Un estudio desarrollado por el economista de salud, Ricardo Bitrán, junto a Moisés Russo y Rodrigo Muñoz, analizó las posibles consecuencias de la caída de las isapres, basado en el caso de una de estas instituciones en particular. Esto impactaría en el gasto tanto de las personas como el fisco, y traería un deterioro del estado de salud y aumento de fallecimientos por falta de atención oportuna.

El informe abordó qué ocurriría con la mortalidad de las personas que migran desde la isapres a Fonasa, de aumentar en 12 semanas las listas de espera para tratamiento quirúrgicos para tres tipos de cáncer. En el caso del cáncer de mama se aumentaría de 56 a 71 fallecidos, mientras que para el cáncer de colón incrementaría de 76 a 91 y para el de vejiga crecería de 23 a 27 pacientes.

En el tratamiento de enfermedades crónicas, específicamente de esquizofrenia, los resultados apuntan que con una interrupción de más de 30 días de tratamiento, 7 de 280 pacientes migrantes tendrían un intento de suicidio al año. Si se prolongara aumentaría a 21 intentos.

Si bien las cifras entregadas corresponden a los pacientes que tendrán que pasar del sistema privado a Fonasa, esto también afectará a los que “ya son beneficiarios del sistema estatal, empeorando su calidad de salud y aumentando el número de personas que fallecen esperando ser atendidos por alguna prestación Ges o No Ges”, detalla el informe.

Según lo detallado por los investigadores en el seminario del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, si los beneficiarios de la Isapre analizada se viesen forzados a cambiarse a Fonasa y el 50% de ellos mantuviese su seguro complementario, su gasto anual de bolsillo se duplicaría. Esto, explicado porque los pacientes intentaría preservar su acceso a prestadores privados.

En cuanto al gasto fiscal, se estimó que con un aumento de licencias médicas por un empeoramiento de salud, aumentaría la brecha presupuestal en el seguro público. Con un aumento de 0,6 puntos porcentuales hasta un 5%, Fonasa tendría un déficit anual de $250.000 millones.

De esta forma, Bitrán expresó que “la política pública de hacer caer a las Isapres es una mala política pública. Nadie se verá beneficiado con esto, solo habrá perdedores. Pierden los beneficiarios de las Isapres, los usuarios de Fonasa, los prestadores privados, y pierde también el Ministerio de Hacienda, ya que tendrá que recaudar impuestos suplementarios considerables para poder financiar el déficit que esta situación crearía”.