El jefe de la División Anti-Carteles de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Juan Correa, lleva adelante dos investigaciones que apuntan a una presunta colusión en la producción y comercialización de dos productos del mar.

Se trata de la merluza común, especie altamente demandada durante las festividades de Semana Santa, y la centolla, crustáceo de alta relevancia en términos económicos para la Región de Magallanes y apetecida en China.

El 24 de junio de 2019, el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, instruyó iniciar una investigación reservada a raíz de una denuncia realizada por la Federación de Trabajadores Pesqueros en febrero de ese año, la que fue remitida por la Subsecretaría de Pesca, por eventuales conductas anticompetitivas en la subasta de licencias transables de pesca clase B de merluza común en su unidad de pesquería, cuya competencia comprende la costa de la Región de Coquimbo a la Región de Los Lagos. Luego de casi seis meses, el 17 de enero de 2020, la FNE solicitó al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, la autorización para realizar el allanamiento de las oficinas de cuatro empresas pesqueras, tres de ellas ubicadas en la Región de Coquimbo y la última en la Región de Valparaíso.

Según los documentos a los que accedió Pulso, se trató de Bracpesca S.A.; Antartic Seafood S.A.; Rubio Mauad Ltda. y Pesquera Quintero, empresas que participaron en una licitación de cuotas de merluza común en diciembre de 2018. La similitud de las ofertas presentadas levantó las sospechas de las autoridades.

En cada una de esas empresas, los peritos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI debía incautar no solo equipos computacionales, sino que también dispositivos de almacenamiento de datos internos o externos, como memorias USB y teléfonos móviles utilizados por los altos ejecutivos de dichas compañías. Pero no sería la única diligencia que uniría a la FNE con la pesca.

En octubre de 2021, la Fiscalía Nacional Económica realizó una serie de allanamientos con la ayuda de la PDI en la Región de Magallanes, incautando computadores, teléfonos celulares y otros dispositivos en las oficinas de empresas que se dedican a la explotación de centolla. Las diligencias obligaron al traslado de peritos a las ciudades de Punta Arenas y Porvenir, cuentan conocedores del caso.

Entre las oficinas a las que ingresó la PDI estaba Pesquera Bahía Chilota, una compañía pequeña del mercado de la centolla, cuya participación alcanza cerca del 5% a nivel nacional.

La indagatoria, dicen personas que conocen este caso, surgió a raíz de una denuncia que efectuaron pescadores en contra de la empresa Bakkavor Chile, compañía propiedad del Grupo Reutter, una de las mayores cuatro productoras de centolla. La firma declinó contestar las consultas planteadas por este medio.

El sistema de producción de centolla requiere que las empresas exportadoras entreguen cuantiosos fondos a grupos de pescadores artesanales que ejecutan las capturas.

“Yo, por ejemplo, tengo que pasarle una cantidad bastante grande anticipada para que salgan a pescar y armen sus trampas”, explicó un ejecutivo de una de las empresas productoras de centolla que pidió reserva de su nombre.

La misma fuente negó una eventual colusión de las empresas, asegurando que quienes realmente ejecutan prácticas concertadas son los pescadores. “Ellos te dicen que si no igualas el precio que paga tu competidor, como te lo exigen los pescadores, tienes cero poder de negociación. No hay ningún incentivo a coludirse, porque si yo tratara de hacerlo aparecerá otra empresa y ofertará un mejor precio”, acotó ese ejecutivo.

Otra de las particularidades de la investigación de la FNE es que la denuncia se produjo en medio de una fuerte alza de los precios de la centolla, debido a las restricciones sanitarias. Ello, considerando que más del 90% de la producción es enviada a China.

La temporada de captura de centolla se extiende por cinco meses y la forma de operación es bastante particular, ya que a la dificultades propias del frío en el extremo sur de Chile se suma la logística que involucra más de dos barcos operando de manera simultánea. Esto porque el crustáceo se pesca con trampas y, a continuación, le sigue una lancha de transporte que les va comprando a los pescadores. Por lo mismo, si pasa una lancha de transporte y cobra $ 5.000 por kilo por el transporte, la lancha cobra también un monto con su comisión incluida. Por lo mismo, fuentes ligadas a las empresas que están siendo investigadas por la Fiscalía Nacional Económica niegan que exista una coordinación en la compra a los pescadores, ya que es “imposible negociar” los precios.

Frente al allanamiento de las empresas de la merluza, el abogado de Pesquera Quintero, José Joaquín Ugarte, socio del estudio Ugarte & Correa, presentó una reclamación ante el juez Juan Cristóbal Mera, acusando a la FNE y a la Policía de Investigaciones de un incumplimiento grave a sus obligaciones de custodia y preservación de las evidencias incautadas.

“Esas infracciones de la autoridad, por una parte, determinaron que la FNE y la PDI haya perdido el teléfono celular del gerente general de Pesquera Quintero, que había sido incautado en dicha diligencia. Y, por otro lado, viciaron completamente la diligencia en cuestión, puesto que la autoridad violó la cadena de custodia de las especies incautadas”, acusó la pesquera, propiedad de la familia Morozin-Bajcic.

“Así, por lo mismo, si el teléfono celular en cuestión reapareciera, no podría ser utilizado por la FNE como evidencia, puesto que ya no se puede garantizar a esta parte que no se produjeron alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones en su contenido”, añadió en su presentación.

El caso escaló a la Corte de Apelaciones de Santiago la semana pasada y próximamente se espera que el tribunal de alzada escuche los alegatos de las partes: Pesquera Quintero versus Fiscalía Nacional Económica.

Otro de los problemas que acusó Pesquera Quintero es que, en el allanamiento del 22 de enero de 2020, la FNE incautó, tanto en formato físico como digital, el documento titulado Informe antecedentes de Pesquera Quintero por denuncia por caso de colusión sobre licitación merluza común, elaborado el 7 de marzo de 2019 por Andrés Quintanilla, gerente de producción de la pesquera.

Según la empresa, el informe corresponde a un reporte preparado por Pesquera Quintero para su asesor jurídico, el abogado Mario Cortés, en el marco de la relación cliente-abogado. La confidencialidad del informe resulta clave para la empresa, ya que el estudio es elaborado a raíz de “una denuncia contra Pesquera Quintero por su supuesta participación en una supuesta colusión”.

“El ilícito que la jurisprudencia ha calificado como uno de especial gravedad; y que, como tal, incluso no siendo ciertos los hechos denunciados, tiene la aptitud para afectar decididamente hasta a la más respetada empresa, razón por la cual todos los antecedentes y comunicaciones asociadas deben ser tratados confidencialmente”, insistió la compañía.

Ante la arremetida de la pesquera, el 2 de marzo de 2022, el jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, solicitó que la petición de la empresa fuese desestimada, ya que a su parecer el reclamo a una supuesta “interceptación” resulta improcedente. “La prohibición de incautar ciertas especies no es absoluta; su aplicación dependerá de en poder de quién se encuentre la especie sometida a incautación”, sostuvo. Y agregó: “Los documentos incautados no corresponden, bajo ningún respecto, a comunicaciones entre un abogado y su cliente”.

El juez Mera, sin embargo, dio la razón a la pesquera y ordenó a la FNE no “emplear esos documentos y sus anexos como medio de prueba en procedimientos que eventualmente pueda seguir ante los tribunales de justicia”. Frente a ese dictamen, la FNE recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago.

La FNE declinó efectuar comentarios sobre el contenido de este artículo.