Gobierno busca mejorar sistema de compras públicas incluyendo a órganos autónomos

Una batería de medidas dio a conocer el Ministerio de Hacienda para perfeccionar el funcionamiento del sistema de compras públicas, un día después de que se publicara un duro estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

En ese informe se señalaba que el sistema realizaba las reformas correspondientes el Estado podría ahorrar entre US$290 millones y US$850 millones al año.

La respuesta no se hizo esperar, y este jueves en una mediática pauta el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, acompañado del subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, y la directora de la Dirección de Compras y Contratación (ChileCompra), Tania Perich, realizaron los anuncios. “Valoramos el informe de la FNE y suscribimos plenamente sus recomendaciones. De hecho, hemos estado trabajando con ellos en este período en que hemos estado diseñando el proyecto de mejora a la Ley de Compras”, dijo el secretario de Estado.

En términos generales, la iniciativa que se espera ingrese al Congreso en septiembre obligará a organismos autónomos que hoy no están incluidos en este sistema, a contar con sus propias plataformas transaccionales o a usar la de ChileCompra voluntariamente.

Cabe recordar que esta mejora formó parte del Protocolo de la Ley Presupuesto 2020 suscrito con los parlamentarios, para incluir también en el Mercado Público la contratación de obra de los ministerios de Vivienda y de Obras Públicas. Asimismo se obligará a los proveedores a informar quienes son sus beneficiarios finales para evitar potenciales conflictos de interés.

Desde la Fundación Observatorio Fiscal que junto a otras similares ha impulsado mejoras en el sistema de compras públicas, valoraron algunas medidas como la inclusión de los contratos del MOP, y criticaron otras por el escaso avance que evidencian.

Lo primero señala su directora ejecutiva, Jeannette von Wolfersdorff, es la ausencia de una estandarización obligada en la entrega e incorporación de los datos. “No queda claro que pasa con los datos y la transparencia porque hoy el sistema tiene serios problemas de registrar bien lo que se compra, las unidades no están definidas lo que impide hacer comparaciones de precios, e ingresar las órdenes de compra no es obligatorio. Faltan sanciones por ingresar mal los datos, porque puede haber errores pero también manipulación de datos para impedir un monitoreo”, precisó.

Comentó que habrá que mirar con lupa los cambios propuestos, porque al no presentar una buena calidad en los datos, abre la puerta a la discrecionalidad.

Otro punto que cuestionó fue el avance tímido en cuanto a que proveedores den la información de beneficiarios finales. Comentó que Chile está muy lejos del estándar fijado por la OCDE. “No puede ser que vayamos regulando a lo rápido, cuando lo que necesitamos es un registro nacional de beneficiarios finales. Desde la sociedad civil quiero invitar al gobierno a mostrar un compromiso más claro contra la corrupción y el lavado de dinero, necesitamos un registro de los dueños finales de todas las empresas de Chile y no que sean los proveedores quienes informen”, recalcó.

Por su parte, el senador Carlos Montes (PS) valoró los anuncios del gobierno: “Es bueno que después de 17 años se abra una nueva etapa incorporando nuevas instituciones que no estaban operando en el sistema. Probablemente se refiere a los municipios, al Banco Central, Contraloría, Poder Judicial, al Ministerio Público y también al Senado, es importante que se hagan las compras públicas con un sistema estandarizado”.