65 locatarios de la Macroferia de Talca presentaron una querella criminal por estafa contra la Municipalidad de Talca. Los comerciantes acusan a la entidad de engañarlos y provocarles graves perjuicios monetarios al no cumplir una serie de promesas y buscar desalojarlos. El conflicto se originó en 2017 cuando, acusan, el actual alcalde habría incitado a los feriantes a sumarse a una sociedad para compartir la administración de la Macroferia. Los feriantes dicen que ahora están al borde del desalojo y han presentado acciones legales para evitarlo.

La acción penal, presentada ante el Juzgado de Garantía de Talca, es en contra de todos los que resulten responsables en la Municipalidad de Talca. El abogado Raúl Leiva, quien representa a los feriantes, asegura que han sido víctimas de estafa, ya que, argumenta, el municipio “por medio de agentes, cuya entidad y responsabilidad deberá establecerse en el curso de la presente investigación penal, engañó y causó graves detrimentos monetarios”.

Y agregó: “Derechamente engañaron a los locatarios invitándolos a participar de una estructura sumamente compleja para la administración de la Macroferia, existiendo una disposición patrimonial y un grave perjuicio monetario, porque no obstante a que cumplieron a cabalidad los pagos de arrendamiento pactados, no solo fueron despojados de la administración de la Macroferia, sino que también de los espacios físicos que han utilizado por más de 16 años, en circunstancias que la misma Municipalidad los invitó a invertir”, relata en la querella.

El conflicto se remonta al año 2017, cuando el actual alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, acusan los feriantes, habría incitado a más de 600 comerciantes a sumarse a una sociedad para que pudiesen compartir la administración de la Macroferia, teniendo que desembolsar cada uno entre $1 millón y $3 millones por acción, llegando algunos de ellos a endeudarse para participar. Según el acuerdo, los locatarios tendrían una participación de un 49% en la sociedad “Nueva Macroferia de Talca S.A.”, y el restante 51% quedaría para la Corporación Municipal, donde Díaz también era la máxima autoridad.

Los feriantes aseguran que la promesa del alcalde consistía, entre otras cosas, remodelar el espacio y buscar un nuevo sitio para reubicar la feria a un lugar más grande. Esto considerando que es el segundo centro de distribución de frutas y verduras frescas más grande de Chile después de Lo Valledor. Además, las promesas incluían mejorar las deficiencias existentes, de aseo, infraestructura y seguridad, lo que nunca sucedió, según los comerciantes.

En este contexto, aseguran los comerciantes, la Municipalidad de Talca habría realizado un contrato de arrendamiento por los terrenos con la Corporación Municipal, la que a su vez habría suscrito un contrato de subarrendamiento con la Sociedad “Nueva Macroferia de Talca” por el mismo terreno. Sin embargo, después de 17 meses de iniciado este complejo sistema, el municipio habría dado término anticipado al contrato con la Corporación porque ésta, acusan, dejó de ingresar los pagos a las arcas municipales, y, por ende, al subarrendamiento.

“Pese a que los comerciantes pagaron sagradamente durante ese periodo, nunca se entregó explicaciones de qué pasó con más de $900 millones. El propio alcalde se negó a rendir cuentas por la gestión de la Corporación Municipal que presidía. De esta manera, de forma unilateral el edil decidió que la administración de la Macroferia volvía a la Municipalidad, modificando el Reglamento Interno de Funcionamiento, desconociendo la titularidad de los puestos de los feriantes y dejándolos como transitorios. Además, llegó a un acuerdo con el Concejo Municipal por los montos adeudados, por costos mucho menores, tan solo por $700 millones”, acusó el abogado Raúl Leiva.

De acuerdo al presidente del Sindicato de Trabajadores del Patio 2 de la Macroferia de Talca, César Toledo, los feriantes se encuentran al borde del desalojo y de perder los puestos de trabajo que han tenido por más de 16 años. “Los feriantes del Patio 2 de la Macroferia de Talca somos personas humildes, honestas y trabajadoras, que sólo queremos que se cumplan los compromisos adquiridos por parte del municipio, formalizar nuestra labor y tener un mejor recinto para trabajar tranquilos y entregar un buen servicio a la comunidad”.

La acción legal se suma a la apelación presentada ante la Corte Suprema, para evitar el desalojo a más de 700 comerciantes, y a otra querella criminal donde aparecen involucrados funcionarios municipales por partes empadronados falsos.

Desde el área de comunicaciones de la Municipalidad aseguraron a Pulso que el municipio no emitirá declaraciones ya que aseguran que aún hay procesos judiciales en curso.