Por cerca de tres horas se extendieron los alegatos en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la consulta que presentó Corporación Meier sobre las bases de licitación de permisos de operación de casinos de juegos de 2021. El grupo de capitales peruanos -a través de las sociedades Casino de Juego Maule y Casino de Juego del Mar- planteó en septiembre de 2022 una serie de irregularidades en las bases de licitación de los últimos dos concursos que permitió la renovación de 12 de las 14 licencias ofertadas. El conglomerado peruano opera actualmente los casinos de Talca y Puerto Natales.

Previo a la audiencia, la compañía, representada por el abogado Nader Mufdi, socio de FHM Abogados, presentó un escrito en el que solicitó suspender el proceso y ordenar a la SCJ abstenerse de emitir la totalidad de los certificados que autorizan el inicio de la operación con los nuevos permisos.

La discusión en el TDC se produce a semanas de que se hicieran públicos dos estudios en derecho elaborados por los abogados Javier Velozo y Rodrigo Díaz de Valdés en los que recomendaron a Marina del Sol presentar una solicitud de delación compensada y alertaban por actos que podrían ser constitutivos de colusión de esa cadena con sus competidores Dreams y Enjoy. En su reporte, Velozo calificó el proceso de 2021 -en el que casi no hubo competencia- como “las licitaciones sospechosas”.

En su alegato, Dreams realizó un detallado análisis sobre el contexto en el que se llevó a cabo el último proceso de licitación y cuestionó a la Superintendencia de Casinos y Juegos. Según señaló el abogado Diego Ramos, socio de Pellegrini & Rencoret, en representación de Dreams, las bases técnicas afectaron la competencia, dificultando la posibilidad de postular a nuevas plazas o plazas adicionales.

“Dentro del marco de incertidumbre regulatorio, sumado a la crisis financiera provocada por la pandemia y el desconocimiento que la pandemia podría tener sobre la operación de casinos, las instituciones financieras no estaban dispuestas a apoyar a la industria”, sostuvo Dreams.

En el proceso de licitación organizado por la Superintendencia de Casinos y Juegos entre octubre de 2021 y enero de 2022 y a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Casinos, Dreams -según sostuvo Ramos- desplegó “un enorme esfuerzo para obtener fuentes de financiamiento para poder otorgar las ofertas económicas que eran exigidas por la autoridad en las bases técnicas que estaban incorporadas”.

“Es así como Dreams tuvo que entrar en difíciles negociaciones con diversas instituciones financieras en las que producto de la difícil situación económica e incertidumbre que rondaba a fines de 2021, se le exigió entregar activos equivalentes al menos al 100% del monto que la institución financiera debía financiar con boletas de garantía. Eso sumado además con tasas de interés a lo menos tres veces más altas que las observadas en proceso de licitación anteriores. Dichas condiciones excesivas se mantienen hasta el día de hoy”, sostuvo la compañía.

Por su parte, el representante de Enjoy, Santiago Bravo, socio de Claro & Cía., criticó la consulta planteada por el grupo peruano, asegurando que “carece de oportunidad, mérito y posee un carácter meramente instrumental”. De hecho, a su juicio las materias que aborda la petición exceden de las competencias del tribunal, porque se refiere a la Ley de Casinos.

Más duro en el tono, Enjoy sostuvo que “es irresponsable y condenamos que la consulta pretenda echar mano a investigaciones en curso por supuestos delitos de colusión para sostener que este proceso debiera suspenderse”. Y resaltó: “Enjoy no ha participado en ningún acuerdo colusorio con otros actores de casinos de juegos”.

“La consulta carece de la mínima seriedad y buena fe, porque busca abusar del derecho y de la ley para instrumentalizar este proceso para ganar por secretaría lo que no pudo ganar en cancha. En Talca corrió solo y llegó segundo. En San Antonio no fue capaz de llegar en tiempo y forma con las bases. Entonces, como no supo perder, inventó este procedimiento y echó mano de forma cuestionable y muy condenable a procedimientos de inversión por supuestas conductas de colusión que descartamos de plano”, añadió.

En su alegato, la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) destacó que el cambio regulatorio a la Ley N° 20.856 que permitía las licitaciones fue en un principio bien recibido por la industria. “Los reparos vinieron después”, dijo.

De acuerdo con su relato ante los magistrados del TDLC, el regulador expuso que la actual normativa es “pro-competencia, sin perjuicio que hay espacios para mejoras”. El cambio del modelo de licitación, que pasó de Beauty Concept a Oferta Económica, implicó que el criterio de asignación y los requisitos de evaluación cambiaran.

“Conocido el resultado de este proceso licitatorio es poco plausible que la Superintendencia de Casinos no haya tomado algún tipo de contacto con la fiscalía”, explicó el abogado Fernando Araya, socio del estudio Lewin que representó al regulador en los alegatos.

Entre los resguardos adoptados por la SCJ en la prevención de la colusión y acciones pro-competencia, el abogado mencionó que se llevaron acciones de difusión internacional. También se redactó las bases técnicas en consulta pública en inglés y español. Además, el concurso a nivel nacional se siguió con expresa recomendación los expertos.

Por otro lado, el jurista también destacó que el regulador definió una inversión mínima por comuna y la posibilidad de que los interesados postulen con inmuebles existentes.