Empresas sanitarias alertan por indicación que votará la Convención que excluye a los privados de los servicios de agua potable

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G. Andess envió un comunicado alertando por una indicación que votará este sábado el pleno de la Convención Constitucional, sesión en la que llegará al hemiciclo el informe de la comisión de Medio Ambiente, que contiene materias referidas a aguas y minería, entre otras.

“En Andess, nos parece importante advertir a la opinión pública que este sábado 7 de mayo el pleno de la Convención discutirá una indicación que excluye la gestión privada de la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades, lo que representa un gran riesgo para más de 15,6 millones de habitantes de Chile que viven en el área urbana, respecto a la continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado en medio de la peor sequía de la historia”, señala el comunicado del gremio.

La indicación en cuestión propone agregar un artículo que señala que “es deber del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, así como servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas en orden de garantizar los derechos humanos al agua y saneamiento. Dicha prestación se realizará directa y exclusivamente por entidades públicas estatales, o por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento, establecidas en conformidad a la ley”.

A raíz de lo anterior, el gremio señaló que “esta indicación no resuelve el desafío país de garantizar a todos los habitantes su derecho humano al agua y saneamiento independiente del lugar donde habiten en el actual escenario de crisis climática. La iniciativa desconoce el alto estándar que hoy tienen las ciudades de Chile gracias a la inversión privada vigilada por el Estado, donde se ha evitado hasta ahora el racionamiento, y no se hace cargo del grave problema que enfrentan las localidades vulnerables que ya viven los efectos de la sequía, con racionamientos o intermitencias, donde las sanitarias privadas no operan”.

Adicionalmente, dijeron que, “de aprobarse, esta iniciativa requeriría de una importante cantidad de recursos del Estado tanto para costear la compra de las empresas hoy, como para financiar las obras que se requieren para enfrentar el cambio climático a futuro. Esto restará recursos que el Estado requiere para financiar las distintas urgencias sociales en materia de educación, salud, vivienda, pensiones, etc. Ambos conceptos representan cerca de US$20.000 millones, casi un cuarto del presupuesto anual del Estado”.

Es por esto que hicieron un llamado ”a reencauzar el debate, de tomar en consideración las evidencias y enfocar los esfuerzos en que todos los habitantes del país puedan tener asegurado su derecho humano al agua y saneamiento independiente de donde habiten, es decir avanzar en las brechas de acceso de los sectores rurales y campamentos, y valorar los avances que en materia de seguridad hídrica tenemos actualmente en las ciudades de Chile”.

Agregaron que “es una evidencia clara y contundente que hoy los 15,6 millones de personas que son abastecidas por las empresas sanitarias en las ciudades cuentan con agua potable continua y de calidad y tal como lo establece la ONU al describir el derecho humano al agua y saneamiento, suficiente, accesible, saludable, aceptable y asequible”.

También comentaron que “el estándar del servicio sanitario en las ciudades de Chile es comparable al de países desarrollados y puede beberse agua de la llave con total seguridad según organismos internacionales, marcando un liderazgo regional que se ha fortalecido al ser el único país de la región que descontamina la totalidad de las aguas servidas de sus ciudades contribuyendo a la sustentabilidad de los ecosistemas”.