Hacia una infraestructura sostenible

Las ciudades ocupan menos del 2% del planeta, y en Chile menos del 0,4% del territorio, pero el impacto de la urbanización en la sostenibilidad local y global es enorme. Aunque las ciudades son responsables de cerca del 70% de la generación de CO2, debido a malos patrones de movilidad, consumo energético o construcción, también las ciudades son el espacio físico y social que más facilita la implementación de soluciones de alto impacto para cambiar patrones negativos de desarrollo, reduciendo el impacto de los efectos del cambio climático.

Si bien es cierto que nuestras políticas urbanas y de infraestructura no reconocen explícitamente la necesidad de resolver las demandas del cambio climático, Chile ha firmado en los últimos años acuerdos internacionales que ratifican estas obligaciones. Tanto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como la Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat III, octubre 2016) reconocen la obligación de proteger a las personas y su calidad de vida mediante estándares de infraestructuras ambientalmente sostenibles, que mejoren y recuperen ecosistemas, reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero mediante cambios en las formas de transporte urbano, localización y diseño de edificaciones, y obras de infraestructuras, que hagan más resilientes a nuestras ciudades y mitiguen la generación de riesgos de desastres sobre la población.

Para diseñar infraestructuras y edificaciones capaces de responder a nuevos estándares de sostenibilidad, es fundamental cambiar el foco de cómo construimos nuestras ciudades y territorios, cambiando las lógicas de diseño de proyectos de infraestructura y urbanización basados en objetivos sectoriales fragmentados. Ejemplos de ello abundan, desde el diseño de obras para contener inundaciones que no se integran con la protección de cuencas o con proyectos de áreas verdes y paisaje, o la promoción de obras viales para satisfacer las demandas del crecimiento del parque automotriz, facilitando modos de transporte no sostenibles, sin integrar medias de transporte público y movilidad no motorizada.

Por todo lo anterior, debemos avanzar hacia una mirada que ponga el énfasis en la gestión integrada de las infraestructuras y ciudades con las comunidades que las habitan. Hoy eso es posible, pues a diferencia de 20 años atrás, cuando nuestras ciudades estaban sometidas a profundos déficits y precariedades, hoy las políticas de infraestructura, vivienda y equipamiento público están en condición de superar las respuestas masivas, estandarizadas y sectoriales, las que ya no dan solución a demandas complejas de sustentabilidad, equidad territorial y social, participación ciudadana y desarrollo inclusivo.

Es evidente que aún hay mucho que mejorar, pues nuestras formas de planificación, evaluación y financiamiento público de infraestructuras y desarrollo urbano siguen siendo limitadas. Es por ello, que para profundizar este cambio de enfoque se requieren de cuatro condiciones. Primero, la construcción de acuerdos permanentes sobre las metas y prioridades de largo plazo sobre el desarrollo sostenible de cada ciudad y territorio. Segundo, un incremento del gasto público y privado en el diseño de obras de calidad y multipropósito. Tercero, una planificación urbana integrada y vinculante con acciones y proyectos sobre el territorio, y finalmente (cuarto), la existencia de gobiernos de ciudad y mecanismos de control ciudadano de las acciones y obras comprometidas, lo que reforzará la legitimidad social y facilitará los procesos de aprobación e implementación de las grandes obras de infraestructura que Chile requiere para responder a los desafíos del futuro.