El exgerente general de Sartor Administradora General de Fondos (AGF), Juan Carlos Jorquera, interpuso una denuncia de tutela laboral por “vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, cobro de indemnizaciones y prestaciones laborales e indemnización por daño moral” en contra de su ex empleador. La acción fue presentada ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, donde el ingeniero exige ser indemnizado por un monto que asciende a $276.583.755, tras su desvinculación en medio de una profunda crisis que detonó cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) “revocara la autorización de existencia la sociedad y, en consecuencia, se disuelve y debe procederse a su liquidación”.

Pulso tuvo acceso a la acción judicial. En el escrito, el exejecutivo sostiene que su despido fue arbitrario y que “en la carta de despido se le imputan hechos y conductas graves, respecto de las cuales el señor Jorquera no tuvo oportunidad de defenderse o presentar prueba que acreditara su absoluta inocencia”.

El exgerente alega que su desvinculación se produjo en un contexto de crisis para la firma, donde se le señaló como responsable de irregularidades detectadas por la CMF en la administración de fondos de inversión. “Mi representado fue usado como un verdadero ‘chivo expiatorio’, es decir, como la persona a la que se quiso hacer responsable de algo con independencia de su inocencia, sirviendo así de excusa a los fines del inculpador o de los verdaderos responsables”, se lee en la demanda patrocinada por el abogado Marcelo Rodríguez, socio de Rodríguez Belmar y Cia Limitada.

El caso se origina tras la auditoría de la Comisión para el Mercado Financiero, que en noviembre de 2024 detectó “existencia de conflictos de interés relacionados con el modelo de negocios de la Administradora”, “descalce en los plazos de rescatabilidad de los fondos mutuos ofrecidos” e “incumplimientos al artículo 61 de la Ley Única de Fondos”. Estas infracciones derivaron en la revocación de la existencia legal de la AGF.

El demandante asegura que su rol en la empresa era exclusivamente operativo y que no tuvo injerencia en la toma de decisiones sobre inversiones. “La descripción del cargo de Gerente General establece funciones netamente operacionales. En línea con ello, mi representado jamás participó de las decisiones de inversión de los fondos ni del modelo de negocio de la demandada, que es lo cuestionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)”, señala la acción judicial. Además, enfatiza que “no cabe duda que más allá de la denominación del cargo, las funciones consignadas en el contrato de trabajo, las señaladas en la descripción del cargo y las que desempeñaba en los hechos, eran 100% administrativas y operativas, asimilándose a un gerente de operaciones, sin ninguna relación y/o ingerencia en la gestión de los fondos ni en el modelo de inversión”.

Jorquera también enfatiza el impacto que la desvinculación ha tenido en su reputación profesional. “El despido del señor Jorquera fue un acto arbitrario e ilegal que vulnera las siguientes garantías constitucionales: la contemplada en el artículo 19 N° 1, esto es el derecho a la integridad psíquica de la persona, debido a los actos vulneratorios de los que ha sido víctima, provocándole trastornos psicológicos y episodios de angustia”, sostiene el escrito.

Asimismo, el exgerente alega que la carta de despido dañó su honra y su empleabilidad futura. “La carta de despido denigró profundamente a mi representado, pues lo hizo aparecer públicamente como el responsable de las infracciones detectadas por la CMF, lo que era y es absolutamente falso, no existiendo prueba alguna para ello”, indica la demanda. Jorquera enfatiza que “el despido es por hechos imputados a mi representado en los cuales no le cupo participación alguna, y en que ni siquiera fue oído ni tuvo oportunidad de defenderse o aportar prueba o antecedentes para desvirtuar las graves imputaciones. Ello obviamente lo ha afectado psicológicamente, como se acreditará en autos, ha afectado seriamente su honra y, reiteramos, ha condicionado su empleabilidad futura pues, con esa carta de despido, las posibilidades de encontrar trabajo son bajísimas”.

Jorquera solicita al tribunal que ordene el pago de varias indemnizaciones. Pide que le paguen once meses de sueldo como compensación especial, lo que suma $124.277.087. También exige la indemnización por aviso previo, que corresponde a $11.297.917, y el pago de tres años de indemnización por servicios, por un total de $33.893.751.

Además, reclama un recargo del 80% sobre la indemnización por años de servicio, equivalente a $27.115.000, y una compensación de $80.000.000 por daño moral, argumentando que su despido dañó su reputación y dificultó encontrar un nuevo empleo.

Por último, solicita que la sentencia se envíe a la Dirección del Trabajo y al Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado, para que Sartor AGF no pueda firmar contratos con el Estado durante dos años después de que la condena quede firme.