Las personas que se identifican con la izquierda están más dispuestas a aprobar la reforma de pensiones en comparación con quienes se identifican con la derecha, que se inclinan más por rechazarla. Eso es lo que concluye una encuesta de Criteria, empresa de investigación de mercados y opinión pública, que tiene entre sus clientes a la Asociación de AFP, pero que aclara que este sondeo no fue un encargo de ese gremio.

En la encuesta se observa que el 50% de quienes tienen una identificación política de izquierda creen que el Congreso debería aprobar la propuesta acordada por la comisión de Trabajo del Senado y el Ejecutivo; un 15% de ellos estima que hay que rechazarla, y un 35% no lo tiene claro. En cambio, entre quienes declaran una identificación política de derecha, solo un 21% está por aprobar la reforma de pensiones acordada, un 43% está por rechazarla, y un 36% no se pronuncia por ninguna de las dos opciones.

En tanto, quienes tienen una identificación política de centro están más indecisos, pero igualmente hay una inclinación a aprobar. Esto, porque si bien el 45% no tiene claro si el Congreso debería aprobar o rechazar la reforma; un 37% está por aprobar el acuerdo alcanzado; y un 18% está por rechazarlo.

Los más indecisos son quienes no tienen una identificación política. El 51% de ellos no tiene claro si el Congreso debe respaldar o no el pacto alcanzado; un 29% apunta a rechazarlo; mientras que el 20% prefiere que se apruebe.

De esta manera, en el total se obtiene que un 29% de los encuestados prefiere que se apruebe la reforma, un 28% está por rechazarlo, y el 43% no lo tiene claro.

“La gente de izquierda en general tiende a validarla, tanto en sí misma como en sus mecanismos. Y la gente que se identifica con la derecha tiende más bien a criticarla y a enjuiciarla negativamente en sí misma y en sus mecanismos. El grueso de la ciudadanía, respecto al acuerdo de la comisión de Trabajo del Senado, no tiene mucho conocimiento. Esa es la verdad”, analiza el director de Criteria, Cristián Valdivieso.

Es que estos resultados ocurren en un contexto en que existe bastante desconocimiento de un proyecto que tiene complejidades. Cuando la encuesta -realizada entre el 20 y el 22 de enero, a cerca de 1.000 personas de un panel online- le consulta cuán familiarizados están con la propuesta de reforma previsional del gobierno del Presidente Gabriel Boric, la mayoría, el 55%, responde que están “nada” o “poco”; mientras que un 45% afirma que “algo” o “mucho”.

“Los datos muestran que hay poco nivel de conocimiento específico de la reforma y sus distintos mecanismos. Más bien hay un conocimiento genérico. Y que la gente que está más metida en el tema de la reforma, son quienes tienen más identificación política. La reforma, desde esa perspectiva, está muy politizada”, estima Valdivieso.

Precisamente quienes tienen menos conocimiento del proyecto son aquellos que no tienen una identificación política: el 68% de ellos asegura que está “nada” o “poco” familiarizado con la reforma, mientras que algo más de la mitad de quienes se identifican con la izquierda (54%), el centro (51%) y la derecha (52%), afirman que están algo o muy familiarizados.

“Mi impresión es que esto está polarizado políticamente, eso es esencialmente. Que, de alguna manera, el mundo de la izquierda está a favor, el mundo de la derecha está más en contra, que hay poco conocimiento general”, reafirma Valdivieso.

Uno de los temas específicos que consultó Criteria en este sondeo consulta por el préstamo reembolsable. “La propuesta de reforma de pensiones acordada por el Senado propone que los trabajadores cotizantes presten al Estado un 1,5% del 6% de cotización adicional, para mejorar las pensiones de los actuales jubilados. El Estado devolvería ese préstamo a los cotizantes al jubilar”, afirma la encuesta. Acá se produce un empate: un 45% se mostró “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo” y un 44% dice estar “muy de acuerdo”, o “de acuerdo”.

