también a la industria bancaria.

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) manifestó que “el robo de fibra óptica afecta a diversas industrias, incluyendo a la banca, afectando la atención de sucursales, cajeros automáticos y otros servicios. Estos impactos se han mitigado mediante planes y políticas de continuidad de la banca -por ejemplo, enlaces redundantes-, así como también por aquellas de los operadores de telecomunicaciones. Este delito debe preocuparnos por el impacto general en la infraestructura de telecomunicaciones del país y en los diversos servicios que dependen de dicha infraestructura”.

En la misma línea, Redbanc sostuvo que “el robo de cables es una problemática que trasciende diversas industrias, influye en las atenciones de salud, servicios públicos y de telecomunicaciones, por mencionar algunas. Pero lo más importante y lo que implica una constante preocupación para Redbanc, es que este tipo de vandalismo afecta directamente a las personas y a sus familias. Cuando se ve afectado el servicio de comunicaciones, influye en el normal funcionamiento de los cajeros automáticos, y cuando estos dejan de operar, el acceso al dinero en efectivo por parte de los usuarios se ve alterado, generando múltiples problemas en sus quehaceres diarios. Desde Redbanc, buscamos colaborar en la búsqueda de una solución, aportando ideas y antecedentes”.

VTR, Claro y Movistar coincidieron en la necesidad de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se haga parte de las causas como querellante.

Durante el gobierno anterior las empresas de telecomunicaciones realizaron intensas gestiones en tal sentido y fueron respaldadas por el subsecretario del área de ese momento, Francisco Moreno, quien indicó que “luego de un trabajo intersectorial sobre este tipo de situaciones, nos haremos parte de varios procesos que actualmente están investigándose, de modo de poder actuar como Subtel en un aspecto fundamental de las telecomunicaciones: proteger la continuidad de las mismas con todas las herramientas que nos otorga la ley”.

Pero pese a sus declaraciones, ChileTelcos confirmó que no existe -a la fecha- un proceso judicial por vandalismo a redes en el que se haya hecho parte el CDE.

Consultada la actual Subtel respecto de si seguirá el mismo camino del gobierno anterior, de buscar que el CDE se haga parte de los juicios por atentados, respondió: “Desde Subtel rechazamos todos los actos vandálicos que pongan en riesgo la infraestructura de telecomunicaciones, porque atentan contra la conectividad de las personas, privándolos de estudiar, acceder a teleconsultas médicas, de hablar con sus seres queridos, entre otras afectaciones. Como Subtel siempre estamos dispuestos a participar en todas las instancias donde se aborden temáticas y problemas relacionados a las telecomunicaciones como, por ejemplo, si se reactivan las mesas de trabajo en las que participó en su momento Aduanas, el SII y las policías”.

Entel y WOM declinaron responder consultas sobre este artículo.