Gobierno adelantará para septiembre la entrega del subsidio eléctrico, en medio de dudas para financiar su expansión
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El ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que el Ejecutivo dará a conocer los resultados de las postulaciones a fines de agosto, para que el pago del beneficio se refleje en la facturación de septiembre.
El gobierno adelantará para septiembre el pago del subsidio eléctrico. Así lo informó este miércoles el ministro de Energía, Diego Pardow, tras participar en la comisión de Minería y Energía del Senado. Allí entregaron detalles del avance que registra la mesa técnica que busca fórmulas para ampliar el subsidio eléctrico.
Pardow explicitó que, tras la solicitud realizada por parlamentarios, se adelantará el plazo tanto para la entrega de resultados como para el pago del subsidio eléctrico para los cerca de 1,6 millones de hogares en todo el país.
“Después de haber optimizado distintos procesos administrativos, nuestro objetivo es entregar los resultados de las postulaciones hacia finales del mes de agosto, de manera tal que el pago de los subsidios se refleje en la facturación del mes de septiembre”, afirmó el secretario de Estado.
La medida fue celebrada por el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la instancia, pero enfatizó en la urgencia de aumentar la cobertura del beneficio.
“Es una buena noticia para ese millón y medio de jefes de hogar que postularon y que van a tener en septiembre el adelanto ya de un subsidio aprobado. Sin embargo, también hay que mirar aquí que dos tercios de todos los beneficiarios no pudieron postular, y hemos planteado con fuerza que el gobierno no puede dejar fuera recién hasta el próximo año a la gente que va a tener los efectos, ahora ya en agosto, de las cuentas de luz recargadas por la generación eléctrica”, señaló Castro.
Dudas parlamentarias
El trabajo de la mesa técnica vive jornadas claves para aumentar el subsidio eléctrico. Este miércoles, el Ministerio de Energía comenzó a socializar con los asesores parlamentarios un borrador con el principio de acuerdo para el proyecto de ley, para ser presentado el 15 de agosto, buscando ampliar a 4,7 millones de hogares la cobertura del beneficio.
Sin embargo, las dudas de los parlamentarios en torno al monto del IVA que se usará para aumentar los pagos, proveniente de la mayor recaudación del gravamen producto de las mismas alzas en las cuentas de la luz, siguen entrampando las conversaciones.
Las estimaciones del Ejecutivo apuntan a que la mayor recaudación neta del IVA rondaría entre $65 y 95 mil millones de pesos, o hasta hasta 2027.
La cobertura de dicho pilar al mayor financiamiento, estimado en cerca de US$350 millones, es vista como la clave para destrabar la conversación respecto al resto de los pilares, que consideran el aumento del impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), y una mayor recaudación con cargo a los retiros de energía.
Este último pilar, propuesta que detalló Pardow, busca crear un cargo transitorio para los años 2024, 2025 y 2026 “que se aplique a todos los retiros de energía del Sistema Eléctrico Nacional”. Este será descontado del pago por compensación del precio estabilizado, un tipo de remuneración específica que perciben los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Un cargo que pagan a prorrata todas las empresas de generación eléctrica.
Este último pilar finalmente reemplazó el mayor cobro del Cargo por Servicio Público (CPS) contemplado inicialmente en el diseño del Ejecutivo.
Pero la idea es rebatida por actores del sector. La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol) y la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM) enviaron una carta a la comisión de Minería y Energía del Senado, expresando su “profunda preocupación y oposición a la reciente propuesta del Ministerio de Energía”, acusando que se " altera significativamente el esquema de remuneración” del sector.
La misiva además enfatiza en que la “intervención artificial en los precios de los contratos de suministro eléctrico (...) ha generado incertidumbre y desconfianza entre quienes financian el desarrollo de proyectos energéticos en Chile”, y advierten que la nueva propuesta “agravará la percepción de riesgo regulatorio, alejando o encareciendo futuras inversiones y financiamiento en el sector energético, con el consecuente aumento del precio de la energía”.
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