En este caso la respuesta es mucho más marcada cuando se mira la identificación política de quienes responden. El 70% de los encuestados de izquierda está de acuerdo o muy de acuerdo con el préstamo reembolsable y un 24% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Entre quienes se identifican con la derecha, en cambio, el 57% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con el préstamo reembolsable, el 37% está de acuerdo o muy de acuerdo, y el 6% no sabe o no contesta.

Quienes no tienen ninguna identificación política están más cerca de la derecha que de la izquierda en este punto: el 56% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con el préstamo del 1,5% de sus cotizaciones.

En tanto, el 58% de las personas de centro está de acuerdo o muy de acuerdo con el préstamo, el 31% está en desacuerdo o muy en desacuerdo, y un 10% no sabe o no contesta.

“Lo que eso muestra es que cualquier porcentaje que vaya a solidaridad hoy en día está más en tensión negativa que positiva. Es decir, que el discurso respecto de que la solidaridad no termina beneficiando al conjunto del sistema, y que más bien termina perjudicando a las personas que aportan la solidaridad, está más instalado que el discurso que, hoy por ti, mañana por mí, que son los discursos que están en tensión”, comenta Valdivieso.

De hecho, cuando se consulta a las personas: “Si se aprobara que los cotizantes le presten al Estado una parte de su cotización adicional de 6%, ¿cuánto confías en que el Estado te la devolverá al momento de tu jubilación?”; un 68% no confía nada o poco, el 26% confía bastante o mucho, y el 6% no sabe o no contesta.

Los que no confían en que se devuelva son principalmente personas de derecha (79%), o que no tienen identificación política (76%); pero también quienes están en el centro (60%). En cambio, quienes son de izquierda tienen más confianza (55%) en que se va a devolver.

Las personas prefieren poder elegir entre un administrador estatal y las actuales AFP para poder gestionar la cotización adicional, en vez de tener a disposición una sola de esas opciones. Eso es lo que arroja la consulta: “Si se aprobara una cotización adicional con cargo a los empleadores, ¿quién preferirías que administrara tu cotización adicional?”, donde el 24% responde “una empresa estatal”, un 15% opta por “las actuales administradoras de fondos (AFP)”, y un 45% “preferiría poder elegir entre ambas”. En tanto, el 16% no sabe o no contesta.

Al consultar a las personas “¿qué debería hacer una reforma de pensiones respecto de las AFP?”, la mayoría (53%) prefiere “reformar las AFP, mejorando la competencia y su funcionamiento”. En segundo lugar (41%), las personas hablan de “eliminar las AFP, y que sólo exista un ente estatal de pensiones”. Mientras que son pocos (6%) los que eligen “mantener las AFP como están”.

Acá las personas que se identifican con la derecha prefieren (68%) “reformar las AFP, mejorando la competencia y su funcionamiento”, mientras que las personas de izquierda optan mayoritariamente (59%) por “eliminar las AFP, y que sólo exista un ente estatal de pensiones”. El centro también prefiere (59%) reformarlas; mientras que las personas que no tienen una identificación política están muy divididas entre eliminarlas (46%) y reformarlas (46%).

En una nueva jornada de sesión de la Comisión de Hacienda del Senado sobre la reforma de pensiones, los parlamentarios avanzaron en la votación de los artículos. En ese sentido, los ministros de Hacienda y Trabajo explicaron tanto la gradualidad del aumento de la PGU, en cuánto aumentarían las tasas de reemplazo, en especial de las mujeres, y el costo para el Fisco. Tras todos los detalles se terminó por aprobar el aumento de la PGU como se plantea en la reforma.

En la tónica de los nudos críticos de la iniciativa, la comisión comenzó a discutir la licitación del 10% de stock de los afiliados, los que serían seleccionados aleatoriamente y quienes también tendrían la opción de escoger. Pese a que los senadores debatieron el tema, no lo votaron porque algunos de los integrantes ya se habían retirado y por el tiempo. Esa votación quedó pendiente para la jornada del sábado.

La comisión aprobó otros artículos relativos a un nuevo régimen de inversión y la existencia de carteras de referencia o benchmark. Del mismo modo aprobaron lo que plantea el proyecto sobre un sistema simplificado de cotización para los trabajadores independientes y la edad de jubilación para los trabajos pesados.