La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de tres terminales portuarios de Valparaíso y San Antonio: Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio (DPW).

La entidad acusó que los terminales realizan cobros injustificados a importadores y exportadores de una tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga, lo que corresponde a un abuso de posición dominante. Esta práctica fue puesta en marcha en septiembre del 2019 por TPS, y en los siguientes años STI Y DPW la implementaron también (2020 y 2021 respectivamente).

Los cobros fueron calificados como injustificados por la FNE, argumentando que, a diferencia de las navieras, los importadores y exportadores no mantienen vínculos comerciales con los terminales portuarios y los cobros no se encuentran respaldados en gastos o inversiones extraordinarias.

La FNE afirmó que a través de esto, las empresas han logrado “extraer rentas de un modo injustificado, más allá de las que hubiesen obtenido bajo condiciones de competencia, debido al carácter cautivo que tienen los importadores y exportadores respecto del terminal portuario que las empresas navieras eligen para la recalada de sus naves”, sostuvo la entidad a través de un comunicado.

Según manifestó la FNE, casi la totalidad de los importadores y exportadores que transportan carga por la Región de Valparaíso se vieron afectados por este cobro, puesto que las tres compañías tienen una participación cercana al 100% en conjunto en la carga de contenedores.

Por estos hechos la fiscalía solicitó al TDLC que ordene el cese de este cobro injustificado y que aplique sanciones que suman 26.897 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 21,7 millones en total. Más en detalle, se pidió una multa de 10.812 UTA (US$ 8,7 millones) para TPS; 11.047 UTA (US$ 8,9 millones) a STI; y 5.038 UTA ($4 millones) a DPW.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, enfatizó en que “estamos frente a un claro ejemplo de abusos de posición dominante, en el cual los terminales portuarios requeridos están ejerciendo de manera abusiva la posición de dominio que tienen ante los importadores y exportadores, cobrándoles injustificadamente una tarifa básica por concepto de seguridad en la transferencia de carga de las mercancías que se movilizan a través de los terminales que operan”, dijo.

“Para la FNE es fundamental que los abusos de posición dominante sean sancionados y este caso es de la máxima gravedad, porque los abusos han sido cometidos por concesionarios de una infraestructura de capital importancia para nuestra economía y porque los cobros injustificados no son tolerables en ningún mercado”, agregó.

STI, particularmente, emitió una declaración pública en la que aseguró que “cumple con la legislación que le es aplicable y respeta las normas de libre competencia, claves para el adecuado desarrollo del comercio exterior. De este modo, el security fee no ha excedido la tarifa máxima dentro de lo establecido en su contrato de concesión”.

De esta forma, sostienen en el requerimiento presentado por la FNE supone un “cambio de opinión”, puesto que la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) validó la tarifa para STI, luego de haber estudiado el caso de TPS, descartando inconvenientes.

Finalmente, expresaron que “esta nueva posición afecta a todo el sistema portuario y su funcionamiento, y desincentiva las necesarias inversiones en materia de seguridad que requiere el comercio exterior, que por lo demás son exigidas por otros entes del Estado”.