Expertos: subir el impuesto a las empresas es “el mal menor” frente a tributo al patrimonio

Se viene marzo y el debate tributario volverá a estar nuevamente en primera línea de la discusión legislativa. Los días 7 y 8 del próximo mes la sala de la Cámara de Diputados deberá votar el proyecto de la reforma tributaria, para luego continuar la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, en su segundo trámite legislativo.

Uno de los temas que genera mayor crítica en la oposición y en el sector empresarial es el impuesto a los altos patrimonios, ya que consideran que afectará la inversión y el ahorro al gravar el stock de los recursos. Frente a ello, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se abrió a que, “si la oposición piensa que este impuesto tiene una serie de problemas, entonces debería plantear una propuesta alternativa, pero que mantenga los objetivos de recaudación y progresividad”, según dijo en una entrevista con Pulso a fines de enero.

Y si bien desde la oposición todavía no hay una propuesta propiamente tal para reemplazar dicho impuesto, desde el empresariado sí han comenzado a surgir algunas opciones que serán presentadas cuando sea invitado a la comisión de Hacienda del Senado.

Y fue precisamente el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien planteó que una de las alternativas que estudian presentar como sector, es reemplazar el impuesto al patrimonio por un alza de un punto en el tributo que pagan las grandes empresas. Si bien sostuvo que esta propuesta ya se la han esbozado al ministro Marcel, todavía faltan los cálculos de cuánto es lo que se recaudaría por esa vía, para presentarla formalmente a Hacienda.

Para el empresariado lo principal es modificar este impuesto al patrimonio, porque afecta el stock y eso a su vez tiene implicancias en la inversión y el ahorro, dicen. Por ello, las fórmulas alternativas estarán enfocadas en mecanismos que graven los flujos, como el impuesto a las empresas.

Actualmente el impuesto de primera categoría que pagan las grandes empresas que están en el sistema semiintegrado es de un 27%. Los dueños o socios tienen derecho a un 65% de crédito, es decir, pueden deducir de su impuesto como persona natural un 65% del 27% pagado por la empresa. Este impuesto ya es considerado alto por varios expertos si se compara con el promedio de los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que es de 23,7%

Por lo mismo, de inmediato la propuesta de la CPC abrió un debate entre los expertos tributaristas y economistas, quienes, si bien no comparten del todo que esta sea la solución, lo ven como un “mal menor” ante lo que sería la aplicación del impuesto al patrimonio.

Si bien los expertos admiten que un alza de un punto en el impuesto a las empresas recaudaría entre US$350 millones y US$450 millones al año, lo que equivale a entre 0,12% y 0,16% del Producto Interno Bruto (PIB), y que por tanto sería menor a lo que el gobierno espera recaudar con el gravamen al patrimonio -0,48% del PIB, unos US$1.500 millones-, afirman que estos recursos serían “más factibles de recaudar”. Esto, considerando que ya se tiene la logística funcionando en comparación con el otro impuesto que es más complejo de fiscalizar. Además, sostienen que los cálculos de Hacienda al respecto están un poco sobreestimados.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, indica que el planteamiento de la CPC está en el contexto de que el impuesto al patrimonio es muy negativo. “No significa que sea la mejor opción, pero es el mal menor”, apunta. Para el economista, si bien el gobierno proyecta recaudar US$1.500 millones con su fórmula, esa cifra está bastante cuestionada. “No existe seguridad de que recaude lo que se propone. La gran mayoría de estos impuestos en los países que se han aplicado ha sido inferior”, asegura. En cambio, dice que un punto más en el impuesto a las empresas “sabemos que recauda US$400 a 450 millones”.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, indica que “el impuesto a las empresas puede ser una mejor alternativa, pero también implica un alto costo. Su actual nivel supera el promedio de los países Ocde y podría ser entonces un desincentivo para nuevas inversiones, al afectar la competitividad relativa de nuestra economía. Tendría, por tanto, efectos sobre la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía”.

Puntualiza que “un problema importante con el impuesto al patrimonio es la fiscalización y valoración de los activos. Por lo mismo, además de las distorsiones provocadas, conlleva efectivamente incertidumbre en la recaudación. Ello no ocurre con el impuesto a las empresas, para el que existen mayores certezas basadas en las estrictas reglas contables”.

Lehmann argumenta que “no hay duda alguna que el impuesto al patrimonio introduce fuertes distorsiones, generando incentivos para la salida de capitales y el establecimiento de residencia en el exterior en el caso de las personas más afectadas”. En ese sentido, acota que “la evidencia internacional es contundente en mostrar malas experiencias en esta materia, reconociendo una baja recaudación y fricciones que impactan al mercado de capitales y, por tanto, el desarrollo económico. En varios países, por eso mismo, tras reconocer los efectos negativos de este tipo de impuestos, se han eliminado tras aplicarlos transitoriamente”.

Javier Jaque, socio de Consultoría Tributaria CCL AC Auditores Consultores, plantea que “el impuesto al patrimonio se ha demostrado que no ha sido eficiente en distintas partes del mundo. Y por ello, versus el impuesto a la renta que, si bien no es lo óptimo, es algo más aceptado por la industria, es más factible que se recaude por el impuesto a las empresas que al patrimonio”.

Por su parte, Ignacio Gepp, socio de Puente Sur, se suma a sus pares, ya que también lo ve como un mal menor: “A nivel del impacto en la inversión el mal menor es un impuesto a la empresa. En ese sentido, el análisis que hace la CPC es correcto, porque entre esos dos impuestos, el que se suba un punto el gravamen a las empresas generará un menor impacto en inversión, en comparación con el que se aplica al patrimonio”.

Entre quienes creen que esta solución es mala y no la validan está el socio Líder Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado. “El impuesto a las empresas es alto y por ello, no hay mucho más espacio. No va por ahí la solución y además genera impacto en la inversión”, acusa.

A esa opinión se suma la de Sebastián Guerrero, socio de Guerrero Garcés, que lo rechaza de manera categórica: “Me parece una mala idea. Frente a un pésimo instrumento como es el impuesto al patrimonio, la respuesta no puede ser aumentar aún más el impuesto de primera categoría, el que ya está dentro de los más altos de la Ocde. Hoy necesitamos incentivar la inversión y esto apunta en la dirección contraria”.

El impuesto al patrimonio que propone el gobierno apunta a gravar a los residentes o domiciliados en Chile con un tributo a la parte del patrimonio que supere las 6.000 UTA (US$4,9 millones). Esta norma, además, contiene lineamientos que le permitan al contribuyente determinar el valor económico de sus activos, entendiendo por valor económico aquel que fuera determinado por terceros independientes.

La tasa que se aplica varía según el monto del patrimonio: hasta 6.000 UTA, US$4,9 millones, queda exento, entre 6.000 a 18.000 UTA (US$4,9 - US$14,7 millones) tendrá una tasa de 1% y a los que tengan un patrimonio sobre 18.000 UTA, esto es más de US$14,7 millones, la tasa será de 1,8%.

En la discusión se eliminó el impuesto de salida para aquellos contribuyentes que pierden el domicilio, pero se mantiene la obligación de informar para quedar excluido del impuesto. Asimismo, se precisó la redacción para establecer normas más simples, sin perder la correcta determinación del patrimonio. Y se propuso un límite a la carga tributaria del 50% sobre los ingresos que consideren las tasas efectivas de impuesto a la renta y del impuesto al patrimonio.

De acuerdo a cálculos del gobierno, 6.383 contribuyentes estarán afectos al impuesto al patrimonio, y se espera una recaudación de 0,48% del PIB.