Un respaldo prácticamente unánime se vio este miércoles por parte de los distintos gremios del sector eléctrico al proyecto del Ejecutivo que permitirá habilitar el descongelamiento de la tarifa eléctrica, estableciendo cargos fijos en las cuentas de la luz de $22 por cada KWh entre 2024 y 2027, y de $9 por cada kWh entre 2028 y 2035, para permitir el pago de las deudas que se originaron con las empresas generadoras desde el año 2019, primer período en que se mantuvieron estables los precios.

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Convocados ante la comisión de Minería y Energía del Senado, tanto las empresas de generación como de transmisión y distribución mostraron su apoyo a la iniciativa.

Camilo Charme, gerente general de Generadoras de Chile, calificó el proyecto como “razonable”, y recordó que las compañías “han visto mermados sus ingresos de una manera esencial, y eso está afectando tanto la sustentabilidad financiera pero también la posibilidad de tomar decisiones oportunas, y la inversión en la transición energética”.

Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, afirmó que como gremio de distribuidoras “naturalmente, nosotros como cara visible de la industria de cara a la ciudadanía, es un tema que esperamos que pueda resolverse prontamente”, y calificó como “positivo” que se avance en un proceso de normalización tarifaria que incluya el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente de las cuentas eléctricas que remunera a las firmas del segmento.

Eso sí, reconoció que “más allá de las diferencias que podamos tener respecto del tratamiento diferenciado que existe entre la distribuidoras y las cooperativas, que podría ser un tema, creemos que esto hay que mirarlo con altura de miras, y desde ese punto de vista, dejar de lado diferencias que pueden ser menores ahora”. Ello, aludiendo a que el proyecto permite descongelar las tarifas de las cooperativas de generación eléctrica en forma inmediata a la publicación del próximo decreto tarifario.

Lo anterior fue uno de los pocos puntos en que hubo reparos a la propuesta del Ejecutivo. Allí, Patricio Molina, gerente general de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel), solicitó expresamente que la medida para su sector pueda prescindir del trámite de toma de razón por parte de Contraloría, y que entre en vigor junto con la publicación de la ley.

“Es necesario insistir en que el decreto de precios de nudo tiene que ser trámite exento de toma de razón, porque si no el plazo señalado en la ley de 45 días no se va a cumplir, y si vamos a Contraloría para su toma de razón, va a demorar entre 6 y 9 meses, y desde ya seis meses atrás que hemos señalado que las cooperativas teníamos el fantasma de la insolvencia, y eso está cada vez aún más cerca”, dijo Molina.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Ana Lía Rojas, destacó que el proyecto de estabilización “facilitará el pago de esta significativa deuda, que es un compromiso legítimo y una realidad ineludible”, recordando que el monto acumulado con las generadoras ya asciende a US$6.000 millones. Rojas se sumó al llamado de las Cooperativas, solicitando que la ejecución del proyecto, en cuanto a la dictación de reglamentos, resoluciones y decretos, pueda quedar “exento de toma de razón o algún tratamiento equivalente, como se ha realizado con la publicación de los Decretos de Racionamiento cuando se ha requerido por urgencias propias del sector”.

Por su parte, Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras, apuntó a una “omisión” de la iniciativa a la hora de sincerar los precios, aludiendo a que los decretos que fijan los precios de transmisión ya están atrasados, por lo que solicitó que se prorrogue el actualmente vigente. Ello, dijo, puede ser agregado mediante un artículo transitorio al proyecto, lo que deberá ser acordado por el Ejecutivo y los senadores, quienes pueden aprobar dicha fórmula en caso que cuente con la unanimidad

“Esto no produce ningún impacto al alza en las tarifas, y no produce problemas para la tramitación de este proyecto”, afirmó Tapia.

En la discusión de la comisión, también se abordó una propuesta que ha sido levantada por un grupo transversal de diputados, que solicita el Ejecutivo renegociar los contratos de licitación de suministro eléctrico para hacer frente al alza estimada en las cuentas de la luz.

Al respecto, Camilo Charme fue tajante: “Derechamente no es una buena idea”, dijo. Explicó que los contratos de largo plazo son licitados nacional e internacionalmente, buscando el precio más competitivo en el momento mismo de la licitación, pero cuya aplicación se va reflejando en las cuentas eléctricas de manera diferenciada.

“Esos contratos se van sumando unos a otros y van haciendo un pool de contratos que es lo que nos llega a nosotros como clientes regulados a nuestras casas”, sumó, señalando que además este mecanismo protege a los clientes en Chile de los shocks externos, como la guerra de Rusia-Ucrania.

“Por la alta competitividad, protección de los clientes a los shock de commodities y precios, y la reputación de nuestra institucionalidad, no consideramos que eso sea una buena idea para nada”, remarcó.

Molina, de Fenacopel, sumó que los contratos más onerosos ya están empezando a salir del sistema. “Los contratos caros empiezan a vencer el 2024 y el 2025, por lo tanto estamos hablando de algo que está muriendo”, dijo, y sumó además que las cláusulas para gatillar la revisión de los contratos debe contar con el acuerdo de las partes. “Cuando hablamos de procesos de renegociación, no son cortos. Cuando hoy día tenemos que tener una solución en el más breve plazo”, inistió.

Juan Ignacio Gómez, coordinador de Congreso del Instituto Libertad y Desarrollo, también presente en la comisión, se sumó a los reparos. “Es una mala idea, porque eso va a implicar extender contratos fósiles que van a seguir atándonos a variaciones en los precios de los combustibles fósiles, y el mundo hoy día es bastante más volátil que hace 10 años atrás”, señaló.