Fue la semana pasada cuando el gobierno anunció que enviaría al Congreso un proyecto que reemplaza el Pilar Solidario que hoy existe en el país para el 60% de menores ingresos en materia de pensiones, por una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $ 185 mil para el 80% de la población más vulnerable, y donde también se extenderá parte de ese monto para quienes estén entre el 80% y el 90%.

Sin embargo, la iniciativa aún no ingresa al Congreso. Esto, debido a que falta que esté listo el informe del Consejo Consultivo Previsional, lo que podría quedar zanjado entre lunes y martes de la próxima semana, según señalan fuentes conocedoras.

En el intertanto, este viernes por la tarde el Ejecutivo salió a entregar más detalles de la iniciativa y anunció algunos cambios. Lo anterior, luego de algunas críticas que surgieron de la oposición, entre ellos del diputado Gabriel Silber (DC) y de la senadora Isabel Allende (PS), debido a que el proyecto se anunció el 8 de diciembre y aún no ingresa al Parlamento.

En un principio se había dicho que los beneficiarios de esta PGU accederían de forma gradual y paulatinamente. Sin embargo, el gobierno ahora informó que decidió acelerar la entrega del beneficio, para que los actuales beneficiarios y quienes cumplan los requisitos para acceder al Pilar Solidario lo reciban a contar del tercer mes de publicada la ley, mientras que los nuevos solicitantes podrán acceder a contar del séptimo mes.

En régimen, la PGU implica un mayor gasto fiscal aproximado del 1% del PIB. “Esperamos que este proyecto sea aprobado prontamente. Queremos garantizarles a nuestros adultos mayores una vejez con mayor tranquilidad”, aseguró el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, agregó: “Apenas tengamos el informe del Consejo Consultivo Previsional ingresará con discusión inmediata. Creemos que puede y debe ser tramitado con prontitud y hemos visto ese ánimo tanto en el oficialismo como en la oposición”. En tanto, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, dijo que “es tiempo de dejar las diferencias políticas a un lado y generar los consensos necesarios para establecer ciertos mínimos comunes que permitan garantizar una vejez digna”.

El proyecto establece un beneficio que asciende a $ 185 mil, independientemente de si la persona está pensionada o no. Los requisitos son haber cumplido 65 años de edad, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población y acreditar residencia por un lapso no inferior a 20 años, continuos o discontinuos.

Para aquellas personas que cumplan estos requisitos, pero que tengan una pensión base autofinanciada superior a $ 630 mil pesos y de hasta $ 1 millón, el monto de la PGU disminuirá gradualmente. La progresión de reducción del beneficio estará determinada por la pendiente que resulta de la diferencia entre la pensión superior y la pensión base, respecto de la diferencia entre la pensión superior y la pensión inferior.

Esto significa que se requerirá contar con una pensión base, según el mecanismo de cálculo definido por el proyecto de ley, menor a $ 1 millón, la que será denominada “pensión superior”. Los que recibirán de forma íntegra los $ 185 mil son quienes tienen una pensión base inferior a $ 630 mil y que cumplan los requisitos.

Así, el gobierno detalló que los montos aproximados de la PGU serán los siguientes:

1-. Un pensionado con pensión base autofinanciada de entre $ 0 y $ 630 mil, recibirá $ 185 mil.

2-. Un pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $ 700 mil, recibirá cerca de $ 150 mil.

3-. Un pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $ 800 mil, obtendrá unos $ 100 mil.

4-. Un pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $ 900 mil, obtendrá unos $ 50 mil.

Para definir en qué segmento de la población se encuentra cada persona, se medirá según el grupo familiar, lo que contemplará, como base, al cónyuge o conviviente civil; e hijas o hijos menores de 18 años, o entre los 18 y 24 años en caso de que se encuentren realizando cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior.

A su vez, será posible incorporar al grupo, en caso de compartir el presupuesto familiar, a madre o padre de los hijos (distintos al cónyuge o conviviente civil), hijos inválidos entre los 18 y 65 años de edad (a menos que sean cubiertos por el Sistema Solidario), o padres mayores de 65 años (a menos que sean cubiertos por el Sistema Solidario). Complementariamente, el posible beneficiario podrá solicitar retirar del grupo familiar a cualquiera de los nombrados en caso de no compartir presupuesto familiar.

Además, se exigirá acreditar residencia en el territorio nacional. Para ello, el postulante deberá contar con residencia en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años desde la solicitud a la PGU, junto con 20 años continuos o discontinuos desde que el postulante cumplió los 20 años de edad.

Los beneficiarios de la PGU tendrán también derecho a cuota mortuoria, la cual debe ser solicitada al IPS, por montos de hasta 15 UF, y no serán causantes de asignaciones familiares.

El monto de la PGU se actualizará el 1 de febrero de cada año y comprenderá el 100% de la variación del IPC. El ajuste se realizará anticipadamente en caso de que el IPC supere el 10%.

El gobierno detalló que la PGU se extingue bajo las siguientes condiciones: fallecimiento, encontrarse fuera de Chile por más de 90 días (continuos o discontinuos) en un año calendario, falsedad o error en los antecedentes entregados para el cumplimiento de los requisitos, o en caso de que se dejen de cumplir los requisitos generales. Si el postulante decide solicitar nuevamente el beneficio, debe acreditar al menos 270 días corridos en el país durante el año inmediatamente anterior al de la solicitud.

Por otro lado, la PGU se suspende si el beneficiario no la cobra por seis meses consecutivos. Además, si tal persona no postula a la reposición del servicio hasta seis meses tras la suspensión, la PGU se extingue.